Luz y gas: cuánto van a aumentar las tarifas que paga la clase media en 2022
El Gobierno adelantó que los aumentos estarán por debajo de la evolución de los salarios, entre 22% y 45%. Y un 10% de los usuarios dejará de recibir subsidios
El Gobierno ya dio las primeras pistas de cómo serán los
aumentos de las tarifas de gas y electricidad durante 2022 y 2023 según el
acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional, que demandaba una
reducción de los subsidios a la energía.
Según la información oficial, los aumentos de tarifas
estarán por debajo del coeficiente de variación salarial —el índice que mide la
evolución de los salarios registrados del sector público y privado—, pero al
mismo tiempo un 10% de los usuarios que tienen ingresos más altos dejará de
percibir subsidios.
Usuarios de mayor poder adquisitivo: dejarán de recibir
subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago
La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, anticipó que en
2022 y 2023 habrá aumentos diferenciados, según tres categorías de usuarios:
a) Usuarios de mayor poder adquisitivo: dejarán de recibir
subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago
(abarcaría al 10% de los usuarios).
b) Beneficiarios de la tarifa social: el incremento total en
su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del coeficiente de
variación salarial (CVS) del año anterior. La evolución del índice de 2021 fue
de 56,5%. Por lo tanto, el aumento rondaría el 22,6%.
c) El resto de los usuarios: el incremento total en la
factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS
correspondiente al año anterior. En este caso, rondaría el 45,2%.
En tanto para los usuarios no residenciales, que incluye
comercios e industrias, se dispuso el pago de la tarifa plena para los clientes
industriales, denominados GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor), que son
aquellos que demandan mayor potencia, y para el resto (pymes y comercios) se
procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la
audiencia pública.
“Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros
incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de
segmentación de usuarios b y c, si el Gobierno realiza una implementación
exitosa del esquema de segmentación propuesto. Para el año 2022, se incluirán
para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario”,
señaló la portavoz oficial.
Como a partir de marzo ya se comenzarán a aplicar
incrementos promedio del 20% en gas a nivel nacional y de 22% en electricidad
para el AMBA. Estas subas estarán contempladas dentro de los aumentos
autorizados, según explicaron fuentes oficiales.
Como a partir de marzo ya se comenzaron a aplicar
incrementos promedio del 20% en gas a nivel nacional y de 22% en electricidad
para el AMBA. Estas subas estarán ya contempladas dentro de los aumentos
autorizados, según explicaron fuentes oficiales
Con el aumento del 20% —autorizado luego de las audiencias
públicas— para el año resta aproximadamente un 25% más de subas, que
completaría el tope del 80% de la evolución de los salarios durante el año
pasado. Para el sector más vulnerable, en tanto, ya no habría nuevo aumento (el
tope del 40% del CVS es similar al aumento aumento ya otorgado).
Estos nuevos aumentos podrían comenzar a aplicarse durante
abril o mayo de este año, ya que el Gobierno convocó a las audiencias públicas
correspondientes para abril.
Sin embargo, aun quedan varias dudas. Los tres niveles de
segmentación aun no fueron definidos. Se hará “según los parámetros que determine
el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de su competencia”, indicó Cerruti.
Tanto los aumentos como la segmentación de tarifas generaron
una fuerte interna en el Gobierno entre Martín Guzmán y un grupo de
funcionarios más cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner,
entre ellos, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el
interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.
A principios de febrero, trascendió un proyecto impulsado
por ambos funcionarios con un esquema que contemplaba una quita de subsidios a
487.000 usuarios residenciales del AMBA, lo que equivale a un 10% del total. La
mayoría —más de tres cuartos— se encontraban en la ciudad de Buenos Aires en
los barrios de Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez,
una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y
Villa Devoto y una zona de Caballito. La segmentación en el Gran Buenos Aires,
en tanto, abarcaba 67.800 usuarios en la zona denominada “el bajo” en los
partidos de Vicente López y San Isidro y otros 48.000 usuarios de 466 countries
y barrios cerrados.
Sin embargo, desde el ministerio de Economía aseguraron que
se trataba solo de una propuesta y que también se estaba avanzando con otras
opciones, como tomar los ingresos de los usuarios como parámetro.
El impacto de la quita de subsidios
Según un informe de la consultora Equilibra, eliminar
totalmente los subsidios al suministro eléctrico implicaría incrementar los
ingresos por tarifas en 300%; multiplicar en promedio el valor de las tarifas
por cuatro.
En el caso del gas, en tanto, actualmente el Gobierno cubre
a través de subsidios un 70,9% del precio del gas (uno de los componentes del
precio final de la factura junto a los servicios de transporte y distribución).
Los usuarios pagan el 29,1% restante. Según un informe de la Secretaría de
Energía presentado en la última audiencia, quitar ese subsidio implicaría subas
de entre 92% y 94% en las facturas durante los meses más cálidos y de hasta
130% en los meses más fríos.
Aumentos por encima de lo anunciado
A finales del año pasado, el secretario de Energía Darío
Martínez había anticipado que durante 2022 las tarifas de gas y electricidad
subirían entre 17% y 20%. Los nuevos anuncios pusieron un nuevo tope: la
evolución de los salarios. El Gobierno se inspiró en la Ley 27.443, que fue aprobada
por el Congreso en 2018, durante la gestión anterior, pero que finalmente fue
vetada por Mauricio Macri. Esa ley limitaba los aumentos de las tarifas de los
servicios de energía eléctrica, gas natural y agua a la variación de los
salarios, de acuerdo al coeficiente de variación salarial (CVS).
Infobae
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