Megajuicio: “Todos sabían que las empresas eran de Aguilera”, sostuvo la fiscal Yedro
Comenzaron los alegatos de Fiscalía en el megajuicio por corrupción. La fiscal Patricia Yedro hizo una breve introducción en la que habló por ella y por sus compañeros, antes de entrar a los detalles de cada causa.
“Vamos a sostener las imputaciones. Tantas descalificaciones
que recibimos, menciones de tinte personal y agresivo, algo que nunca
presenciamos, aquella falta de objetividad que tanto se achacó a la Fiscalía,
todos esos son argumentos que enarbolaron quienes no tenían otro recurso al que
acudir para objetar las imputaciones”, dijo pasadas las 9.40 de este lunes.
“Nos tildaron de arbitrarios, irresponsables, inhumanos. Sin embargo siempre
estuvimos comprometidos y desarrollamos nuestra labor con objetividad,
comprometidos con descubrimiento de la verdad”, agregó.
Cuestionó las alegaciones y “valoraciones fuera de tiempo y
lugar”. Dijo que es “llamativo de colegas con muchos años” de experiencia.
“Hicieron imputaciones falsas y usaron toda clase de estrategia para cuestionar
a la Fiscalía, hablando de una especie de causa armada. Estamos muy lejos de
eso y hablo en nombre de mis compañeros y mío”, subrayó.
Sostuvo que las investigaciones tuvieron un “transitar
lento” que llevó 6 años y estuvo “plagado de cuestionamientos y planteos, desde
el primer día que inició la investigación con la denuncia”. Posteriormente los
“hechos fueron comprobados y lo demostramos, y este es el momento en el que
podemos hacer valoraciones”, cerró la introducción.
“Todos en esta ciudad sabían que las empresas son de
Aguilera”
Los alegatos de Fiscalía comenzaron con la investigación
conocida como “causa de las imprentas”, aquella vinculada a la titularidad de
las empresas Tep y Next -las mismas que concentraron casi la totalidad de la
publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 en Entre Ríos-.
Yedro también alegará sobre la causa que se llevó en la
justicia de Transición, que concluyó con las imputaciones del exgobernador
Sergio Urribarri; del exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez; y del
comerciante Germán Buffa por la contratación de espacios publicitarios en dos
diarios, en 2011.
En cuanto a la causa 31253, es decir aquella que “nos llevó
a definir que Juan Pablo Aguilera es el dueño de las empresas -señaló la
fiscal-, hay evidencia abrumadora y contundente”. “Aguilera es el dueño y se
mantuvo en las sombras, oculto, actuando a través de testaferros”. “Acreditamos
que las empresas Tep y Next, creadas en 2009, la primera con una participación
del 90 por ciento de Emiliano Giacopuzzi y 10 por ciento de Luciana Almada y un
capital social de 120 mil pesos en 10 cuotas iguales; la segunda empresa creada
exactamente igual a la primera, con una participación de Maximiliano Sena del
90 por ciento, y de Alejandro Almada de 10 por ciento”. Añadió que las dos
empresas “nacieron para absorber la totalidad de las contrataciones de
publicidad, crecieron y se desarrollaron ensambladas, y están vinculadas hasta
en el objeto social. El nacimiento de las dos empresas es contemporáneo a la
aparición de Aguilera como funcionario público, que pasó a ser planta
permanente del Senado en 2009”, trazó y mencionó testimonios producidos en el
debate que encuadran con esa hipótesis acusatoria. Rescató tramos de los
descargos de imputados de Sena y Giacopuzzi, del testimonio del exlegislador
Hugo Berthet y aseguró que Tep y Next tuvieron un precedente que se llamó
5Tipos, empresa compuesta por Aguilera, Giacopuzzi, Sena, Luciana y Alejandro
Almada.
“Aguilera era el dueño de las empresas y en Paraná era un
secreto a voces”, reiteró. “No estamos hablando de cualquier sociedad”, apuntó,
y puso en pantalla un documento elaborado por el abogado Lisandro Minigutti -no
fue a declarar como testigo en el juicio porque se amparó en el secreto
profesional- donde aparece Aguilera como único dueño de las empresas. “Este
documento elaborado por el Dr Minigutti, que estaba guardado en una carpeta de
la contadora Corina Cargnel, fue creado en 2016. Otro documento de las mismas
características, prevé el pago de una multa a favor de Aguilera en caso de
demora en la transferencia de acciones sociales. Estos dos documentos fueron
hallados en el disco externo donde también se encontró mucha documentación de
Cargnel, cosas personales, documentación con otros clientes y vinculada a su
actividad como docente”, alegó Yedro.
