Sandra Arroyo Salgado: “El narcotráfico ya está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal”
La jueza federal de San Isidro y expareja del fallecido fiscal Alberto Nisman denuncia la intervención de la política y de los políticos en el trabajo de la Justicia, y advierte sobre la cartelización de la Argentina. Este reportaje fue previo al ataque a CFK.
—¿Qué piensa usted del proyecto de reforma judicial que
quedó varias veces varado en el Congreso?, ¿piensa que es necesario una reforma
judicial, que tendría que ser en el sentido de lo que se está planteando o
tendría que ser en otro sentido? Cuéntenos su propia visión de qué reforma
requiere, si requiere alguna la Justicia.
—En principio creo que sería inoportuno plantearnos una
reforma en este momento, porque creo que las prioridades o lo que necesita la
gente hoy pasa por otro lado, fundamentalmente por la situación económica, por
la seguridad. Y lo que siento es que el ideal claramente sería el sistema
acusatorio, pero en nuestro país su implementación ya ha demostrado los
fracasos de este sistema, por lo menos del modo en que se implementó en la
provincia de Buenos Aires. De hecho, por si los lectores no lo tienen claro,
aquellos delitos que más afectan al ciudadano de a pie, como son los robos,
robos con armas, homicidios, violaciones, delitos en general contra la vida y
contra la propiedad, en los que se mata gente, pierden la vida, son los mayores
hechos que conmueven a la opinión pública, deben ser investigados por lo que es
la justicia provincial, donde rige en la provincia de Buenos Aires el sistema
acusatorio. Y creo que es donde mayor reclamo hay de falta de justicia y de
seguridad. Sí, siento que sería el sistema ideal que el Ministerio Público
Fiscal lleve adelante la investigación, pero siento que eso demandaría un
cambio y una necesidad presupuestaria muy importante para abastecer a las
fiscalías del equipo que realmente necesitan los recursos para llevar adelante
investigaciones, como en el caso del fuero federal son los delitos de crimen
organizado. Hay una necesidad de recursos a nivel humano de los que el
Ministerio Público Fiscal hoy carece. También me parece bastante delicado el
tema de que, por ejemplo, la cabeza del Ministerio Público Fiscal hoy no es un
magistrado que haya sido especialmente designado para esa función. Recordemos
que desde que la doctora Gils Carbó renunció a su cargo, el cargo de procurador
general de la Nación no ha sido cubierto y se encuentra el doctor Casal en
forma interina. Entonces, me parece que todas estas reformas deben ir de la
mano de una previsión. Una previsión y no que se ponga en funcionamiento, que
se sancione sin que se resuelvan las cuestiones que, prioritariamente, en mi
opinión, habría que resolver. Es decir, quién va a ser la cabeza del Ministerio
Público Fiscal, el jefe de todos los fiscales y los recursos humanos y
logísticos y de infraestructura que estas fiscalías necesitarían para llevar
adelante investigaciones de la envergadura de la que estamos hablando.
LA JUSTICIA POLITIZADA.
—¿Usted no siente que los alegatos, especialmente del fiscal
Luciani, generaron un punto de contacto natural con la importancia que tuvo la
denuncia de Nisman, exponer con esa vehemencia, y si finalmente implica algún
aprendizaje para la sociedad, por ejemplo, en el pedido de que se les refuercen
las custodias a los fiscales de la causa de Vialidad, si lo mismo hubiera
sucedido con el fiscal Nisman, la situación sería otra?
—Sí, sin duda siento que hay un contacto. Siento que muchos
otros fiscales han trabajado en la instrucción. Creo que hay algo, y esto tiene
que ver un poco con los tiempos que usted me preguntaba, que no sé si el
ciudadano de a pie conoce cómo es nuestro sistema, en todo este tipo de
investigaciones, hay una primera etapa que es la etapa de instrucción, de
investigación, de recolección de las pruebas, que es fundamentalmente escrita,
que la llevamos adelante los jueces federales de primera instancia. Si bien es
como que se habla de una instancia única, pero los jueces federales tenemos y
los fiscales en los casos de delitos, por ejemplo como secuestro extorsivo, lo
dice la ley, que la instrucción está a cargo del fiscal o cuando el juez delega
en el fiscal la investigación, es una etapa de recolección de pruebas, y una
vez que se llega a despejar que habría personas que serían responsables de esos
hechos que constituyen delitos, se emiten pronunciamientos que van probando la
responsabilidad penal de esas personas en esos delitos, que sería el auto de
procesamiento. Una vez que estas personas son elevadas a juicio, es ahí la
oportunidad en la que frente a tres jueces, frente a un tribunal colegiado, se
recrea toda la prueba de la acusación pública, esto es, de los fiscales y de
los querellantes, si los hubiera, acusador privado que son las víctimas. Y de
otra parte se recrean también las pruebas que ofrece la defensa. Hay una
oportunidad también nueva de los imputados de declarar, de expedirse en
declaración indagatoria, tal como hemos visto en el caso de Vialidad, que la
expresidenta ha tenido la oportunidad de dar su declaración indagatoria. Y esta
oportunidad la tienen todos los imputados hasta antes de los alegatos. Luego,
cuando ya viene la instancia de alegatos, ya no es posible recibir una nueva
declaración indagatoria, pero sí al cierre de los alegatos, de las réplicas y
contrarréplicas, tienen la oportunidad nuevamente las personas imputadas de dar
sus últimas palabras, previo a que el Tribunal Oral pase a deliberar y a dictar
sentencia. Este paralelismo lo he encontrado en la vehemencia con la que el
fiscal Luciani ha expuesto. No pude escuchar todos los alegatos en su
integridad, sino por partes. Lo he visto con una vehemencia y una solidez, una
firmeza muy importante en los pocos tramos que pude escuchar. Me parece una
decisión muy importante, la de los jueces del Tribunal Oral, que este juicio se
pueda dar a publicidad.
“Sería muy ambicioso decir que tengo poder. Siento mucha
desprotección”
—Pongo un ejemplo más concreto, el fiscal Luciani tiene dos
domicilios registrados y sin embargo no está en ninguno de los dos, la
presunción periodística es que se lo protegió estando fuera del domicilio que
estaba registrado. Usted, visto en retrospectiva, ¿cree que en el caso del
fiscal Nisman no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas para el grado de
importancia que tenía la denuncia que estaba llevando adelante?
