Bordet busca estatizar el negocio gasífero entrerriano y choca con Massa
Revocó por decreto el servicio de gas que presta en la provincia una concesionaria nacional. Doble desafío para Enargas y Energía. La réplica de la compañía.
Con una polémica movida que promete generar chispazos con el
área energética nacional que está bajo la órbita del ministro de Economía,
Sergio Massa, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pretende manotear el
negocio de la distribución de gas en la provincia que opera una concesionaria
nacional para transferirlo a una empresa estatal local.
Horas antes de emprender una gira por Singapur y Vietnam con
representantes del empresariado y del funcionariado de las provincias que
integran la Región Centro, Bordet suscribió el decreto 3912 por medio del cual
dispone unilateralmente la “revocación” del contrato de concesión vigente con
la gasífera privada Gas NEA y le solicita al Enargas que proceda a nombrar como
nueva licenciataria del servicio a la estatal Compañía Entrerriana de Gas S.A.
(CEGSA).
Si bien las primeras reacciones remarcaron que se trata de
un “gesto político para la tribuna que carece de un sustento legal sólido”, la
jugada del gobierno entrerriano implica un doble e inesperado desafío tanto
para el ente regulador conducido por el abogado kirchnerista Osvaldo Pitrau
como para la secretaría de Energía controlada por la massista salteña Flavia
Royón, quienes ahora deberán hacer frente a la movida estatizadora de Bordet.
Mientras siguen con atención los movimientos de la
provincia, las restantes distribuidoras de gas que dependen del gobierno
nacional y varios especialistas del sector coinciden en señalar que la
administración de Alberto Fernández tendría que salir rápidamente al ruedo para
rechazar la medida y ratificar las reglas de juego del negocio gasífero que
rigen a nivel nacional.
Consideran que, si no hay una respuesta clara y definitiva,
el avance entrerriano podría convertirse en un leading case que habilitaría a
otras autoridades provinciales a seguir el mismo camino para segmentar las
concesiones nacionales y transferir la operación y prestación del servicio
gasífero a sus propias empresas provinciales de energía.
Para justificar la revocación de la concesión de Gas NEA, el
gobierno de Entre Ríos puso como argumentos la existencia de “visibles
incumplimientos de las obligaciones asumidas por la firma distribuidora y el
quebrantamiento de la ecuación económica del contrato”. El decreto firmado por
Bordet menciona –sin identificar quién la hizo— que “una auditoría determinó
que la distribuidora no realiza un mantenimiento adecuado de las obras de
infraestructura gasífera que realizó la provincia con fondos propios; que llevó
a cabo una deficiente política comercial en comparación con otras
distribuidoras del país y que carece de un plan de negocio, por lo que sólo ha
logrado la conexión de la mitad de los usuarios potenciales”.
Agregó, además, que Gas NEA “no ha expandido el servicio a
las demás provincias de la Región Novena; se ha presentado en dos oportunidades
en concurso preventivo y que el Enargas promovió acciones tendientes a la
revocación de su licencia debido a que no cumplió las inversiones obligatorias
comprometidas”.
Tras disponer la revocación en el ámbito provincial de la
concesión de Gas NEA, el decreto establece que se notifique la medida al
Enargas y se solicite a ese organismo nacional “la habilitación provisoria para
que la Compañía Entrerriana de Gas S.A. se haga cargo de la prestación del
servicio”.
Con el decreto en la calle, el Fiscal de Estado de la
provincia, Julio Rodríguez Signes, salió a meterle presión al ente regulador.
“Una vez que reciba el decreto, el Enargas resolverá la cuestión en un plazo
determinado para garantizar la prestación del servicio. Quien concede la
licencia para distribuir el gas es el Enargas y por lo tanto deberá disponer
quien prestará el servicio con la debida garantía”, apuntó Rodríguez Signes.
Retruco y descargo
Por su parte, la conducción de la empresa retrucó los
supuestos incumplimientos endilgados por la provincia y aseguró que cuenta con
“un patrimonio adecuado y suficiente a los fines de solventar la prestación del
servicio”.
La distribuidora gasífera –cuya concesión nacional abarca
también las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones– es piloteada
desde 2013 por un grupo empresario local que también controla las
transportistas eléctricas regionales del NOA y NEA y que logró sacar a la
empresa de la convocatoria de acreedores que había heredado de la anterior
sociedad controlante que encabezaban Alejandro Urtubey, hermano del
exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y la Federación de Trabajadores de
Luz y Fuerza (FATLyF).
Tras advertir que acudirá a todas las instancias administrativas
y legales para defender sus derechos, la directiva de Gas NEA destacó que “se
cumplió con creces con las inversiones comprometidas en la Revisión Tarifaria
Integral (RTI) de 2017, pese a la interrupción registrada en los mecanismos de
actualización tarifaria”. La compañía añadió que, a contramano de lo que dice
la provincia, en la última década se registró un incremento del 62% de la
cantidad de clientes y no existe ningún trámite, ni expediente del Enargas
tendiente a revocar la concesión.
Además de Gas NEA, que presta el servicio de distribución en
la mayor parte del territorio provincial, el negocio gasífero en Entre Ríos
tiene otras dos jugadoras destacadas.
Una de ellas es Redengas SA, empresa privada que se encarga
del suministro gasfiero como subdistribuidora en la capital provincial de
Paraná y tiene como accionista mayoritario a Holding Intergas, de capitales
italianos. La otra es la empresa estatal provincial CEGSA, la actual operadora
del Gasoducto Troncal Entrerriano que construyó la provincia y a la cual ahora
Bordet busca anexarle los servicios de distribución de Gas NEA.
Antonio Rossi
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