Después recordó el ataque de los defensores al secuestro del
disco extraíble. “El día que Giacopuzzi hizo su descargo mostró fotos, esas
mismas fotos que mostró acá, que trajo él estaban en el disco externo que tanto
cuestionaron. Esa hipótesis de la defensa es absurda, salvo que digan que la
documentación se estaba creando varios años antes de la denuncia, para hacer una
denuncia tantos años después”, ironizó.
“Hubiera sido interesante preguntarle a Minigutti por estos
documentos, si los proyectos de documentos también se elaboraron para el
encuentro con el couch en Oro Verde, ese encuentro en el cual colocaron a
Aguilera como gerente general de las empresas. Sin embargo, Minigutti se amparó
en secreto profesional y no vino a declarar”, dijo.
Yedro retomó además el testimonio del empresario Carlos
Vitagliano; de los empleados estatales Raúl Tati Galarza y Florencia Della
Ghelfa; y del empleado del Partido Justicialista Gustavo Pereyra. Habló de los
vínculos que cada uno de esos testigos mantuvo, en distintos momentos, con la
contadora Corina Cargniel, a quien volvió a definir como “mano derecha” de
Aguilera.
Recordó que se mostraron correos electrónicos a lo largo de
la audiencia donde se hablaba de la intención de Aguilera de quedarse con el 50
por ciento de Visual Ilusión, la empresa de Vitagliano que, a otro nivel
cumple, el mismo rol que Tep y Next con el PJ Entre Ríos.
“Carlos Vitagliano testigo particular que llegó enojado no
respondió a interrogatorio de fiscalía, habló de lo que quiso, cuando le
mostraron los numerosos correos que mantuvo con Cargnel, que decían que
Aguilera quería comprar el 50 por ciento del paquete accionario de Visual
Ilusión, reclamaba aportes de dinero, la presencia de Aguilera, gestiones para
destrabar ingreso de mercadería. En el medio la contadora Cargnel interviniendo
en representación de Aguilera. Después Cargnel negó ese rol, se burló, ironizó
sobre sus vínculos con el funcionariado, pretendió decir que no sabía lo que le
imputaban. Pero Cargnel era la mano derecha de Aguilera, sabía todos sus
negocios, que muchos no eran lícitos”, alegó.
Más adelante la fiscal aseguró que no necesitan más que los
propios registros que elaboraba Cargnel para sustentar la acusación en su
contra. “Ella misma llevaba con minucioso detalle y precisión todo, eso es un
patrón que se repite y conocemos quienes investigamos la corrupción. Cargnel entablaba
vínculos con funcionarios en nombre de Aguilera y en nombre personal por
cuestiones domésticas. Actuaba como contadora de las empresas en nombre de
Aguilera, ni en representación de Sena, ni Giacopuzzi ni los hermanos Almada”,
subrayó.
Dedicó otro tramo de su extenso alegato -lleva más de 4
horas y aún no concluyó- a los roles de Sena y Giacopuzzi. Contrastó la
hipótesis acusatoria con cada una de las declaraciones de imputados. En el caso
puntual de los socios mayoriatarios de Tep y Next, dijo: “Es posible que hayan
tenido un proyecto personal cuando estudiaban en la facultad. Pero cuando
apareció Aguilera en la escena transformaron al proyecto inicial de dos en un
proyecto de cinco. A la Fiscalía no le caben dudas que la intervención de dos
familiares en el negocio es lo que aseguró a Aguilera mantener el control de
las dos empresas. Toda la prueba que producimos demuestra que ninguno de los
cuatro que aparecen como dueños de las empresas actuaba como tal, ninguno se
comportaba como gerente. Les molestó tanto la palabra testaferro, pero Sena y
Giacopuzzi estaban registrados en las listas de empleados. No hay duda que
cumplían un rol relevante, pero ninguno actuaba como dueño, tomando decisiones
sobre el giro comercial. Cobraban como empleados jerarquizados, cobraban lo
mismo que Cargnel y Raúl Galarza. El descargo que hicieron Giacopuzzi y Sena
carece de sustento y se cae ante la prueba”, señaló.