—Sin duda. Creo que no estaba lo suficientemente bien
custodiado, protegido o cuidado. Sinceramente yo estaba en el exterior, con lo
cual todo fue muy sorpresivo. Además, estaba separada de él. Si bien nosotros
nunca nos habíamos casado, éramos convivientes en aparente matrimonio, me
encontraba desvinculada de él desde el mes de octubre del año 2011. De hecho,
en el año 2012 él recibe amenazas muy graves en distintos meses, en el mes de
agosto y noviembre, si mal no recuerdo. Luego nuevamente en febrero de 2013. Él
estaba muy preocupado con estas amenazas. De hecho, me avisó para que refuerce
la custodia nuestra, mía, de mis hijas. Pero la verdad es que uno como se
dedica al derecho penal y toda mi vida hice carrera judicial en el fuero penal,
no toma conciencia de que efectivamente esas amenazas puedan llegar a
concretarse. No habíamos asistido a hechos tan graves como el que le pasó a
Alberto Nisman, como hoy en día es mi preocupación. Y creo que los dirigentes
políticos, no solo oficialistas, sino también de la oposición, no están tomando
real dimensión y conciencia de la gravedad del avance del narcotráfico en
nuestro país y de la necesidad de fijar como una política de Estado clara, la
lucha contra el narcotráfico en todos los estamentos y en todas las regiones. Siento
que no estamos mirando como debiéramos lo que está sucediendo en Rosario. Hubo
recientemente un secuestro importantísimo de cocaína realizado por el doctor
Adrián González Charvay, el juez federal de Campana con la Policía Federal, de
un cargamento que salía a Dubai, según se dice, para abastecer el consumo
vinculado al Mundial de Qatar. Esa exportación de ese cargamento de casi 1540 y
pico de kilos de cocaína secuestrados tras los que estaba en su organización un
señor muy conocido como el Tano Sofía, José Sofía, su hijo, que fue el autor de
esas amenazas que le decía gravísimas que hubo respecto de mis hijas y yo en el
año 2018, que la verdad es que no puedo creer y siento que no tomamos...
“En el plano personal, siento el deber de que esto se sepa y
se conozca”
—Cuéntenos eso, doctora.
—Sí, le voy a contar porque realmente es lo que me está
decidiendo a volver un poco a esta exposición y a tomar estos espacios que
ustedes me han ofrecido durante todos estos años. A mí me cuesta mucho la
exposición pública porque no estoy capacitada para esto, no fui preparada, no
tengo un coach. Pero no puedo creer que después de lo que ha pasado con el
fiscal Nisman, de las amenazas gravísimas que él tuvo, de lo que a él le pasó y
de las amenazas gravísimas que recibió mi familia en el año 2018, después de
las investigaciones importantísimas que llevé adelante en materia de
narcotráfico, bien conocidas por mis superiores, por los jueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, hayan tomado las decisiones que tomaron
en la investigación respecto de las amenazas que estaban destinadas no digamos
a mí, que soy jueza federal, que elegí esta profesión, continuar desempeñandome
en este juzgado tan difícil, sino que estas amenazas incluían a mis hijas
menores de edad. En el año 2018 se reciben siete, ocho llamados al teléfono
directo del juzgado a mi cargo, atiende mi secretaria privada, una voz
masculina le pide insistentemente hablar directamente conmigo y niega
identificarse. Mi secretaria le pregunta el motivo del llamado. Tampoco lo
dice. Frente a la insistencia de mi secretaria se identifica con un nombre,
pero mi secretaria le dice que si no da su nombre completo y si además no dice
el motivo del llamado, no le iba a poder pasar conmigo, que además la modalidad
es que él nos deje su teléfono y que la doctora se iba a comunicar. Para
rechequear, esto lo hacemos desde que pasó lo de Nisman. Esta persona se niega
a toda esta cuestión y pide entonces que le pase con una secretaria, que era la
secretaria que tenía asignado el trámite de los casos de narcotráfico. Cuando
esta secretaria lo atiende le dice que su interés era darle un mensaje para que
se lo transmita a la doctora Arroyo Salgado, y el mensaje era que si la jueza
no tomaba la decisión de liberar a la familia de otro narcotraficante, el señor
Gustavo Sancho, iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela. El caso
Candela creo que es...
—Bien conocido.
—Bien conocido. Tras lo cual corta la comunicación.
Obviamente que ese mensaje llegó a mi conocimiento, que tras el tenor de estas
llamadas nos pusimos a ver qué pasaba detrás, porque obviamente que lo que más
me conmovía eran las amenazas a mis hijas. Entonces empecé a ver qué relación
tenía este señor Sancho con el asesinato de esta chiquita Candela, y vi que
efectivamente el señor Sancho había sido mencionado en esa investigación que al
parecer, no recuerdo bien si era el papá o qué parte de la familia, adjudicaba
al señor Sancho una especie de ajuste de cuentas, porque el papá de Candela
había dado información para avanzar en investigaciones vinculadas al
narcotráfico y habría hecho referencia al señor Sancho. Con lo cual mi
preocupación era creciente. Denuncié judicialmente esas amenazas, en la
esperanza de que mis colegas lo investiguen con la seriedad que considero que
corresponde en todo caso en que hay una denuncia con amenazas tan graves...
Sandra Arroyo Salgado 20220918
LOS TRES PODERES.
—Y con el antecedente que usted está mencionando.
—Pero no porque me sienta en una condición que merezco que
las cosas sean investigadas con más seriedad, sino por el contexto, por mi función,
por los antecedentes familiares, por lo que había pasado con el caso Candela.
Tuve investigaciones de amenazas contra familiares, si mal no recuerdo, del
secretario de Seguridad (Eugenio) Burzaco. Llegué al responsable, lo detuve, lo
procesé, permaneció detenido. Era un personal policial de su custodia. También
investigué amenazas graves contra el exministro de Educación (Esteban)
Bullrich. Y a él le consta todo lo que nosotros hicimos en esa investigación,
también allanamiento, detención. Entonces esperaba de mis colegas que actúen de
modo semejante y efectivamente lo hicieron. El doctor Fernando Domínguez,
fiscal federal de San Isidro, llevó adelante una investigación importantísima,
supercomprometida. Hasta que pidió al juez Lino Mirabelli allanamiento,
detención e indagatoria de este señor Sofía, advirtiendo que era un
narcotraficante vinculado a Sancho, que trabajaba en el acondicionamiento y en
el transporte de cargamentos de la entidad de la que ahora hizo el doctor
Adrián González Charvay, a quien le debo el agradecimiento porque lo detuvo
finalmente hace pocos días. Porque este señor Sofía estuvo en libertad desde
febrero del año 2020 por decisión de los jueces de la Sala 1 de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, el doctor Juan Pablo Salas, el doctor
Marcelo Fernández, el doctor Morán, le han dado la libertad a este
narcotraficante, porque el doctor Lino Mirabelli lo procesa con prisión
preventiva en el mes de noviembre del año 2019, es decir, sostiene que había
elementos suficientes como para considerarlo prima facie responsable del delito
de amenazas coactivas. Ya no digamos contra mi persona, contra la de mis hijas
también, porque uno acepta que no estoy trabajando en un banco. No quiero
ofender, porque hay profesiones que son sumamente importantes, la docencia, por
ejemplo, la falta de importancia que se le da a la educación de nuestros hijos,
a mí me parece terrible que en nuestro país no se le dé la importancia que
tiene. Pero lo cierto es que un docente se arriesga a muchas cosas. Hoy lo
estamos viendo, las situaciones que se viven en los colegios, no solo de
bullying, de pares, sino también los ataques, las agresiones que sufren los
docentes de parte de padres, de parte de alumnos. Pero asumen otros riesgos
distintos a los que asume un juez penal, digamos. En este caso se trataban de
amenazas contra mis hijas y su mamá, que ya perdieron a su papá como
consecuencia de amenazas graves por su función. Entonces, lo que menos esperaba
era que mis superiores le den la libertad a esta persona frente al caudal
probatorio que había en el expediente. Cierto es que no me constituí para
actuar como parte querellante, pero justamente no me constituí por el temor que
tenemos respecto a estas personas. De hecho, frente a otras decisiones que tomé
el expediente de Sancho, la cámara, por ejemplo, esa misma cámara libera a la
esposa de este señor Sancho, no hacia los hijos. Cuando vuelve a mi juzgado,
considero y digo, si la cámara libera a la esposa, consideré que había una
situación semejante respecto de los hijos, les doy la libertad a los hijos.
