El impactante caso donde cuarenta peones eran explotados por empresarios, entre ellos uno de Chajari.

Trata de personas.

La Justicia anuló los sobreseimientos a los socios de la empresa El Batelito y ordenó un nuevo juicio. Cómo funcionaba la estructura detrás de la pantalla de una cooperativa de trabajo.

Cientos de eucaliptos con su aroma distintivo ocultaban el infierno. Era normal que personas llegaran a esos campos, ubicados en Paso de los Libres, Corrientes, en remises o taxis. Detrás de los altísimos árboles, estaban escondidos un colectivo viejo color celeste y blanco, y un trailer con camas cuchetas.

A un costado, había carne tirada en una tabla a la intemperie, llena de moscas. También, al entrar al colectivo habían pedazos de carne cruda sin refrigeración. Allí vivían 40 peones víctimas de explotación laboral, en dos campos de la empresa «El Batelito S.A.».

No tenían agua potable ni baños. No contaban con luz eléctrica ni la ropa adecuada. Tampoco tenían elementos para conservar la comida y para cocinar hacían fogones. No habían sillas ni mesas. Por eso, cuando descansaban lo hacían acostados en la tierra. Es decir, esas personas sobrevivían en condiciones indignas.

La situación de vulnerabilidad empeoraba a nivel económico porque los trabajadores debían comprar los alimentos en un almacén que tenían los empresarios. Luego, los gastos eran descontados del dinero que cobraban.

Jornadas interminables

Las jornadas laborales duraban diez horas, las cuales las dedicaban a la poda de eucaliptos. Ningún trabajador estaba registrado. Sumado a que en muchos casos les retenían sus documentos. Estaban acorralados y era imposible escapar.

El calvario de los trabajadores –en su mayoría oriundos del norte de Misiones– terminó cuando la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP los descubrió el 8 de febrero de 2011. Allanaron el lugar luego de la denuncia realizada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

El proceso judicial empezó también en febrero de 2011. El Juzgado Federal de Paso de los Libres los había procesado y había trabado un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir entre $100.000 y $200.000.

Seis años después, la Fiscalía Federal de Paso de los Libres pidió que vayan a juicio oral Rolando Abel Díaz (70), Gustavo Javier Percara (51), Enrique Juan Percara (42) y Diego José Percara (50), acusados como coautores de los delitos de «trata de personas y reducción a la servidumbre«. Los cuatro captaban a muchas de las víctimas.

Díaz era el presidente de la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Limitada -creada hace 23 años- y los tres hermanos eran socios de “El Batelito S.A.” -creada hace 19 años-. La primera tiene el domicilio fiscal en Eldorado, Misiones, mientras que la segunda, en Chajarí, Entre Ríos.

La cooperativa sumaba asociados que hicieran las tareas específicas en el contrato de locación de servicios para la firma “El Batelito S.A.”

Pero los empresarios del norte argentino no trabajaban solos. Contaban con la ayuda del personal administrativo de la cooperativa -Nilda Laura Maack (63), Fabián Eduardo Knebel (38) y Mónica del Luján Nabone (57)- y de José Querubín Holsbach (57), el encargado de la forestación.

Holsbach era empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y tenía un rol fundamental en la cadena de explotación laboral: contactar y captar a algunas víctimas.

Las personas explotadas declararon que no firmaron un contrato con la empresa “El Batelito S.A.” para la que trabajaban y algunos habían firmaron una solicitud para asociarse a una cooperativa llamada “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada”.

Revés judicial

Pese a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes absolvió a los acusados por explotación laboral en mayo del 2021, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la sentencia hace un mes. Además, ordenó que se haga un nuevo juicio.

«Se demostró en el juicio que la cooperativa estaba vinculada a la empresa para captar a víctimas de zonas cercanas a Paso de los Libres, que estuvieran en situación de vulnerabilidad», dice Mariano Borinksy, uno de los tres jueces de Casación que resolvió el caso.

Y agrega: «Los fundamentos del TOF eran arbitrarios y ante este tipo de sentencias reenviamos la causa para que otro tribunal vuelva a juzgar a los imputados». Asimismo, aclara que si el mismo TOF dicta una nueva sentencia «deberá estar integrado por otros jueces».

El camino de la causa para que llegue a ser resuelto por Casación fue complejo, dado que el TOF, luego de dictar la absolución, negó al Ministerio Público Fiscal esa posibilidad.

Sin embargo, el fiscal federal Carlos Schaefer, la auxiliar fiscal Tamara Pourcel y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo presentaron un recurso en queja ante Casación.

«Los explotadores se esconden detrás de cooperativas de trabajo y cuentan con la connivencia del Poder Judicial y del poder político. Sumado a esto, fallan los controles administrativos», explica el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera.

Y señala que fueron «contundentes» las pruebas que presentó Schaefer. A su vez, destaca que solo hay registrados 250.000 trabajadores en el ámbito rural, mientras que 750.000 no lo están.

Por su parte, José María Serbín, delegado de la Región NEA del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, dice: » Estuve presente en varios de los debates del juicio oral y me vi sorprendido cuando el TOF absolvió a todos. La abundancia y contundencia de las pruebas eran apabullantes».

Para él, los testimonios de los agentes de la AFIP fueron desgarradores, dado que describían las condiciones inhumanas en las que vivían.

Las víctimas del caso Batelito regresaron a su lugar de origen. La mayoría a Misiones y algunos a Corrientes.