Un juez fue suspendido y se inició un proceso por acoso laboral y violencia de género
El juez laboral Eduardo Elías Flores, de Concepción del Uruguay, fue suspendido y se le abrió un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño de sus funciones y por tener una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo. El combo de causales incluye situaciones de hostigamiento y maltrato laboral a empleados y denuncias falsas contra abogados litigantes.
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrir un proceso contra
el juez laboral Eduardo Elías Flores, de Concepción del Uruguay, y dispuso su
suspensión en el cargo mientras dure la investigación, que no podrá extenderse
por más de seis meses.
Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, en representación de dos
abogados de Concepción del Uruguay y una ex secretaria del juzgado a cargo de
Flores, lo denunciaron por presunto mal desempeño de sus funciones y por tener
una conducta pública y privada incompatible con las funciones a su cargo.
En la denuncia se expuso “una variada cantidad de
comportamientos o conductas del juez Eduardo Elías Flores, llevadas adelante
durante el ejercicio de su función, demostrativas (…) de graves desórdenes de
conducta, o inexcusables comportamientos incompatibles absolutamente con la
altísima función judicial o derechamente violatorios de claras normas a las
cuales deben sujetar su actuación los magistrados de una república, precedidas
del decoro, la prudencia, el recato, la ejemplaridad y, sobre todo, de un piso
mínimo ético infranqueable”.
La apertura de causa y suspensión del juez fue dispuesta por
el Jurado de Enjuiciamiento integrado por Verónica Mulone, Luis Leissa, Daniel
Carubia, Gisela Schumacher, Leonardo Portela, Armando Gay y Gustavo Zavallo.
El tribunal, además, le corrió vista al procurador general,
Jorge Amílcar Luciano García, que interviene como fiscal en el proceso, para
que formalice la acusación en un plazo de quince días hábiles.
En un caso, se denunció que el juez Flores acusó falsamente
a dos abogados haber intentado cometer estafa procesal en un proceso laboral,
es decir, incorporar datos falsos en el expediente para inducirlo a fallar a
favor de su cliente. El magistrado lo dijo expresamente en la sentencia, pero omitió
hacer la denuncia penal a la que estaba obligado, “solo para sentenciar a favor
de la parte contraria” y, a la vez, cargarlos con las costas de ese proceso,
dijeron los letrados. Sin embargo, aquella acusación fue descartada de plano en
la instancia de apelación y por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que
aseguraron que no existió la conducta que el juez les atribuye.
Los letrados aseguran que la intención del juez Flores era
“cobrarse antiguos desencuentros con el magistrado, a quien alguna vez uno de
nosotros no satisfizo una aspiración u objetivo de índole material”.
En otro pleito laboral, con los mismos protagonistas, el
juez rechazó un pedido para correr vista al agente fiscal de turno ante una
“evidente” situación de falso testimonio y adulteración de instrumento privado.
Los letrados aclararon que “en modo alguno” pretendían
formación de un jury por resultar la sentencia del juez contraria a sus
expectativas, sino que en los fallos sobrevuela “de modo constante una actitud
indecorosa y hasta abusiva de parte del magistrado (…) además de inclinar su
pluma siempre en contra de nuestros postulados partiales, inventando
descaradamente situaciones que no existieron o, derechamente, endilgándonos
conductas delictivas”, agregaron.
En un caso, sostienen que el juez Flores incurrió en un
incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no denunciar lo que
consideraba un acto de estafa procesal; en el otro, le atribuyen un posible
encubrimiento; y en ambas situaciones advierten sobre la “inexcusable
arbitrariedad rayana en desviación y abuso de poder, sino en una senda
claramente prevaricante”.
Otro hecho que se incluyó en la denuncia da cuenta de que el
juez Flores habría solicitado a una abogada del foro local que le asignara
algún tipo de tarea de procuración o trámite que pudiera realizar su esposa. En
un principio, dicen los denunciantes, el pedido “fue totalmente informal”, pero
luego el magistrado habría enviado un contrato, redactado por él mismo, con la
firma de su esposa, pero estableciendo una relación laboral con la socia de
aquella abogada a quien le solicitara trabajo inicialmente. Ello así para
evitar excusaciones o recusaciones futuras. Es que la abogada a quien le había
solicitado que contratara a su esposa litigaba en el fuero laboral, no así su
socia.
Un lobo jugando en el bosque
El magistrado, además, fue denunciado por una ex empleada
del Juzgado del Trabajo Número 1 de Concepción del Uruguay por hechos de
violencia laboral y personal que la sumieron en una profunda depresión y
forzaron a renunciar al cargo.
La mujer había ingresado al juzgado en 2017, unos meses
antes que Flores fuera designado juez. Lo hizo como titular de un cargo de
oficial principal; y tiempo después el magistrado la propuso como secretaria
letrada interina.
En su caso, dijo haber sufrido “una cerril, ilegal,
ilegítima y hasta patológica persecución y sistemático plan de denigración y
desgaste” de parte del magistrado, hasta que renunció a su cargo de secretaria
letrada interina y luego también, “desgastada y desahuciada hasta límites
intolerables”, a su cargo titularizado de oficial principal, según lo hizo
constar en la denuncia.
La ex funcionaria judicial, también abogada, detalló una
serie de actitudes “características del acoso laboral, psicológico y moral,
orientadas a desmoralizar mi práctica profesional, a destruir las redes de
contención y trabajo ya generadas con el equipo, a obstaculizar el ejercicio de
mis tareas laborales y, en última instancia, a forzar mi renuncia”. El
magistrado también denunció penalmente a la ex empleada y le prohibió el ingreso
al Juzgado del Trabajo a su cargo.
“Sostenida en el tiempo, esta situación fue generando un
desgaste emocional y moral que hacía de mi trabajo, hasta entonces fuente de
desafíos y de satisfacción profesional, un verdadero infierno y calvario. Fui
desarrollando con el correr de las semanas un cuadro depresivo: me costaba
salir de la cama, afrontar mis tareas cotidianas, no podía pensar en otra cosa
que no sea el profundo hostigamiento que el doctor Flores me provocaba en mi
espacio de trabajo”, expuso en la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento.
“Dentro de su mecanismo de maltrato buscaba generar
supuestos de falta de cumplimiento a mi trabajo, acusándome de no cumplimentar
debidamente con mis tareas (…) y comenzó paralelamente a denigrar mi trabajo y
poner abiertamente en duda mis aptitudes profesionales”, agregó la ex empleada
judicial.
Las situaciones de maltrato, de acuerdo con lo expuesto en
la denuncia, habrían comenzado a partir de los reparos que puso la mujer ante
un pedido del magistrado para elaborar un proyecto que Flores le describió como
“una suerte de guía de buenas prácticas recomendadas para empleadores de
grandes empresas, con el propósito velado de evadir conflictos de orden
judicial laboral”.
La ex empleada judicial dice que el proyecto le resultaba
incompatible con la práctica profesional y “éticamente impropio de un
funcionario judicial” e incluso sugirió que “algunas actitudes suyas (del juez
Flores) trasuntaban ciertos objetivos económicos por fuera de su función
judicial, pero orientado al sector empresario”.
A raíz de la hostilidad y maltrato, la mujer se contactó
primero con un psiquiatra del Poder Judicial y luego con la Oficina de la
Mujer, solicitando asesoramiento para poder manejar su situación; pidió
licencia médica y finalmente presentó su renuncia, “ante la necesidad de
generar ingresos y la imposibilidad anímica y emocional de volver a
desempeñarme en el juzgado”, según expuso en la denuncia.
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