Ocurre que el fiscal apela, va a cámara. La cámara me ordena a mí que los
detenga. Cuando eso está pendiente de decisión, recibo en mi celular llamados
de un prefijo de Santa Fe donde me respiran, y esto ya me había pasado en 2015.
En pleno momento de un montón de situaciones intimidantes para mis hijas y para
mí, para toda la familia, cada vez que alzábamos la voz de que algo había que
hacer para despejar y llegar a la verdad en el caso Nisman. Y ese mismo día hay
una balacera contra una fiscalía de Santa Fe, ahí me excusé de intervenir en el
caso Sancho, porque dije ya no tengo la ecuanimidad, no puedo ser imparcial. Y
me excusé. Por eso no me siento respaldada, como ya he dicho, por mis
superiores, porque luego a los dos meses, en febrero de 2020 le dan la libertad
a este señor Sofía. Siendo que, además, se lo está investigando como presunto
autor del homicidio, de quien era su chofer de apellido Quinteros, que fue
asesinado luego de que le cortaron una oreja, le vaciaron un ojo con una
cuchara. Y a los dos meses asesinaron también a su esposa, que según surge de
las investigaciones, era amante del señor Sofía. El señor Sofía estuvo, por
decisión de estos jueces que acabo de nombrar, en libertad desde febrero del
año 2020 hasta hace una semana, que como está demostrado por el hecho que ahora
fue detenido, pudo llevar adelante la preparación de cargamentos de esta
magnitud, que son acciones que no se hacen, no se deciden en un mes, son
cargamentos de 450 millones de dólares, he leído por ahí en algún medio de
comunicación, en Europa puesto en Dubai, con las mayores restricciones que hay,
se incrementan esos montos. Imagínese que esto demanda toda una logística que
no se hace en un mes y que implica la participación de una organización mucho
más grande, que excede al señor Sofía.
“No hay una línea clara de política de Estado de combate al
narcotráfico”
—Y eso es lo que le hizo perder el miedo y volver a
denunciarlo en los medios, lo que usted decía que no fue querellante también
por temor inicialmente, y ahora cruza el Rubicón.
—La verdad es que sería muy ambicioso decir que tengo ese
poder de quien cruzó el Rubicón.
—En sentido metafórico me refiero.
—Pero sí.
—Cruzar el suyo.
—Justamente lo que siento es mucha desprotección. Siento que
los medios son el cuarto poder, que tienen un gran poder, que condicionan, y
bastante, el quehacer de los magistrados y funcionarios que les dan visibilidad
a los temas. Siento que el principio de publicidad de los actos de gobierno es
un principio muy importante, y que debe alcanzar a los tres poderes del Estado.
Por eso celebro que el Tribunal Oral haga públicos los alegatos, que haga
también públicos ahora los alegatos de los defensores.
—Usted se refiere al caso de Vialidad. Déjeme seguir con el
tema de la droga. Lo que usted está marcando, y lo que está viendo, es que está
llegando a la provincia de Buenos Aires, lo mismo que pasa hoy en Santa Fe, y
que no tomamos conciencia de la gravedad de lo que significa el narcotráfico.
¿Entendí bien?
—Sí, entendió perfecto. De lo que hay que tomar cabal
conciencia es de que nuestro país ya se está cartelizando, y el narcotráfico ha
avanzado hacia estamentos que exceden las fuerzas de seguridad. Ya tenemos un
juez federal de Salta que fue destituido por vínculos con el narcotráfico. A mí
me tocó investigar a un narcotraficante muy importante, Piturro Andrada, que
también su hija fue de algún modo protegida por el fiscal Scapolan en una
especie de arreglo, donde aparece el fiscal Scapolan en un video. Hablo porque
fui apartada de esa investigación del fiscal Scapolan, fiscal de San Isidro,
fui recusada y me apartaron en un procedimiento inédito. Y el juez federal de
Salta, cuyo apellido a veces olvido, fue destituido.
“Quiero aclarar que no estoy acusando a Ritondo ni a los
abogados de nada”
—Usted tiene ahí el caso de un juez en Salta, pero tiene el
caso del fiscal Scapolan aquí, que además no solamente era él, sino una
veintena de policías, de La Plata, Quilmes...
—Sí, policías de alta jerarquía de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires.
—¿Esto no sucedía hace veinte años, cuando usted comenzaba
su carrera no se encontraba este nivel de penetración del narcotráfico en
autoridades policiales, judiciales?
—Se encontraba porque recuerdo mi primera experiencia con
otro juez, Soto Dávila, que también fue destituido. Tuve un primer
procedimiento en Casilda, Rosario, Santa Fe, en un campo donde literalmente
llegó la Policía Federal por orden mía, porque veníamos en el marco de una
investigación con un cargamento que iba a llegar a ese lugar, muy importante.
