Discapacitados a la deriva: Columna de opinión por Alberto Rotman
El ex diputado provincial (UCR-Cambiemos) y ex secretario de Salud de la Provincia, Alberto Rotman, cuestionó el “mentado y discutido ajuste” del gobierno nacional, en particular en el sector de atención a personas con discapacidad · “Los discapacitados de nuestra Provincia están a la deriva, padeciendo graves problemas en su atención sanitaria y/o en su traslado, por único motivo que el Estado no cumple las leyes o la manda Constitucional”, aseguró en una columna de opinión.
A continuación, el texto completo.
El tan mentado y discutido ajuste que el gobierno nacional
niega, en la práctica ya mostró su cara más cruel rapiñando cincuenta mil
millones de pesos en educación y diez mil millones en salud entre otros
recortes.
En la práctica, ya vemos algunas de las consecuencias cuando
se recortan los montos destinados a quienes sobrellevan capacidades diferentes,
quienes se verían seriamente afectados, por estas medidas, aunque las
autoridades lo nieguen.
El 13 de diciembre de 2006 la Organización Mundial de la
Salud (OMS), acordó la "Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad" que se basa en los Derechos Humanos, las libertades
fundamentales y la igualdad de oportunidades de 650 millones de personas con
capacidades diferentes que se estipula hay en todo el mundo.
En la República Argentina el "Sistema de Protección
Integral de la Discapacidad" tiene rango Constitucional como lo expresa el
Art. 75 inc. 23.
Igualmente, en la provincia de Entre Ríos tiene rango
Constitucional en el Art. 21, además está vigente la Ley Nº 9.891 de
Discapacidad donde esta descripto el desarrollo integral de las personas con
capacidades diferentes en iguales condiciones de acceso, oportunidad,
características, derechos y deberes que el resto, conforme lo que establece la
ley Nacional 26.378, a la que la provincia de Entre Ríos adhirió.
A pesar de ello en nuestra provincia, las últimas
administraciones distan mucho de cumplirla. Lo observamos en la ausencia de la
legislación vigente cuando no funciona el Consejo Asesor de la Discapacidad
(Art. 6 de la Ley 9.891), o el no cumplimiento con el 4% de la totalidad de su
personal para personas discapacitadas que puedan desempeñar con idoneidad el
cargo (art. 20 de la ley 9.891), o el no cumplimiento en la adjudicación del 5%
de las viviendas que construya el IAPV, o de planes Nacionales para personas
con alguna discapacidad (Art. 30 de la Ley 9.891), o el no cumplimiento de
licencia por nacimiento de un hijo discapacitado (Art. 37 de la Ley 9.891).
Estos son algunos de los puntos, entre otros, donde los
Estados, Nacional y Provincial, están en deuda.
Esta lamentable y penosa situación en que se encuentra la
atención sanitaria y el traslado de innumerables personas con capacidades
diferentes, hoy sale a la luz desnudando esta triste y cruda realidad.
Esta realidad hace irrupción en la falta de pago o demoras
exageradas en abonar las prestaciones o los traslados.
En algunos casos adeudan prestaciones del mes de mayo/junio
aduciendo "readecuación de partidas" o para converger en "lo
acordado con el FMI en una reducción del déficit" (según la sec. de
Asuntos Estratégicos).
El gobierno tiene derecho a controlar si las prácticas que
se realizan son razonables, o si los traslados son adecuados, pero para ello no
hay que mentir, primero hay que cumplir con lo que le compete, o sea con las
leyes, de esa forma recién tendrá la autoridad suficiente.
La realidad es que hoy los discapacitados de nuestra
Provincia están a la deriva, padeciendo graves problemas en su atención
sanitaria y/o en su traslado, por único motivo que el Estado no cumple las
leyes o la manda Constitucional.
Debemos luchar y ser rectores para que, la integración de
alguien con capacidades diferentes, sea real, tanto Física, Funcional y social
y exigir al Gobierno de turno solamente, que cumpla con la legislación vigente.
Esta debe ser nuestra inquebrantable tarea.
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