Presos y penitenciarios dirigían “negocio narco” desde la cárcel: cómo cobraban
Buscan determinar las conexiones entre presos y agentes penitenciarios para la venta de drogas dentro y fuera del penal de Paraná; el sistema de pago se hacía a través de medios electrónicos, confirmó el fiscal.
Una investigación judicial y policial busca determinar las
conexiones entre presos y agentes penitenciarios para la venta de drogas dentro
y fuera de la cárcel de Paraná; el sistema de pago se realizaba a través de
transferencias bancarias, pago en efectivo por parte de terceros e incluso, por
la plataforma Ualá, se confirmó a Elonce.
En el marco de la causa, este martes, se concretaron 14
allanamientos: uno en la Unidad Penal de Federal, dos en cárcel de Paraná, y en
los barrios Jauretche, Paraná XX, Paraná XVI, Paraná XIV y uno en zona céntrica
de la capital entrerriana. Tras el operativo, se produjeron nueve detenciones y
se incautó material informático, teléfonos, dinero, estupefacientes,
documentación varia, tarjetas de crédito y débito.
“Se investiga la comercialización de estupefacientes dentro
de la Unidad Penal Nº1 de Paraná con el ingreso de estupefacientes y otros
elementos prohibidos, conforme el reglamento, tanto por parte de familiares de
los detenidos como, en el caso de la sospecha, de dos agentes penitenciarios”,
confirmó a Elonce el fiscal Santiago Alfieri.
La investigación está a cargo de los fiscales Santiago
Alfieri y Martín Wasinger, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación,
junto a la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos.
“La sospecha fue sobre la actividad de comercialización de
estupefacientes dentro de la unidad penal y la cobranza, virtual y bancaria
electrónica, tanto dentro como fuera de la cárcel, con cuentas habilitadas para
tal efecto”, explicó el fiscal. Y aclaró: “Las transacciones sospechadas se
dieron tanto por bancarización tradicional electrónica, como por las nuevas
plataformas de billeteras virtuales: Ualá”.
De acuerdo a lo que refirió Alfieri, “los elementos
secuestrados son fuentes de información que nos llevarán a acreditar, por
ejemplo, que determinado teléfono era el que se empleaba dentro de la unidad
penal”. “El contenido de las agendas de los teléfonos de las cuentas vinculadas
y de las registraciones que puedan haber dentro de los dispositivos
electrónicos son fundamentales para corroborar la sospecha de la
investigación”, ratificó el fiscal.
“Los procedimientos son un paso más en las acreditaciones y
a algunas ya las tenemos por los resúmenes bancarios, las identificaciones de
los titulares y las actividades en concreto”, confirmó.
Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio que
sería de la familia Siboldi, conocida en el ambiente policial, aunque no se
conocieron mayores precisiones sobre la investigación, dado que la misma
todavía está en curso.
Nueve detenidos
Alfieri comunicó que, tras los procedimientos, se produjo la
detención de nueve personas en Paraná y en Concepción del Uruguay; y permanecen
en la búsqueda de otras dos, uno de los cuales, es un funcionario del Servicio
Penitenciario.
En tanto, las dos personas que ya estaban alojadas en
unidades penales fueron trasladadas, por autorización de los Juzgados de
Ejecución de Paraná y Concordia, a Alcaidía de Tribunales y a disposición de
Fiscalía. Según lo confirmó el fiscal, “en el penal de Federal estaba una de
las personas sospechadas que antes estuvo alojada en Paraná”.
“En la Unidad Penal Nº1 se produjo un allanamiento con dos
objetivos: para el relevamiento de teléfonos secuestrados en una sala de
depósitos y para la requisa de un pabellón específico y asegurar el traslado de
uno de los internos”, explicó.
En relación a los detenidos, Alfieri anticipó que se
evaluará, entre este martes y miércoles, a quiénes corresponde limitar su
libertad personal y a quiénes no.
El pago de la droga era por medios electrónicos
“Hubo transacciones electrónicas bancarias, depósitos en las
cuentas investigadas y entregas de dinero, conforme testigos de identidad
reservada para la protección de esas personas y de quienes están internos en la
Unidad Penal Nº1, los que tuvieron que entregar dinero en determinados lugares
a ciertas personas, que luego fueron vinculadas con uno de los dos agentes
penitenciarios y otros familiares de internos a los que fueron a pagar a los
barrios donde este martes se produjeron los allanamientos”, reveló el fiscal a
Elonce al detallar cómo operaba la banda que nuclea a presos y agentes del
Servicio Penitenciario.
“En base a la información bancaria que fundamentó la
autorización del Juzgado de Garantías, a cargo de Juan Hipólito Carlín, para
acceder a los procedimientos, sería una misma organización, lo que no implica
que estas personas solo apliquen a esta organización porque, por ejemplo, un
funcionario del Servicio Penitenciario está siendo investigado por un hecho
autónomo respecto al hallazgo de droga en el área de Sanidad de la Unidad Penal
Nº1”, reveló el fiscal.
Cómo continúa la investigación
El fiscal anticipó a Elonce que pedirán las autorizaciones
correspondientes al Juzgado de Garantías para acceder al contenido de los
dispositivos electrónicos que fueron secuestrados, para su análisis. Asimismo,
confirmó que “fueron relevados, en distintos lugares, anotaciones con resúmenes
y referencias a las cuentas bancarias sospechadas”.
Cómo surgió la sospecha
“Por un lado, la investigación se inició con una
presentación de la jueza de Ejecución de Penas de Penas, luego de los
procedimientos realizados en julio del año pasado; y por la novedad que tuvimos
este año en el área de Sanidad de la Unidad Penal Nº1, donde tuvimos la primera
conexión entre las dos situaciones, se profundizó a partir del seguimiento de
las actividades, inicialmente, bancarias y de teléfonos vinculados, con las
cuentas bancarias que nos brindaron las herramientas que habilitaron a que el
juez Carlín diera la venia para proceder a los allanamientos y detenciones”,
repasó el fiscal. (Elonce)
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