La historia secreta de la causa Vialidad: los insultos de Néstor Kirchner y la confesión de Elisa Carrió con Bergoglio
A fines de noviembre de 2008, el fiscal Gerardo Pollicita se jugó e hizo un requerimiento de instrucción por la denuncia de Elisa Carrió de asociación ilícita contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez y otros.
Unas horas después, el Procurador General de la Nación, Bebe
Righi, llamó a Pollicita para trasmitirle que Kirchner lo llamó para
preguntarle “si a ese hijo de remil putas lo nombramos nosotros”.
La frase adelantaba el nivel de presiones K que provocó la denuncia
de Carrió sobre 30 casos, entre ellos, el direccionamiento de la obra pública a
favor de Báez en Santa Cruz.
El juez Julián Ercolini delegó la "papa caliente"
en Pollicita, quien dividió la megadenuncia en 13 expedientes.
La denuncia Carrió la presentó junto con los entonces
legisladores (propios y aliados) Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca,
Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa
“Tata” Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Morán.
El escrito lo había redactado la entonces joven abogada
Paula Olivetto mientras amantaba a su beba y Carrió tomaba todos los días la
comunión en la iglesia de San Nicolás de Bari "para darse fuerza ante las
amenazas". En esos días, confesó lo que había descubierto al entonces
cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio.
“Si el Papa Francisco quiere revelar ahora mi confesión lo
autorizo”, dijo Carrió ahora a sus asesores. En estos días, la ex diputada no
quiere formular declaraciones y está preocupada porque si la Justicia hubiera
actuado rápido “se podría haber evitado el robo de millones de dólares al
Estado”.
La causa original fue caratulada “Kirchner, Néstor y otros
sobre asociación ilícita” y fastidió al ex presidente, quien había logrado que
Cristina Kirchner lo sucediera en el poder un año antes. Clarín y otro diario
fueron los únicos dos medios que publicaron la denuncia de Carrió.
Frente a ese clima de presiones, Carrió se entrevistó con
Ercolini y “solo le pidió que no cerrara la causa”, contaron a Clarín fuentes
de la Coalición Cívica.
Hizo 21 ampliaciones con ese objetivo hasta que en el 2016
la causa tomó un giro probatorio enorme. El interventor macrista de Vialidad,
Javier Iguacel, por las manifestaciones de los 1.500 despedidos que dejó el cierre
de Austral Construcciones se metió a investigar qué había pasado en San Cruz y
meses más tarde hizo una denuncia técnica contra Austral que recayó también en
Ercolini.
En 2016 Pollicita logró que esa denuncia se fusionara a la
denuncia original de Carrió usando el principio de "fuero de
atracción" y así nació la causa 5048 del 2016 caratulada “GRUPO AUSTRAL y
otros s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.”
Este causa fue elevada hace tres años y medio al Tribunal
Oral Federal 2 que la recaratuló como causa 2833 “Fernández de Kirchner
Cristina Elisabet y otros infracción a los artículos 173, 174 y 210 del Código
Penal”.
En este expediente fue en la que se condenó, este martes, a
6 años de prisión a la vicepresidenta por fraude al Estado. Cuando murió
Kirchner en el 2010 prescribió la acusación en su contra, que era igual o más
grave que la de Cristina.
En 2008, Pollicita dividió la denuncia de Carrió en las
siguientes áreas:
1. Los contratos destinados a la realización de obras viales
y los celebrados en el marco del Plan Federal de Vivienda.
2. La concesión de áreas petroleras.
3. Los contratos por los juegos de azar.
4. Las licitaciones promovidas por el OCCOVI.
5. Los presuntos casos de lavado de dinero vinculados a las
empresas que participan en los contratos de obra pública.
6. Las irregularidades en la Secretaría de Transporte de la
Nación.
7. Casos de irregularidades vinculadas al sector de trenes y
subterráneos.
8. La creación de LAFSA (la línea aérea del Estado que nunca
voló), el acuerdo con la empresa privada Southern Winds y el otorgamiento de
subsidios.
9. El frustrado proyecto del tren bala Buenos Aires-Rosario.
10. Obras para interconexión eléctrica.
11. El fideicomiso para los negocios con Venezuela.
12. El desvío de fondos destinados a recuperar la capacidad
técnica de la central nuclear Atucha II.
13. Licitaciones irregulares para la construcción de
cárceles federales.
Los ejes señalados por el fiscal Pollicita constituían un
verdadero mapa que revelaba “una matriz” de la corrupción kirchnerista.
La estrategia judicial de Carrió fue dejar de hacer
denuncias de corrupción aisladas -como habían hecho con el ex presidente Carlos
Menem- y tratar de que existiera una sola megacausa en la que se investigaran
todos estos casos de contratos del Estado por el delito de "asociación
ilícita", lo cual implica cometer delitos en una banda organizada y agrava
las penas.
El juez Ercolini aceptó la división de hechos del fiscal y
abrió distintas causas. Meses más tarde, Carrió incluyó a Cristina Kirchner,
acusándola de encubrir negociados de su marido con Lázaro Báez.
“Carrió esperaba que Cristina, cuando asumió, echara a De
Vido y a los 'cajeros' del Gobierno, pero no lo hizo”, contó un asesor suyo.