Llega la Policía Federal e inmediatamente llega la Gendarmería, invocando una
orden del juez Soto Dávila. Literalmente terminaron en un combate de fuerzas y
el doctor Soto Dávila llamándome al celular del turno. Yo no tenía tanta
experiencia, si mal no recuerdo creo que tenía un año como jueza federal, y
estaba muy enojado y me transmitía que esa investigación era suya. Le dije que
no tenía ningún interés en quedarme con ninguna investigación que no me
corresponda. Lo único que le pedí fue que dejara que el personal que llegó en
primer término, que era la Policía Federal, cumpliera con la orden que yo le
había dado, el secuestro del cargamento y con las detenciones que había
dispuesto. Y después, si su investigación era más antigua y corresponde, me iba
a declarar incompetente. Certificamos los expedientes como es en el trámite
judicial, las cosas no se arreglan telefónicamente, no hay declaraciones de
incompetencia telefónicas. Tampoco correspondía que la Gendarmería nacional
vaya a enfrentarse, a provocar un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad, a
ver quién se quedaba con el procedimiento. Y así fue, su investigación era más
antigua, me declaré incompetente, se detuvo a las personas que había ordenado
que se detengan, se secuestró el cargamento, me declaro incompetente y se lo
remito a él. Y después pasó la suerte que debía pasar en el juzgado, que fue
años después destituido también por protección al narcotráfico. Lo propio que
pasó con este juez federal de Salta, que no recuerdo su apellido. Pero pasó con
el caso de Andrada, otro narcotraficante que también, en un trámite inédito,
cuando elevo el expediente a juicio oral, un cargamento muy importante, también
de cocaína acondicionada en camiones, que fue muy costosa toda esa
investigación a nivel humano, porque estas investigaciones llevan meses de
trabajo, horarios insólitos para nosotros, intervenciones telefónicas,
seguimientos. Cuando se habla de que tal vez un cargamento se va a trasladar,
capaz que es en días y horarios inhábiles, feriados, días de fin de
semana.
CUESTIÓN DE ACTITUD.
—Cuando usted habla con sus colegas de Santa Fe, ¿qué le
dicen, qué siente, se imagina eso en la provincia de Buenos Aires, de aquí a
cuatro o cinco años?
—Sí, si no se empieza a trabajar seriamente y se fija como
una política de Estado el combate contra el narcotráfico. Siento que el
narcotráfico ya está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal. De
hecho es lo que he visto con la investigación que tuve a mi cargo hasta que me
apartaron, en el caso del fiscal Scapolan, está la política, está el Ministerio
Público Fiscal y realmente hay pronunciamientos de jueces que uno no comprende,
que uno los acata porque son superiores, pero que realmente, como juez de la
instancia inferior, no veo que se esté respaldando a los jueces que tenemos la
decisión de avanzar firmemente contra el narcotráfico y contra el poder que
está detrás del narcotráfico, porque Sancho, por ejemplo, en su momento tenía
vínculos, son empresarios que hacen sus aportes a las campañas. Tenía vínculos
con el exgobernador Scioli, y son cuestiones que si el Poder Judicial no es
realmente un poder, no está fortalecido y trabaja claramente contra el
narcotráfico para combatir el narcotráfico con el Ministerio Público Fiscal...
Lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires también es que rige la ley de
la desfederalización, un delito de crimen organizado, que es como que el
consumidor o la venta al menudeo es un eslabón más dentro de la cadena de
tráfico. Lo investigan los jueces y fiscales provinciales, siendo que el
narcotráfico a gran escala pasa por la justicia federal, ya esa fragmentación
en la investigación va a contrapelo de querer avanzar verdaderamente en la
lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico no conoce de fronteras, como está
a la vista, menos va a conocer de distingo de competencia en razón de la
materia. Esto hay que revisarlo. O sea, la desfederalización, promovida en su
momento por el gobierno de Duhalde, va a contrapelo de cómo necesitamos
investigar el narcotráfico.
“Nosotros estamos poniendo todo en riesgo, hasta nuestra
vida”
—Doctora, quería entrar en el caso específico que la trajo
nuevamente a los medios, que tiene que ver con la recusación que finalmente le
hicieron por el caso de Scapolan. Hagamos una síntesis para legos de cuál fue
ese proceso, había un fiscal, importantes funcionarios de la Policía
Bonaerense, todos relacionados con el narcotráfico, cobrándoles extorsiones a
los narcotraficantes, ¿qué es lo que pasó, que usted finalmente terminara
recusada, y cuál es el contacto que la política tenía con estas personas que
hicieron que usted fuera recusada?
—Primero, lo que hay que aclarar es que la investigación
respecto de esta organización, que estaría integrada por el fiscal Scapolan,
funcionarios de su equipo de trabajo y más de una veintena de policías de alta
jerarquía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la DDI de Quilmes,
de La Plata, de Tigre, comienza por decisión de tres jueces de Tribunal Oral.
Llegan investigaciones de narcotráfico a la instancia de juicio oral y los
narcotraficantes terminan absueltos porque todo el procedimiento llevado
adelante por el fiscal Scapolan, con los funcionarios que con él colaboraban y
estos policías bonaerenses, es todo nulo. Y en consecuencia, estos jueces
tienen el deber de absolver a estas personas porque era insostenible el modo en
que se habían llevado adelante estos procedimientos.
—Deliberadamente.
—En el juicio oral se pone al descubierto que, por ejemplo,
faltaba la mitad del cargamento, donde los testigos del peaje dicen lo
contrario de lo que dicen los policías. Entonces hay tres jueces del tribunal
oral con rango de camarista, los doctores Alfredo Ruiz Paz, el doctor Díaz
Cabral y la doctora Morgese Martín, que ordenan sacar testimonios de todo lo
acontecido en el juicio oral de esas investigaciones importantes de
narcotráfico y lo envían a la Justicia Federal de San Isidro para que
investigue qué pasó con esos procedimientos, que en realidad...
“No hay una independencia firme, no se respeta el espacio
del Poder Judicial”
—Por ejemplo que faltaba la mitad del cargamento.
—Claro, ese es el caso de Leones Blancos, por ejemplo. Y acá
entran los sucesos de sicariato, que también son ya moneda corriente en la
provincia de Buenos Aires, y parece que les pasan inadvertido a los políticos
de uno y otro lado de la supuesta grieta, y también al Poder Judicial. No sé si
recordará el asesinato de Guastini, era un asesor financiero, una persona que
estaba imputada porque lavaba dinero del narcotráfico. Por ejemplo, en el caso
Leones Blancos, la cantidad de irregularidades que se detectan tiene que ver
con que Guastini, en el marco de otras investigaciones en las que él estaba
imputado, declara como arrepentido y da información, que después explica lo que
el Tribunal Oral sospechó. Por ejemplo, en esta causa de Leones Blancos faltó
la mitad del cargamento, Guastini declara que en realidad es él quien le da a
la Policía Bonaerense la información de que ese cargamento va a bajarse de una
quinta en Moreno, que tenía leones blancos, por eso se llama al procedimiento Leones
Blancos, que iba a bajar a Boulogne, por camino del Buen Ayre, Panamericana, de
hecho se los detiene ahí, al cargamento, frente al shopping Soleil. Entonces
Guastini, el 27 de diciembre del año 2013, llama a uno de los policías
bonaerenses de la DDI de Quilmes, el sargento Baeta, todo esto está probado con
las antenas telefónicas, dónde impactan, dónde estaba Baeta cuando recibe ese
llamado de Guastini, recibe ese llamado donde le da la noticia del cargamento.
