¿Tienen los días contados para investigar la corrupción los fiscales que llevaron contra las cuerdas a Urribarri, Báez y Aguilera?
Está visto que los representantes del Ministerio Público Fiscal no han hecho tan mal su trabajo, si se tiene en cuenta que el tribunal del Megajuicio, por unanimidad, les dio la razón en casi todo.
En efecto, durante la maratónica lectura del adelanto del
veredicto realizada por el juez José María Chemez, una idea se repitió una y
otra vez, casi hasta el cansancio, aunque con ligeros cambios de palabras: “Le
asiste la razón al Ministerio Público Fiscal”. O, “en coincidencia con lo
planteado por Fiscalía”. También: “De acuerdo con los argumentos expuestos por
la acusación”…
Inevitable por tanto, para quien estuviera escuchando,
concluir que los tres magistrados -Chemez, Castagno y Garzón- valoraron como
seria y profunda, a la vez que objetiva, buena parte de la investigación y de
las imputaciones llevadas a cabo por los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo
Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, que trabajaron durante la
Investigación Penal Preparatoria bajo la coordinación de la luego suspendida
Cecilia Goyeneche, y respondiendo a su superior, el Procurador Jorge Amílcar
García.
Guste a unos y disguste a otros, la sentencia lleva
implícito un aval a la tarea de la Fiscalía, a la hora de colectar la evidencia
y sostener una acusación -en medio de enormes presiones- contra las máximas
autoridades del poder político provincial.
Así las cosas, si han hecho bien su trabajo en el
“Megajuicio”, la lógica institucional, la lógica de cualquier vecino que sólo
se interese porque haya justicia -caiga quien caiga y le pese a quien le pese-,
diría que lo mejor que le podría ocurrir a Entre Ríos es que ellos sigan
investigando la corrupción. Pero, ¿seguirán?, ¿podrán continuar? ¿O, entre el
Jury y ciertas exigencias en los concursos para la proyectada Fiscalía
Anticorrupción, se han gestado las condiciones para dejarlos fuera de carrera?
En efecto, como lo ha hecho notar el diputado provincial
Esteban Vitor, llama la atención que en el proyecto de ley elevado por el
Ejecutivo para crear la Fiscalía Anticorrupción “tengan prevalencia -dijo- los
abogados del Estado, que trabajan en dependencias oficiales”. Y agregó otro
dato para reforzar las suspicacias: “Hace 20 años nos gobierna el mismo signo
político”. Ergo, esos “abogados del Estado” que correrían con ventaja serían
los que llegaron a la gestión pública de la mano del actual oficialismo…
Si tal “ventaja” quedase finalmente plasmada en la ley de
creación de la mentada fiscalía, Yedro, Badano, y Ramírez Montrull correrían de
atrás en el concurso. Visto desde la otra vereda, algún letrado que hoy se
desempeña -por ejemplo- en las filas de Fiscalía de Estado, bajo las órdenes de
Julio Rodríguez Signes, haría valer esa “experiencia en la gestión pública”
para hacerse de un puntaje extra.
Raro escenario el que sobrevendría si los planetas se
alinearan de ese modo: La fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, suspendida
y soportando un Jury, y los que, coordinados por ella, investigaron las causas
del Megajuicio, en desventaja para poder continuar y profundizar la tarea que
han venido realizando hasta ahora. Por ejemplo, en la Causa Contratos, ya remitida
a juicio, por lejos la más grave en la historia de la corrupción en la
provincia.
En el plano del purismo jurídico, el Jury aparece orientado
a sancionar a una fiscal que -dicen-debió excusarse y no lo hizo. A su vez, el
proyecto de Fiscalía Anticorrupción procura, aseguran sus impulsores, cumplir
con lo dispuesto por la reforma constitucional de 2008. O sea, dotar a Entre
Ríos de una institución potente para luchar contra la corrupción.
Pero, como lo ha denunciado la Asociación Argentina de Fiscales
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobrevuela la sospecha de
que a Goyeneche no se la persigue por lo que supuestamente habría hecho mal
sino por lo que hizo bien. O sea, por investigar al poder. A la par que se suma
ahora este otro hecho extraño: el repentino apuro por parir la Fiscalía
Anticorrupción, 14 años después de la reforma constitucional de 2008 que exigía
su creación, con un formato concursal desfavorable para los fiscales que
sentaron en el banquillo a un exgobernador, exministros, exfuncionarios y a las
familias del poder.
De que se “despejen” del horizonte tales sospechas,
dependerá si Entre Ríos camina hacia una mayor y mejor justicia, o si, en
realidad, se apresta a retroceder dos pasos apenas un instante después de haber
avanzado uno.
O, dicho de otro modo, si triunfa la Justicia o si la
victoriosa es una garantida y camuflada impunidad.
El fallo demoledor del tribunal del Megajuicio contra Sergio
Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, sorprendió a Gustavo Bordet del
otro lado del océano, a miles de kilómetros.
De todos modos, en este mundo intercomunicado, en esta red
global en la que vivimos, no se privó de pronunciarse desde las redes sociales.
Sólo que, en vez de aludir al veredicto del poder judicial de su provincia
contra su predecesor, prefirió elogiar a la justicia federal en una causa por
pintadas antisemitas.
Una preferencia más que elocuente.
Por Osvaldo Bodean
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