Vitor: "Nunca puede ser transparente una provincia que aún no tiene reglamentado el acceso a la información pública"
Esteban Vitor, diputado de Juntos por el Cambio, reflexionó sobre las deudas pendientes que tiene la provincia de Entre Ríos en materia de transparencia y acceso a la información pública, en ocasión de la reunión del Consejo Federal para la Transparencia que sesionará en Paraná el próximo 8 de noviembre.
“Resulta inaceptable que el gobierno continúe alardeando con
esta temática, presentándose prácticamente como la provincia más transparente
del país cuando, por una clara falta de voluntad política, el oficialismo
provincial ha impedido que avancen en la legislatura un sinnúmero de proyectos
destinados a reglamentar y a hacer verdaderamente operativo el derecho de
acceso a la información pública y otros derechos que garantizan la
transparencia, alguno de los cuales ya tiene más de 6 años de antigüedad”,
señaló Vitor.
“En Entre Ríos el derecho de acceso a la información pública
está reconocido en la constitución desde el año 2008, pero carecemos de una Ley
Provincial que lo reglamente y lo haga totalmente operativo por falta de
voluntad del gobierno provincial”. En materia de transparencia estamos muy
lejos de lo que ocurre a nivel nacional, donde existe la ley 27275, impulsada y
sancionada durante la gestión de Mauricio Macri con el claro objetivo de mejorar
la calidad de nuestro sistema democrático. En ese proceso fue fundamental el
acompañamiento y apoyo del entonces Ministro del Interior, Rogelio Frigerio,
para materializar la aplicación de la mencionada norma en las provincias, a
través del Consejo Federal para la Transparencia, creado por la misma ley. A
partir de ello trabajamos la primera propuesta de Ley de Acceso a la
Información Pública en Entre Ríos, con importantes aportes de Marina Carbajal,
entonces Subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia de la Nación. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Constitucionales,
en manos del oficialismo, nunca trató el proyecto”, explicó el diputado de
Juntos por el Cambio.
Seguidamente ilustró: “Desde mi rol como legislador
provincial he trabajado muchísimo en la reglamentación de derechos que
promuevan la transparencia del Estado, ya que ello se traduce en una mayor
calidad del gobierno. Así presenté diversas propuestas que colaboran en este
sentido, como la reglamentación del plazo de respuesta de los pedidos de
informes, proyectos para garantizar el control y seguimiento de la deuda
pública entrerriana y para transparentar el control de las contrataciones de
alta significación económica, por mencionar algunos”
“Pero el tema es más grave en términos institucionales,
porque tampoco se cumplen las leyes vigentes en materia de transparencia, como
por ejemplo, la Ley 10.771, de mi autoría, que establece la publicación en el
Boletín Oficial de los decretos del Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de su
dictado y en formato completo, con sus anexos, algo que no ocurre actualmente,
ya que la demora en la publicación alcanza los 3 meses y no en todos los casos
se publican los anexos, atentando claramente contra los principios de la
transparencia de los actos de gobierno”, manifestó Vitor.
En materia de transparencia el oficialismo ni siquiera ha
cumplido con su propia agenda. Así oportunamente acompañamos la ley con la cual
se iba a implementar el expediente electrónico, herramienta elemental para
desterrar el secretismo de la gestión pública, sin embargo, desde su
promulgación, poco y nada se ha hecho en ese camino, lo que coloca a Entre Ríos
como una de las provincias más atrasadas en este tema. Hoy está todo dado para
transparentar la administración, pero parece que hay una decisión de no avanzar
en ese sentido.
Concluyendo, Vitor señaló que “la transparencia y el acceso
a la información pública deben dejar de entenderse como derechos “lejanos” a la
gente, ya que cuándo se cumplen las garantías que estos establecen, se está
promoviendo la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, el
control de los actos públicos de gobierno y, fundamentalmente, se amplía el
ejercicio de otros derechos humanos que el Estado debe garantizar”
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