Él estaba con el titular de la DDI, el señor Di Rosa, que inmediatamente lo
llama al fiscal Scapolan, siendo que no era habitual que hablen entre ellos.
Hacía como siete u ocho meses que las antenas no se conectaban, no había
comunicación. Inmediatamente después de ese llamado que Baeta recibe de Guastini,
se dirige rumbo a las cocheras de Guastini, que tenía una financiera en la
calle Florida, en el microcentro porteño. Su celular va activando celdas en
todo el recorrido hasta que llega a las cocheras. Entonces sigue a los narcos,
lo que hizo Guastini fue entregarle, seguramente con un interés económico, esa
información a Baeta, que hace el seguimiento, llega a la quinta de Moreno, y el
día 30 de diciembre nuevamente hay una comunicación de un personal policial de
la DDI de Quilmes con el fiscal Scapolan, una hora antes del supuesto llamado
anónimo, que después se descubrió que no existía tal llamado anónimo, que es el
que en teoría le avisa a la Bonaerense que iba a bajar un cargamento en ese
horario, ese día. Finalmente, falta la mitad del cargamento, con el fiscal y
los secretarios ahí presentes. La cámara nuestra les da más crédito a los
dichos de uno de los narcotraficantes que dice, por ejemplo, que los
secretarios estuvieron cinco minutos ahí y poco tiempo, pero que además el
cargamento ya se había trasladado, siendo que los empleados del peaje dicen que
no, que lo primero que se hizo fue la detención de las personas y que el
desplazamiento del cargamento se hizo mucho después, con lo cual sitúa a los
funcionarios en el lugar. A ver, si no hay una conducta deliberada, cuanto
menos hay una falta de idoneidad para continuar en el cargo si me roban medio
cargamento de tal magnitud. Entonces, los policías fueron procesados con
prisión preventiva por decisión mía y fue confirmado por la cámara. Los funcionarios,
los secretarios, fueron declarados en falta de mérito por la Cámara. Y cuando
llego también al procesamiento del fiscal Scapolan, soy apartada de la
investigación. Realmente no tenía ningún interés especial en investigar a toda
esta organización. De hecho, en un comienzo me había excusado por los dichos de
un informante que, como tantas otras personas en los expedientes en trámite
ante mi juzgado, tratan de aprovechar lo que ha pasado en mi familia, tratando
de generar intrigas de cuestiones que puedo haber resuelto o conocido, a raíz
de mi relación con Nisman. Entonces, cuando introdujeron esta cuestión, me
había apartado porque este informante hablaba en términos sumamente agraviantes
respecto de mi persona. Para evitar toda sospecha sobre mi imparcialidad, me
excuso y es la cámara la que me obliga a actuar. Entonces, cuando actúo,
investigo, avanzo, allano, detengo a los policías, allanamos la Fiscalía de San
Isidro que además, párrafo aparte, su competencia material es para la venta al
menudeo, no para cargamentos de esta magnitud. No debieron haber aceptado esa
intervención. La debieron haber derivado a la justicia federal.
SEÑORES JUECES FEDERALES.
—Si interpreto bien lo que usted nos está llamando la
atención y denunciando es que el narcotráfico no solamente atravesó el
Ministerio Público Fiscal, las distintas policías, sino también cruza la
política a través de la grieta transversalmente, en cada uno de los gobiernos.
Porque mencionaba recién a Scioli y al mismo tiempo, en el caso de Scapolan,
personas que trabajaban con Ritondo, y por lo que puedo entender, lo que marca
es que estamos frente a un fenómeno que es transgrieta, que atraviesa toda la
política argentina, que se cruza un límite que no existía hace veinte años,
donde a lo mejor había aisladamente algún funcionario judicial que no era
probo, pero que hoy ya llegó a los más altos estamentos de la política.
—Al fiscal Scapolan lo pone el fiscal Novo, que terminó
renunciando a su cargo en medio de, también investigaciones judiciales que
estuvieron a mi cargo vinculadas a todo lo sucedido en torno a aquel cargamento
que fue a España, del que fueron responsables y detenidos los hermanos Juliá.
Todo lo ocurrido en derredor del doble crimen de Unicenter, investigado en un
principio y durante muchísimos años por la justicia provincial, siendo que
materialmente desde el día uno se sabía que ese homicidio, por las personas de
que se trataba y fueron víctimas, estaba íntimamente vinculado con el
narcotráfico a otra escala. Novo, que tenía bastante protección política, en su
momento de la exprocuradora provincial, la doctora Falbo, que había sido
abogada del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Novo era un fiscal
muy cercano a otros políticos. Acá quiero aclarar un punto, que no quedó claro
porque en un programa de televisión donde hice referencia a excolaboradores del
exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ritondo, no quedó
claro. Los abogados defensores de Scapolan son los doctores D’Angelo y
Linfante, no es el doctor Marcelo Rochetti. Ahora D’Angelo es socio del doctor
Rochetti en muchísimos casos y defensas que llevan adelante. Sin ir más lejos,
la de este joven Nahuel del sur, que fue asesinado por el grupo Albatros de la
Gendarmería Nacional. Ahí el principal imputado tiene de abogados defensores al
doctor D’Angelo y al doctor Rochetti. D’Angelo y Linfante, como abogados de
Scapolan, me recusan. Su recusación no prospera, pero claramente todos los
imputados, porque estamos hablando de una organización, de hecho, los había
procesado con prisión preventiva a todos por integrar una asociación ilícita,
que la cámara deja sin efecto esa calificación. Pero no estamos hablando de
personas que no se conocen y que no estaban organizadas para realizar los
hechos que se les estaban imputando. Entonces, también los abogados manejan una
estrategia en común y quien tiene éxito en su recusación es el doctor Cuesta,
que es el letrado defensor de Maximiliano Jarisch, uno de los secretarios,
junto a Sanvitale, de la fiscalía del doctor Scapolan, quien es puesto a cargo
de la UFI especializada en drogas para investigar los casos de menudeo, que son
los que le competen en realidad a la justicia provincial. Scapolan es puesto
por el ex fiscal general Novo. Prospera la recusación de Juan Manuel Cuesta,
después de un procedimiento inédito que lo dije en reiteradas oportunidades,
porque realmente también es bastante desalentador. Y creo que esto es porque no
hay una política de Estado firme y clara del poder político vigente, ni de la
oposición de luchar contra el narcotráfico a gran escala.
“Cuando llego también al procesamiento del fiscal Scapolan,
soy apartada de la investigación”
—Ni del oficialismo ni de la oposición.
