Lapidario informe sobre las condiciones de detención en comisarías de Entre Ríos
Los organismos de derechos humanos presentaron los resultados de una recorrida en catorce comisarías y alcaidías de la provincia, en el marco de un proyecto de inspección en lugares de encierro transitorio. Señalaron que la situación “es verdaderamente alarmante” y advirtieron que “ciertas prácticas poseen la fuerza de llevar estos centros de detención a los márgenes de la legalidad acercándolos a la clandestinidad”.
La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos
presentó un durísimo informe sobre las condiciones de detención en comisarías y
alcaldías de la provincia, al que presentó como “un llamado de atención a las
autoridades públicas” en cuanto a la garantía, respeto y realización de los
derechos humanos de las personas detenidas.
El informe, presentado este jueves en el salón Amanda Mayor
del Rectorado de la Uader, recoge evidencias colectadas en visitas sorpresivas
que se realizaron durante el mes de septiembre en catorce comisarías y
alcaidías de la provincia.
En cada sitio se analizó el estado edilicio, la seguridad e
higiene de cada uno, la alimentación de los detenidos, su estado de salud y el
régimen de visitas y actividades recreativas que realizan.
“En caso extremos, ciertas prácticas poseen la fuerza de
llevar estos centros de detención a los márgenes de la legalidad acercándolos a
la clandestinidad. Podemos citar el ejemplo del detenido que pasó diez días sin
que se diera aviso a las defensoras oficiales o de las personas privadas de la
libertad durmiendo en el piso, con frío y golpeadas en muchos casos”, se reveló
en el documento.
El equipo de investigación concluyó que “la situación de las
personas privadas de la libertad en lugares de encierro transitorio de la
provincia de Entre Ríos es verdaderamente alarmante en materia de garantía,
respeto y realización de los derechos humanos” y advirtió que las condiciones
de detención en comisarías presentan rasgos similares a los de una unidad
penal, “con la particular diferencia de que se puede identificar un discurso
que busca justificar que las medidas de seguridad son tendientes a evitar
autolesiones o lesiones a terceros”.
En ese punto, señalan los organismos de derechos humanos que
“la falta de luz en los calabozos se explicaba así por el riesgo que implica la
electricidad para las personas privadas de su libertad; la ausencia de
utensilios para comer, en función de evitar lesiones; la entrega de frazadas
limitada y solo a la noche por el peligro que conlleva para eventuales
ahorcamientos; los incompletos cerramientos de ventanas para evitar roturas y
posibles autolesiones, también las pésimas condiciones sanitarias”.
También hicieron notar que “las reglas de detención
trascienden las condiciones climatológicas”. Por ejemplo, las mantas y
colchones se entregan de noche; y durante el día quedan depositados “en pésimas
condiciones de limpieza”.
Se describen además algunas situaciones insólitas: en la
alcaidía de tribunales, que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ),
existe una cortina de plástico transparente térmica que está colocada en una
puerta reja entre el pasillo de las oficinas y el pabellón. Los guardias
explicaron que está allí para concentrar el aire aclimatado en el sector administrativo
y evitar que el aire acondicionado se disperse hacia las celdas.
Prácticas lesivas
La investigación se desarrolló en el marco de un proyecto de
inspección en lugares de encierro transitorio impulsado por los organismos de
derechos humanos, a través de Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, y
aprobado por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. La tarea de
coordinación estuvo a cargo de Lucía Tejera y Matías Ayastuy.
Además, se articuló con el Ministerio Público de la Defensa,
con el Área de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Uader y con la
Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social de la UNER.
“Esta articulación entre los organismos de derechos humanos
y las universidades se explica por el hecho de ser éstas escenarios
fundamentales para la construcción y disputa de sentidos, generando pensamiento
y conocimiento crítico, promoviendo el desarrollo de una conciencia política y
la sensibilidad social y cultural necesarias para articular y abordar las diversas
realidades que hacen al entramado social”, se consignó.
De lo expuesto en el informe surge de manera prístina que
las condiciones de alojamiento y detención en estos lugares de encierro
transitorio resultan lesivas para la dignidad de las personas detenidas.
La mayoría de las dependencias policiales corresponden a
estructuras edilicias muy antiguas e incluso algunas presentan riesgo de
derrumbe. Sin embargo, se advierte un fuerte contraste entre el “buen estado
general de las mismas en el área administrativa y de atención al público” en
comparación con el área de las celdas y alojamiento de detenidos, donde “se
comprobó la precariedad general, tanto edilicia como higiénica en la que
coexisten las personas privadas de la libertad”.
El informe sostiene que “en todos los casos se verificó en
la zona de celdas” y describe el cuadro de situación: “Humedad en las paredes y
pisos, paredes sin revoques y/o pintura, pisos y cielorrasos rotos, conexiones
eléctricas expuestas y precarias, falta de iluminación artificial y natural,
falta ventilación (ventanas selladas), falta de calefacción, sanitarios rotos,
escaso acceso al agua corriente y en relación a la ropa de cama no se les
otorgan sábanas ni almohadas, y los elementos como colchones y abrigo de cama se
encuentran en pésimas condiciones siendo proporcionados de manera escasa (una
sola frazada por persona) y sólo durante la noche”.
Este escenario se agrava especialmente en la Comisaría
Quinta de Paraná, o contravencional, donde “los espacios comunes se encontraban
también sumamente deteriorados poniendo en riesgo la integridad física de las
personas privadas de la libertad y de los funcionarios policiales”.
Algo que no pasó inadvertido para los observadores es que
“al momento de la inspección, pudieron visualizarse numerosos trabajos de
mejoras edilicias, aunque ninguno contemplaba la mejora en la zona de celdas,
calabozos, sanitarios, etcétera destinados a personas privadas de la libertad”.
Además, las celdas y sus respectivos sanitarios lucían
“extremadamente sucios y con olores nauseabundos en la gran mayoría de las
dependencias, a pesar de que en muchos casos los pisos se encontraban húmedos,
notándose la reciente limpieza”. En la comisaría contravencional de Paraná, por
ejemplo, “hay letrinas sin puertas y con materia fecal distribuida en el piso”
y “no hay lavatorios”.
Otro dato que advirtieron con preocupación es que “muchas de
las mejoras de infraestructura no demandarían una importante erogación
económica sino, más bien, una afectación específica de parte de los fondos a
los fines de dignificar el alojamiento de personas privadas de la libertad”.
En cuanto a la alimentación, “presenta rasgos comunes en
todos los establecimientos, en cuanto a mala calidad”. Los detenidos reciben
dos comidas al día (almuerzo y, a veces, cena); no existe un plan nutricional
ni previsión para garantizar menús específicos para personas con celiaquía,
hipertensión, diabetes o cualquier otra condición crónica. Y eso impacta
también en la alimentación de los policías.
Pagina Judicial
No hay comentarios.