Giano: “Esta ley mejorará y dará más transparencia a la selección de las mejores personas para el Poder Judicial”
La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto de ley que modifica y ordena en un texto único las cinco leyes que rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo en el cual se evalúan y seleccionan las mejores personas para integrar el Poder Judicial. El presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, valoró el trabajo articulado con las instituciones que participaron con aportes y sugerencias para perfeccionar la propuesta que presentó el Bloque Frente Creer Entre Ríos.
Los Consejos de la Magistratura deben ir evolucionando y
mejorando sus procesos para poder seleccionar a las juezas, jueces,
funcionarias y funcionarios de los Ministerios Públicos. Tienen un
funcionamiento muy dinámico ya que, para ir perfeccionando sus sistemas de
selección, sus normas deben ir cambiando y adaptándose a los nuevos contextos
sociales con el objetivo de solucionar fallas que, con el paso del tiempo, se
han ido detectando. Por ello deben mejorarse continuamente sus funcionamientos,
siempre para dotarlos de mayor transparencia y agilidad.
Luego de la sanción definitiva en la Cámara de Senadores -tras más de dos meses desde que el proyecto ingresó, tomó estado público y fue tratado-, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, aseguró que es una ley que “permite mejorar el proceso de selección y dota de más transparencia al organismo constitucional, corrigiendo debilidades surgidas en los casi veinte años de funcionamiento". Y agregó: “Todas las leyes y organismos constitucionales tienen que ser revisados, con el propósito de fortalecer y generar los cambios necesarios para optimizar el funcionamiento”.
El proyecto fue aprobado en la Legislatura entrerriana con
modificaciones realizadas al texto inicial a partir del excelente trabajo de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Cosso, y
los aportes, sugerencias y críticas generadas
por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el Colegio de la
Abogacía de Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de
Judiciales (AJER), las universidades UNER, UADER y UCA Paraná, el Ministerio de
Gobierno y Justicia y la Vice gobernación.
La ley tiene como objetivo mejorar la integración de los estamentos contemplados en la Constitución y el proceso de selección de las mejores personas para integrar el Poder Judicial. En ese sentido, el presidente de la Cámara Baja dijo que "la reforma perfecciona el sistema, dándole más institucionalidad, representación y pertinencia a toda la Provincia”. A su vez destacó que “se garantiza la paridad de género y se otorga celeridad a los concursos públicos. A su vez se incorporan las universidades públicas con sede en Entre Ríos y se promueve la transparencia en la elección y participación de los representantes de las organizaciones sociales con personería jurídica o gremial, cuyo objeto social sea la defensa del sistema democrático y los derechos humanos y el sistema republicano de gobierno, porque eso es lo que exige la Constitución expresamente”.
Por otra parte, Giano reflexionó sobre los alcances de la nueva ley del Consejo de la Magistratura y aseguró que “Toda institución de la democracia y plasmada en la Constitución Provincial debe ser revisada, retomando el concepto inicial de la participación ciudadana y diversa que es menester preservar, con el propósito de afianzar su fortaleza”. Y agregó: “Por ello, si en la práctica se advirtieron fallas y la necesidad de mejorar su funcionamiento, la nueva norma recoge las propuestas, aportes y experiencias para poder mejorarlo, en una muestra de maduración institucional y democrática, participativa y plural”.
Finalmente, el presidente de la Cámara Baja expresó: “Sin dudas, la incorporación de miembros de reconocida trayectoria en el ámbito académico y científico pertenecientes a las Universidades con sede en Entre Ríos (UNER, UADER, UCA y UCU) y el perfeccionamiento de la elección de representantes de las organizaciones sociales, contribuirá a ese fortalecimiento, además del Banco de Casos público y las nuevas causales de recusación y excusación, evitarán procesos en los que se afecte el anonimato, la transparencia y la objetividad”. Y cerró: “También la intervención del Superior Tribunal de Justicia al establecerse la necesidad de requerirle informes, que aporten casos y jurados a los estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura y la celeridad en la solución de los conflictos que agilizará las discusiones administrativas y judiciales que planteen postulantes”.
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