—Y, no la he visto. En abril de 2014, viajé a Mérida,
Yucatán, con el fiscal Domínguez y dos gendarmes, y secuestramos más de dos
toneladas de cocaína líquida que habían salido del puerto de Buenos Aires,
dentro de transformadores en un container. Fue un procedimiento que se
silenció, no tuvo repercusión. Había una denuncia de la DEA. Había sido
judicializado por el área de narcotráfico de la Policía Federal, en el Juzgado
Federal de Morón estaba archivado el expediente. Nosotros llegamos por otras
vías a un depósito en Haedo donde se acondicionaban los transformadores y había
un mexicano ingeniero químico, que trabajaba en ese acondicionamiento para que
superara ciertos controles de radar. Entonces, nosotros estamos poniendo todo
en riesgo, hasta nuestra vida. Me solidarizo siempre con las víctimas y he
revisado mucho de mi actuación.
—¿A quién le atribuye, doctora, que sus superiores actúen de
esa manera?
—A que no hay una independencia firme, no se respeta el
espacio del Poder Judicial. Lo estamos viendo con estas recientes declaraciones
del Presidente. Lo que el ciudadano de a pie hoy pide es que cada funcionario
haga lo que tiene que hacer, que el Poder Ejecutivo con sus ministros se
dediquen a administrar bien el país, que es lo que más necesitamos, y que deje
que el Poder Judicial trabaje en lo que tiene que trabajar.
—A ver si lo entiendo, cuando se refiere a sus superiores se
refiere también, por ejemplo, a Casación, que fue quien dio la recusación.
—El doctor Mariano Borinsky en dos oportunidades declara la
nulidad del pronunciamiento del juez Marcelo Fernández, que me confirma a cargo
del expediente. El doctor Borinsky, que sabemos que ha tenido sus
cuestionamientos y no sé si tiene en trámite pedidos de juicio político, por la
relación que tenía de asiduidad en su trato con el expresidente Macri. Entonces
lo que quiero aclarar, porque hay un malentendido, es que nunca dije en aquella
entrevista televisiva que el doctor Rochetti fuera abogado defensor en la causa
Scapolan. En realidad, cuando lo mencioné, aclaremos que D’Angelo también fue
asesor de Ritondo en el Ministerio de Seguridad, como también fue asesor del
intendente Ducoté, que hoy está procesado y elevado a juicio por administración
infiel, por decisión e investigación del doctor González Charvay. Entonces
D’Angelo también fue asesor de Ducoté, de Ritondo, y Rochetti fue asesor en la
Legislatura, fue asesor en el Ministerio de Seguridad y cuando mencioné al
doctor Rochetti es porque él también consiguió de la Cámara de Apelaciones de
San Martín, fue decisión del doctor Lugones, camarista y además miembro del
Consejo de la Magistratura. Me aparta en otra investigación donde sí es abogado
el doctor Rochetti, que es una investigación donde...
“No tengo miedo y no voy a tener miedo nunca porque, si no,
dejaría el cargo en el que estoy”
—Doctora, permítame bajarlo a los legos el tema de derecho,
usted lo que plantea es que sus superiores, que también integran el Poder
Judicial, no tienen independencia suficiente frente a la política. Cuando usted
dice que el Poder Ejecutivo, que la política, acepte la independencia de la
Justicia, sus superiores son del Poder Judicial.
—A mí hay cosas que no me constan, pero por ejemplo, se ha
dicho que varias de estas decisiones tienen que ver con distinto tipo de
presiones en los trámites de juicio político. Nunca vi declaraciones de
nulidad, un trámite que se diga lo que se dijo en esas nulidades.
—Esos jueces, sus superiores, están siendo presionados por
los políticos.
—Se habló de una visita de Malena Galmarini, dicho por
propios funcionarios de la actual intendencia de Tigre, de una visita a la
Cámara de San Martín. No me consta, pero sí me lo han transmitido propios
integrantes del municipio de Tigre. Y con respecto al doctor Rochetti, lo que
quiero aclarar es que él es abogado defensor de una persona que me encontraba
investigando hace tres años por denuncia del doctor Mario Villar, titular de la
Procelac, en una causa de lavado de activos vinculadas a transferencias y
triangulaciones con varios clubes de fútbol, de jugadores de fútbol, donde tuvo
incluso trascendencia mediática en México, porque está vinculado al lavado de
activos proveniente del narcotráfico. La hipótesis que cuanto menos se plantea,
yo le había delegado la investigación al fiscal federal Domínguez, yo no estaba
a cargo de la investigación, estaba actuando como juez de garantías. Quien
lleva adelante la investigación es el doctor Domínguez. Ahora bien, cuando la
Cámara me aparta por decisión del doctor Lugones, el que lo plantea es Marcelo
Rochetti. El juez que me reemplaza sube a un sistema que es Lex 100, todos los
legajos de investigación. Incluso aquellos que en una investigación seria
debieran mantenerse reservados para poder avanzar. Trabajo de ese modo, para mí
el secreto de sumario es una norma vigente. No ocultarle a la defensa aquello a
que tiene derecho a acceder y tiene acceso como parte al expediente, pero sí
hay herramientas procesales para evitar que se ponga en riesgo el avance de una
investigación.
“Hay que encarar una política de Estado contra el
narcotráfico y la corrupción”
—Lo que usted denuncia finalmente es que percibe un accionar
benévolo con el narcotráfico de sus superiores, y asume que puede tener que ver
con la relación o las presiones de sus superiores con políticos de todo tipo,
porque menciona a Ritondo, Scioli, Aníbal Fernández, Malena Galmarini, está
cruzado en todas las fuerzas políticas una presión hacia los camaristas y a los
miembros de casación por parte de la política.
—No digo que todos estén presionando a todas estas personas.
Lo que sí digo es que hay mucho temor,
pero si tienen temor, no pueden estar en los cargos que están. Porque no es un momento
para tener miedo, me parece que no es un momento para actuar con tibieza. Y que
además no es algo que perciba yo. Le pregunto a usted, después de este
resultado de la detención de este señor Sofía involucrado en este cargamento, y
le preguntaría a cualquier lector de su matutino, qué piensan de que una
persona haya...
—... estado dos años y medio en libertad.
—Haya estado dos años y medio en libertad siendo que
después, cuando vuelve a la cámara, mi colega, el juez Lino Mirabelli, lo
vuelve a procesar, pero esta vez sin prisión preventiva. O sea que Sofía siguió
en libertad porque lo volvió a procesar, porque Domínguez reforzó las pruebas.
Consiguió aún más pruebas que demostraban que era Sofía muy probablemente el
autor de esas amenazas. Mi colega lo procesa, pero sin prisión preventiva
porque considera que había estado a derecho todo este tiempo, que no hay
riesgos. Sí, la verdad que hay riesgo de fuga, riesgo de entorpecimiento, no
hay. Pero creo que es muy grave que amenacen a un juez federal y a sus hijas
menores de edad, invocando hechos de homicidios, como fue el de Candela y el de
Nisman. Entonces me pregunto si esos jueces se pusiesen en mi lugar, cómo
estarían ellos con decisiones como las que debo acatar.
