Causa Vialidad: el fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner por corrupción
Lo hizo el fiscal Diego Luciani al finalizar sus alegatos en el juicio oral. “Ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, sostuvo
El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la
vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de
prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó
de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio
de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por
las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes,
señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-.
Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de
la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar
la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y
ustedes tienen la decisión”.
El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir
la condena a Cristina Kirchner: CFK: la magnitud de los delitos cometidos, que
su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados,
los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de
los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de
cualquier tipo de escrúpulos”.
Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en
general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en
particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las
empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta
“defraudó a los ciudadanos que la votaron”.
Obra pública: la fiscalía pidió 12 años de prisión para
Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos
“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del
estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar
la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay
situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo
atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el
fiscal.
En la audiencia de hoy el fiscal Sergio Mola expuso que la
defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321
millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de
los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el
decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus
hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el
destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los
graves delitos”, planteó Luciani.
Luego de la descripción de los hechos, Luciani pidió
investigar a las empresas que se presentaban para licitar por entender que
habrían sido espurias para simular la existencia de competencia con las firmas
de Lázaro Báez. Ahí nombró a las empresas Petersen Esuco y Equimac. El fiscal
también solicitó extraer testimonios para investigar “la posibilidad de
ilicitudes con el proceso licitatorio al hospital materno infantil de Río
Gallegos” y “de todos los posibles ilícitos que surgen del teléfono de José
López”.
Como conclusiones finales, la fiscalía le apuntó al
presidente Alberto Fernández y habló de la “injerencia indebida” en el curso
del juicio. Fue cuando recordó que sus palabras en torno a que “la
cartelización de la obra pública es un problema histórico de la Argentina”. “El
Estado es víctima de estos delitos, pero no hay que confundir el estado con las
personas que ocasionalmente conducen o administran” y la ciudadanía es víctima.{
El fiscal se refirió a las palabras de Alberto Fernández
cuando habían detenido al a José López en 2016. “Le quisiera recordar que dijo
públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra
pública”, señaló. Pero subrayó que ahora el jefe de Estado buscó correr el foco
de esas declaraciones . “Para defender puerilmente a su compañera de formula
evitó hablar de los hechos probados en el caso”, aseguró.
La fiscalía se quejó porque “dirigentes políticos se
desentendieron de la corrupción”. “La corrupción dejo de ser un tema de agenda
política, se opto por eludirla y se evito hablar de las consecuencias”, afirmó.
Fue así que recordó que la Oficina Anticorrupción, durante este gobierno, dejó
de ser querellante en diferentes causas o la Unidad de Información Financiera,
en esta causa, resolvió no acusar. “Esto demuestra un intento para silenciar la
imperiosa necesidad de juzgar estos hechos y de que la verdad salga a la luz”,
afirmó.
Según sus palabras, “algunos altos funcionarios del Gobierno
actual se han atrevido a descalificar las investigaciones de graves hechos de
corrupción como el único fin de menoscabar al poder judicial”, dijo Luciani,
tras subrayar que “el poder de las mayorías no es absoluto”
“La misma imputada Cristina Fernández Kirchner desafió a
este tribunal al aseverar ‘a mí me absolvió la historia’ cuando bien sabe que
es el Poder Judicial” el que condena o absuelve ante eventuales delitos y en
cumplimiento de garantías constitucionales, subrayó. “Los gobernantes deben rendir
cuentas de sus funciones”, afirmó.
Y cerró su alegato hablando de la violación a los derechos
humanos cuando se cometen crímenes de corrupción. “La corrupción afecta el
Estado de Derecho”. “Los fondos extraídos ilegalmente hubieran servido para
paliar la pobreza”, resaltó. “De haberse procedido de manera eficiente, las
rutas hoy estarían terminadas”, agregó.
Las acusaciones
A la hora de pedir las penas, Luciani acusó a Cristina
Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex
secretario de Obras Públicas José López, a Lázaro Báez y al ex titular de la
dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti como organizadores de la
asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó
para ellos una de penas de entre doce y diez años de prisión y la
inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“El orden público ha sido trastocado por una asociación
ilícita dirigida por la presidenta de la nación como jefa y por sus principales
ministros como organizadores”, dijo Luciani sobre la asociación ilícita.
Para Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor
Kirchner y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública
Federal, la fiscalía pidió dos años años de prisión por abuso de autoridad.
Kirchner llegó acuso de integrar la asociación ilícita pero los fiscales
señalaron que no probó su participación.
Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en
perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, ex subsecretario de
Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa
Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos
Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la
Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Para ellos la Fiscalía
solicitó penas de entre seis y cuatro años años de prisión.
Según se había resuelto, el juicio iba a continuar el
próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas. Sobre
el final de la audiencia, el defensor Carlos Beraldi, defensor de Cristina
Kirchner, formalizó el pedido de ampliar mañana su declaración indagatoria.
Aquí el resumen de los pedidos de penas:
Cristina Kirchner, ex presidenta. 12 años.
Lázaro Báez, empresario. 12 años.
Julio De Vido, ex ministro de Planificación. 10 años
José López, ex secretario de Obras Públicas. 10 años.
Nelson Periotti, ex titular Dirección Nacional de Vialidad
(DNV). 10 años.
Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 “Santa Cruz” de la
DNV. 6 años.
Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la AGVP. 6 años.
Raúl Daruich, responsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de
la DNV. 5 años.
Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP. 5 años.
Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas. 4 años de
prisión.
José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP
13. 4 años.
Héctor Garro, ex presidente de la AGVP. 3 años de prisión en
suspenso.
Carlos Santiago Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de
Obra Pública Federal y primo del expresidente Néstor Kirchner. Absolución por
asociación ilícita y 2 años por administración fraudulenta.
Infobae
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