La denuncia tenía un tono particular: Carrió y Cristina
habían sido amigas hasta que la entonces legisladora del Frente para la
Victoria no quiso firmar el dictamen de mayoría sobre el lavado de dinero de
2001. Fue porque la diputada Graciela Ocaña descubrió que los 650 millones de
los fondos de San Cruz habían pasado por la financiera Mercado Abierto y
Cristina buscó ocultar esas carpetas.
Antes de la denuncia ante Ercolini, Carrió había elaborado
dos informes sobre la obra pública K y la cartelización de los contratos con el
Estado.
Así convocó una noche "en camisón" a Olivetto y le
advirtió: “Kirchner va a robar como la mayoría de los gobernadores: con la obra
pública”.
En su entorno no le creían pero descubrieron que Báez había
empezado los negocios, antes que con Austral, con la empresa Badial en la que
figuraba un hijo del traficante de armas a Ecuador y Croacia, Diego Palleros.
En el 2003, Raúl Espinosa, titular de Pesquera San Isidro,
se reunió con Carrió y le habría revelado detalles de lo que ella definió como
"la mafia pesquera" que financiaba al kirchnerismo. A los días,
Espinosa fue asesinado. Clarín fue el único medio que publicó esa denuncia.
Una de las reacciones que la alentó fue la renuncia del
entonces ministro de Justicia y actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti,
al gobierno de Kirchner tras su informe sobre negociados con la construcción de
cárceles para no avalar la maniobra.
A medida que aumentan sus denuncias, los K la trataban de
"loca" y desconocidos le dejaban balas en la puerta del departamento
que le alquilaba a la familia de Lolita Torres sobre la avenida Santa Fe.
Varias de sus denuncias se apoyaron en informes de la
Auditoría General de la Nación que el radical Leandro Despouy lograba sacar
tras pelearse con los operadores K del organismo.
A medida que sus denuncias salían en Clarín y otros medios,
como el programa de TV Periodismo para Todos de Jorge Lanata, se le acercaba
más gente a pasarle información.
“Una vez, por ejemplo, la amante de Kirchner Miriam Quiroga
le contó que empresarios del transporte dejaban bolsos con coimas debajo del
escritorio de Ricardo Jaime y éste se los pasaba al secretario de Kirchner,
Daniel Muñoz”, contaron en su entorno. Pero la causa original no avanzaba,
fundamentalmente porque Vialidad no colaboraba.
Hasta que el ministro de Transporte de Macri, Guillermo
Dietrich, convocó en diciembre de 2015 a un joven ingeniero petrolero que venía
de trabajar en Africa, Javier Iguacel, para trabajar en Vialidad.
“Me advirtió de ir en contra de las coimas y que solo iba a
ganar para el pancho y la Coca”, contó a Clarín el actual intendente de Capitán
Sarmiento. Cuando se le preguntó si Macri le dio la orden de denunciar a Lázaro
Báez, lo negó y dijo que no conocía entonces a Carrió ni el mundo de la
Justicia.
Pero a poco de asumir, “me encuentro con el quilombo de
1.500 despedidos de Austral en Santa Cruz, cortes de ruta, manifestaciones
frente a mi despacho y reclamos por obras sin pagar”.
“Llamo al director de Vialidad en Santa Cruz y no me
atiende. Pero a la noche me llega un fax con un acta de la secretaria de
Trabajo de Santa Cruz que decía que Austral cerraba ¡porque nosotros no le
pagábamos!”, contó.
Entonces, “me puse a investigar para conocer el quilombo y
le pido al director de Tierra del Fuego que vaya a Río Gallegos y me informe.
Me habló de obras que se pagaron y no se hicieron y otras irregularidades que
me alarmaron”.
Luego pregunté “cuando se le debía a Austral y me dicen que
se le pagó todo e incluso 10 días antes del cambio del gobierno le dieron un
adelanto”. Así decidió Iguacel “intervenir el distrito de Santa Cruz y luego me
empezaron a llegar informes escandalosos”.
Después se descubre el caso de los bolsos del secretario de
Obras Públicas, José López y resultó que “era el mismo que aparecía en esos
informes y por eso, también, hice la denuncia”.
Iguacel sabe que su denuncia se sumó a la causa original de
Carrió pero no conoce más detalles jurídicos. Recordó que una vez habló con la
líder del ARI y le explicó su denuncia en términos técnicos y cómo habían
logrado bajar “el costo de la obra pública en un 50 por ciento o más” con
medidas de transparencia.
Pero a medida de que descubría más irregularidades,
aumentaban las amenazas.
“Dispararon un balazo contra los vidrios de mi oficina y sindicalistas
amenazaron con ir a escrachar a mi familia en Capitán Sarmiento. Por eso tuve a
toda mi familia custodiada”, recordó. “Y como a usted Santoro, los K me
hicieron falsas denuncias y la Justicia demostró mi inocencia”, acotó.
Mientras se prepara para festejar su cumpleaños número 66 en
su casa de Exaltación de la Cruz, Carrió contó a su entorno que “en la causa
Vialidad se demostró que funcionó una asociación ilícita en el Gobierno, pero
si algunos jueces y políticos no quieren aplicar ese delito a funcionarios,
entonces, que la deroguen del Código Penal”.
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