—¿Usted, por ejemplo, habló con el doctor Lugones y le
planteó este tema?
—No, porque es mi superior.
—Y se lo pongo en otro punto.
—Siento que no hay nada que hablar. Pero no, sería un
alzamiento respecto de ellos. Son decisiones que puedo aceptar en el plano
funcional, ahora en el plano personal, siento el deber de que esto se sepa y se
conozca. Porque a mí, mis superiores y no a mí, a mis hijas, las han puesto en
riesgo. Y ahora lo confirmo con el procedimiento del doctor Adrián González
Charvay, a quien le estoy muy agradecida. No tengo miedo y no voy a tener miedo
nunca porque si no, dejaría el cargo en el que estoy. Entonces tomo mis
recaudos. Sin duda mi vida no fue la misma después de que liberaron al señor
Sofía. Primero, no fue la misma después de que pasó lo que pasó con Nisman.
Después recibo amenazas graves. No claudico en mi tarea, en mi labor, en mi
deber funcional. Investigo seriamente y a conciencia y avanzo contra quien
corresponda avanzar sin importarme el poder económico, el poder político. Si
no, tengo que renunciar a mi trabajo.
—Recuerdo en alguna de las entrevistas que le hice al
presidente de la Corte, donde el doctor Rosatti decía que si se tenía miedo
había que renunciar, usó exactamente el mismo término que usted utilizó. Y el
doctor Rosatti, junto con otros miembros de la Corte, fueron a Santa Fe a dar
apoyo y hacer visible la situación de los jueces y los fiscales de la provincia
de Santa Fe. ¿No cree que es momento de hacer algo parecido con los jueces y
fiscales de la provincia de Buenos Aires y del sector por lo menos más urbano,
de la provincia de Buenos Aires?
—¿Cambió algo después de esa visita?
—Supongo que no. ¿Y qué habría que hacer entonces?
—No fui a esa visita. No fui convocada primero porque no
formo parte de esa asociación de jueces federales que lidera el doctor Ariel
Lijo, no porque no me hayan invitado, sino por decisión mía, porque no comparto
la mística, por decirlo de algún modo. No comparto el estilo de trabajo de
varios de mis colegas que forman parte de esa asociación y fundamentalmente de
quienes la lideran. Porque no puedo hacer la vista a un lado de cosas que veo
en los expedientes. Entonces quiero ser consecuente con mi postura. Para mí
lamentablemente eso, al no haber cambiado nada, fue más una muestra de
debilidad, algo declamativo, más que operativo. O sea, creo que llegó el
momento en que todos, los políticos, los jueces, los fiscales, hablen de lo que
hay que hablar, que no perdamos más el tiempo, y que se fije como una política
de Estado auténtico la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, porque
están íntimamente vinculados. Entonces, estamos en un momento que es bisagra
para la sociedad, porque hay muchísimas familias que no quieren que sus hijos
sigan enfermándose. Tengo hijas adolescentes y veo lo que pasa. Por un lado hay
mucho desconocimiento, hay padres que hasta les dicen a sus hijos que un
porrito no es nada. Perdón por el término chabacano. O sea, un cigarrillo de
marihuana no es nada, tienen mucha desinformación. Me gustaría que a este
espacio usted pueda convocar a un neurólogo, a un psiquiatra y puedan
explicarles a esos padres que confían en que es como si se sobrepasan con un
poco más de alcohol. En realidad, en las psiquis débiles pueden desencadenar
enfermedades psicóticas que no tienen vuelta atrás. Brotes psicóticos,
esquizofrenia, según me interioricé y me informé de parte de quienes saben, yo
no sé de esto. Pero me han dicho que hay casos de personas y he tenido el caso
de un chico que luego hacía amenazas de bomba, que hasta se ha desalojado
Unicenter, lo ha hecho contra Lolapalooza, y terminó con una enfermedad de esta
naturaleza como consecuencia del alto consumo de marihuana. Entonces se
comienza, pero frente a una psiquis débil desencadena brotes psicóticos que no
tienen vuelta atrás, no hay una regresión, tienen que estar con medicación de
por vida. Entonces eso es el porrito. Después tenemos las drogas sintéticas, la
pastillita que parecen las fichitas de los juegos de Hello Kitty, he tenido el
primer secuestro de magnitud de pastillas de diseño, de drogas sintéticas, de
MDMA, de éxtasis. Eso es totalmente nocivo para la salud. ¿Entonces los padres
queremos que nuestros hijos se sigan enfermando? Que terminan como personas que
no pueden desarrollarse como adultos con su psiquis sana. Estudiar, trabajar,
progresar, formar una familia. Ese es su deseo. El consumo de drogas los
enferma, y trae muchos delitos asociados el narcotráfico. Lo he visto en
México, lo he palpado cuando viajé, el terror que tenía la fiscal frente a
nuestra insistencia en requisar esos transformadores.
—La fiscal mexicana.
—La fiscal mexicana. Los escáneres no detectaban la droga,
porque había sido acondicionado por un ingeniero químico mexicano, que se
agarró a los tiros en Belgrano, en mi primer procedimiento, se atrincheró a los
tiros. La fiscal mexicana me dice: ¿pero allá cómo son los abogados en estas
causas de narcotráfico? Y a mí me quedó grabado porque no era tan consciente,
esto aclaro que fue en abril de 2014. Para mí hubo un antes y un después de
Nisman, donde empecé a prestar atención, que hay abogados y abogados.
—¿Y cuando le decía cómo son los abogados allá, qué le
contaba, cuál era la diferencia de cómo eran allá?
—Porque allá es como que los abogados eran parte integrante
de la organización y a veces actuar de cierto modo tenía sus vueltos, en México
ya sabemos la realidad que tristemente se vive. No era muy consciente, de hecho
hay algunas fotografías de ese procedimiento. A mí me pusieron custodia, pero
era como que no me podía mover casi, ni ir al baño, por los fusilamientos que
había cuando se hacían esos procedimientos, esto era con apoyo de gente de la
SIDE, de la Policía Federal, con vínculos de gente que estaba ya trabajando en
estos cargamentos en Rosario, y con vínculos al Cártel de Sinaloa, acá en
Argentina, operando en Argentina. El doble crimen de Unicenter se despejó, fue
a manos de barrabravas del Club Boca Juniors. Si usted bucea un poco sobre
quiénes tuvieron a su cargo la seguridad del Club Boca Juniors...
—Déjeme hacer un corolario, usted recuerda que los griegos
sostenían que no existía el mal sino la ignorancia, y que muchas veces el mal estaba
asociado a la ignorancia. Obviamente, esa postura más ingenua no la ha tomado
toda la filosofía a lo largo de la historia. Pero hay dos miradas. Por un lado,
uno podría decir aquí que estos superiores suyos, que son volubles a las
presiones de los políticos, los políticos que presionan a sus superiores y
reciben favores de estos narcotraficantes a través de, podríamos decir,
pantallas que permiten crear un firewall entre quien es el narcotraficante y el
político que recibe un apoyo de una campaña, ¿pueden tener ignorancia de la
gravedad de la situación? Esa es una de las hipótesis, y la otra es
directamente que tienen una convivencia, un contubernio con el narcotráfico.