Testimonios “reticentes y evasivos”
Yedro dedicó un tramo de su exposición final en la “causa
imprentas” a los testigos que declararon en la audiencia que comenzó el 27 de
septiembre pasado y tuvieron una actitud “reticente y evasiva” con la Fiscalía.
Se refirió en ese aspecto a Raúl Galarza. “No figura en ningún papel dentro de
las empresas pero cobraba como Cargnel. Cuando se le preguntó por su rol, dijo
que lo llamaban cariñosamente como Gerente General. Podemos demostrar cómo
Aguilera usó personas de su entorno para avanzar en los negocios”, introdujo y
mencionó a Florencia Della Ghelfa.
“Joven, inexperta, quizás por su corta edad y falta de
experiencia aceptó trabajar para Aguilera. Estaba ocupada de armar todos los
expedientes de Montañana, Bustamante y Aguilera. Estaba tan comprometida con el
trabajo que le asignó a aguilera que armaba los expedientes, cambiaba fotos,
avisaba cuando se veían retocadas, iba a buscar hojas membretadas. No podía ser
empleada de las empresas porque era empleada del Estado que contrataba a las
empresas. Pero cobraba por eso. Que Aguilera era el dueño, era conocido por todos,
sobre todo en el Ministerio de Cultura y Comunicación donde desde empleado más
raso al ministro lo sabían. Nosotros advertimos que los testigos iban a mentir
porque ellos sabían que Aguilera era el dueño y conocían la mecánica para
beneficiarlo”, apuntó.
Se refirió en términos similares a la declaración de Luciana
Almada. “Negar a esta altura que Aguilera es el dueño de las empresas, es
inútil. Ella quiso explicar unos mensajes en los que reclamaba a Aguilera por
su sociedad con Vitagliano, pero en los mensajes no menciona a Vitagliano sino
las otras empresas”, contestó.
Sumó el testimonio de la empleada del Ministerio de Cultura
y Comunicación Rina Deymonnaz, Mariela y Daniela Teruel en la lista de
“reticentes” y “evasivos”.
Contratos de la Legislatura y “dinero constante” de dinero
La fiscal dedicó otro tramo de su alegato a la documentación
secuestrada en la casa particular de Juan Pablo Aguilera, donde encontraron
facturación por contratos en la Legislatura de empleados de las empresas Tep y
Next.
“Empleados de las empresas de Aguilera como Alegre y Ramírez
eran titulares de contratos cuyas facturas encontraron en la casa de Aguilera.
Acá ellos dijeron que consiguieron los contratos a través de Aguilera o
Alejandro Almada. Y también trabajaban en las empresas de Aguilera. Él tenía
contratos a nombre de empleados suyos en las empresas. Les pagaba a los
empleados con contratos de la Legislatura. Esto no solo se daba en el Senado,
sino también en el Ministerio de Cultura y Comunicación. Tep y Next crecieron y
se desarrollaron por un ingreso constante de dinero del Estado, no solo por las
contrataciones de publicidad sino por otro tipo de contrataciones”, alegó.
“Discrecionalidad” y “arbitrariedad”
Con esos calificativos alegó sobre las decisiones y responsabilidad
que cupo a exgobernador Urribarri y al exministro Báez. “Tanta arbitrariedad y
discrecionalidad tenían que llegaron a favorecer a Tep cuando todavía no estaba
en el registro de medios, una condición sine qua non para facturar órdenes de publicidad”,
acusó.
“Acá se dijo que el contador Enrique tuvo animosidad cuando
hizo la pericia contable porque Urribarri lo despidió, pero el propio Enrique
contó que participó de una gestión y renunció. Además hablaron de posible
afiliación política. ¿Por qué no lo recusaron? Lo dijeron algunos defensores
pero también lo dijo el exgobernador”, recordó Yedro.
Después se refirió al “rédito personal” que obtenía
Urribarri avalando el direccionamiento de publicidad. “Parte de ese dinero era aplicado a su promoción personal. Y el
ministro Báez respondía a Urribarri, y daba órdenes a sus empleados para que se
contactaran directamente con Giacopuzzi para los diseños gráficos. Giacopuzzi
no recibía beneficio por ser diseñador gráfico de Aguilera y el Ministerio”,
estructuró.
Análisis
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