Déjenos un mensaje final. Entiendo que usted lo que viene a denunciar es ese
tema. ¿Dónde está la raíz del problema, la responsabilidad de quienes tienen
más responsabilidad, que son sus superiores y los políticos?
—El mayor problema es la falta de educación y la crisis de
valores y de principios que atraviesa toda nuestra sociedad, en todas las
instituciones y en todos los estamentos de la sociedad. La falta de educación
en valores, en principios, la falta de conciencia de que este país se puede
tornar intransitable. Siento que hay como una postura de sálvese quien pueda.
—O sea, primero ignorancia.
—Sí, porque no se está capacitando a los jóvenes, por
ejemplo.
—Me refiero ignorancia respecto de la gravedad de la
situación.
—Y tampoco se capacita a los jóvenes en las consecuencias
que tiene para su propia vida, para su salud, el consumo.
—Primero serían las autoridades.
—No hay una línea clara de política de Estado de combate al
narcotráfico.
—¿Fue distinto del gobierno de María Eugenia Vidal, hubo un
combate al narcotráfico distinto, hubo conciencia en ese sentido? Porque cuando
vemos lo de Ritondo parecía ser una contradicción.
—No estoy acusando a Ritondo, quiero aclarar, ni a los
abogados, de nada. Lo que estoy diciendo es que ya no hablemos de decretos
vigentes y leyes que nos imponen a los funcionarios que estuvimos en funciones,
que una vez desvinculados del cargo, no podemos por cierto lapso de tiempo
trabajar en ciertas cuestiones vinculadas a nuestra profesión.
—De Ritondo, que ya había dejado de ser parte del Ministerio
de Seguridad.
—Hay asesores que, si estuvieron en el Ministerio de
Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a los seis meses defender personas
imputadas por vinculaciones al narcotráfico donde están implicados policías de
la provincia de Buenos Aires es, cuanto menos, éticamente muy reprochable.
—Permítame salir de una persona en particular, porque era
Ritondo por un lado, también era asesor de Monzó, hablábamos de un juez de
casación que tenía relaciones con Macri, es decir, no es una persona en
particular, sino es el sistema político en general que penetra en todas las
áreas del sistema político.
—O sea, a los jueces los designan los políticos, los
camaristas que han tomado esta decisión de liberar a este narcotraficante, no
obstante la gravedad de las amenazas realizadas y el caudal probatorio que
había, que cierto es, se podía profundizar aún más, pero con el que había era
suficiente, en mi opinión, lo digo como persona, como víctima, no me constituí
como parte, con lo cual no tengo derecho a agraviarme, pero sí a haber tomado
recaudos sobre esto, porque este señor seguía en libertad. Entonces, a esos
jueces, a esos camaristas, los ha designado el macrismo, ellos entraron en
funciones con el macrismo, que a veces son cosas que uno no entiende. Nosotros
tenemos una asociación de magistrados y funcionarios que tiene tres listas.
Están todas vinculadas a la política, totalmente politizadas, no pertenezco a
ninguna. Y estos camaristas, pese a que alguno de ellos es de la lista celeste,
que sería la lista más que suele defender ciertas posturas vinculadas al
kirchnerismo fueron designados durante la gestión del macrismo. Es verdad que
hay un concurso público de oposición y antecedentes, pero luego en la terna la
decisión es política, finalmente. Entonces lo que me parece a mí, el único
mensaje que creo que estoy en condiciones de dar es que...
—El mensaje finalmente es a los políticos, son los políticos
los que designan a los jueces. Entonces yo entiendo bien su mensaje, es a los
políticos: no tienen idea del lío en el que se están metiendo.
—Que tengamos una política de Estado clara, de lucha contra
el narcotráfico y que nos dejen a los jueces que queremos trabajar, no siendo
un sello de goma, porque a mí la zona de confort de ser juez federal no me
interesa, porque si estoy ahí, es porque tengo vocación. Entonces que nos dejen
trabajar en lo que a nosotros nos corresponde trabajar. Y los políticos que
hagan política, que hagan gestión, que administren, que recuerden cuáles son
sus deberes y funciones, lo que pueden y lo que no pueden hacer. El 99 y 100 de
la Constitución Nacional le dice muy clarito al Poder Ejecutivo lo que tiene
que hacer. Y el 109 también le dice lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo,
que es inmiscuirse en las funciones del Poder Judicial.
—Hagamos el corolario, volviendo al principio, esto comenzó
con el tema del presidente Alberto Fernández, opinando en la causa de Vialidad,
haciendo un parangón entre el fiscal Luciani y el fiscal Nisman. Y ahora lo que
nos encontramos es que en el tema de narcotráfico finalmente intervienen
haciendo lobby de personas que están conectadas con el narcotráfico, sobre los
camaristas o los tribunales superiores, casación. O sea, concretamente lo que
vemos es que en el caso de lo del presidente Fernández sobre Luciani, como en
estos casos que usted menciona de narcotráfico, está el mismo problema,
¿interviene la política sobre la Justicia?
—Sí, creo que eso lo estamos viendo todos lamentablemente.
Como parte del Poder Judicial, siento que tenemos que hacer honor al cargo que
tenemos y al poder al que pertenecemos y fortalecer el Poder Judicial. No es
que los cargos nos dan a nosotros una honorabilidad por encima del resto.
Nosotros tenemos que honrar el cargo, así como el Presidente debe honrar su
cargo, porque su voz, su palabra, tiene un peso muy distinto a la del resto, es
la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, con lo cual expresiones imprudentes
pesan, y mucho.
—Derraman.
—Claro, derraman, como nos pasa a todos los que nos
desempeñamos en el ejercicio de la función pública. Por eso quiero aprovechar
este espacio para aclarar y le agradezco que me haya dado la oportunidad. Si
hubo cuestiones que no dije claramente y que ensuciaron la imagen, el nombre,
la trayectoria, el prestigio, no es mi intención perjudicar la carrera política
de nadie, sino que todos los políticos, justamente que todos tomen conciencia y
que encaremos una auténtica política de Estado contra el narcotráfico y la
corrupción, porque si no, nuestra sociedad va cada vez más a caer en todo este
escenario de cartelización y escenas de sicariato, y fuga de talentos de todos
aquellos jóvenes que quieren estudiar y trabajar honesta y dignamente en un
país que tiene una gran riqueza, y que evidentemente no se está sabiendo cómo
administrar por las distintas gestiones.
Producción: Sol Muñoz y Sol Bacigalupo.
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