Enriquecimiento e indagatoria de Urribarri y unos 7 millones de dólares sin justificar
El exgobernador Sergio Urribarri fue imputado y citado a indagatoria para el próximo 14 de junio.
La audiencia se realizará en el marco de la causa por
enriquecimiento ilícito iniciada en noviembre de 2015, tras una denuncia
periodística de la revista ANALISIS. Al parecer, fue clave la pericia contable
oficial realizada, que determinó que Urribarri no pudo justificar unos 7
millones de dólares en su abultado patrimonio. En horas de la tarde de este
jueves fueron notificados los abogados defensores de Urribarri. El
exgobernador, a la misma hora, se encontraba en el acto de Cristina Fernández
en La Plata.
Cabe recordar que el 7 de abril del año pasado Urribarri fue
condenado a 8 años de prisión por los delitos de Negociaciones Incompatibles y
Peculado, y debió renunciar a su cargo diplomático como embajador en Israel.
La causa por enriquecimiento ilícito -que contó con el
empuje de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes tras la
publicación de ANALISIS presentaron un escrito ante la justicia para que se
abra causa contra el exgobernador- tuvo un fuerte envión inicial a principios
de 2016. Incluso, tras otra nueva
publicación hubo un allanamiento en Capital Federal, que sirvió para encontrar
importante documental.
Fue cuando uniformados de la Policía Federal irrumpieron –a
mediados de agosto de 2016- en el edificio donde está registrada la empresa
Kriptax Inc SA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los fiscales Santiago
Brugo y Patricia Yedro los atendió el contador José Saúl en las oficinas de
Junín 658, piso 6, torre B, oficina A, donde está registrada la firma de la
familia Urribarri. Los efectivos policiales secuestraron todo tipo de
documentación, computadoras, pen drives, otros medios de almacenamiento de
información y elementos que pudieran ser de interés. Los allanamientos se
realizaron exactamente una semana después de las pesquisas en la casa y la
imprenta de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador. Fue en 2008 que, en
esas oficinas de calle Junín, se asentó la firma Kriptak Inc, comprada a dos
punteras barriales de la provincia de Buenos Aires, que vivían del cobro de
planes sociales y que, evidentemente, fueron utilizadas como testaferros, tanto
de Urribarri como de otros kirchneristas, que pusieron a sus nombres por lo
menos 14 empresas en el país. Kriptax es de los hijos del gobernador, Mauro
Gabriel y Sergio Damián, aunque luego se sumó también Bruno, el futbolista. Sin
embargo, la empresa recién comenzó a operar en 2013 y en enero de 2014 recibió
un crédito de 1.012.000 pesos que le otorgó el Banco de la Provincia de
Formosa, dependiente del gobierno de Gildo Insfran, un aliado del kirchnerismo.
En un principio el objeto de la sociedad era la «construcción, refacción y
reciclado de inmuebles». Pero a partir del desembarco de la familia Urribarri,
la firma pasó a dedicarse a las actividades agropecuarias y la explotación de
establecimientos rurales en inmuebles propios o arrendados compra venta cría y
engorde de ganado vacuno ovino porcino o equino», entre otras actividades
vinculadas al campo.
Cuando vieron los papeles, se encontraron con que el
administrador de Kriptax era un viejo amigo de Urribarri: José Luis Galván, de
San Salvador, a quien el exgobernador conoce muy bien desde principios de los
’80.
Esos papeles indicaban que tenían más producción que lo que
podía dar una hectárea sembrada y las ganancias eran netas; no había costos de
gasoil o de alquiler de maquinarias. A
los fiscales les quedó claro la relación de amistad y negocio del exgobernador
con su administrador agropecuario, pero recién allanaron su domicilio y los de
sus empresas en San Salvador y Concordia, varios años después de iniciada la
causa. Lo hicieron en marzo de 2019. Urribarri era empleado bancario en General
Campos en los ’80 y los fines de semana colaboraban con su mujer en el boliche
bailable de Galván, que se llamaba Nipur. Fue el abuelo de Galván quien creó la
estación de servicio que luego quedó enmarcada en la empresa Transoil SRL, que
pasó a ser una pyme familiar, que tiene «cultivo de arroz» entre sus
actividades, según los registros de la AFIP. Galván fue concejal del PJ y
coordinador de la Dirección Provincial de Vialidad en la primera administración
urribarrista. En San Salvador todos lo señalan como un supuesto testaferro de
Urribarri y con un importante crecimiento económico a partir del segundo
mandato del exmandatario. A fines de 2012 formó la empresa Majo SA, relacionada
a la compra de Molinos Centro, en Villa Clara, en el departamento Villaguay.
Transoil creció notablemente en cuanto a su capacidad exportadora y lo mismo
sucedió con Majo SA que llega a destinos como Bolivia, Brasil, Chile, Irak,
Libia, Perú y Venezuela. En 2012, y como representante del negocio arrocero,
Galván se sumó a la numerosa misión comercial a Angola, donde se presentaron
las insólitas cosechadoras truchas. También adquirió un departamento en Punta
del Este.
El allanamiento se produjo siete meses después de la
denuncia periodística de Analisis digital, donde se reveló la existencia de una
de las empresas agropecuarias de Urribarri, dedicada a la siembra de arroz y
soja. En la misma oficina donde está registrada Kriptax Inc SA, también tiene
su domicilio legal la empresa Agro Premium SA, que integraban los hermanos del
exgobernador, Jorge Guillermo Ramón y Armando Arturo Urribarri (fallecido a
mediados de abril de 2016), y el hijo mayor del exmandatario, Sergio Damián
Urribarri.
Por esos días, Urribarri se venía manteniendo callado, pero
rompió el silencio tras el allanamiento a su contador en Buenos Aires. «No hay
ningún problema con ningún procedimiento que ordene la Fiscalía. Me considero
un judiciable como cualquier ciudadano y considero que me beneficia que el
Ministerio Público Fiscal tenga toda la documentación que desee en el menor tiempo
posible. Por supuesto que quienes buscan mi escarnio ante la opinión pública
van a salir con una nueva oleada de declaraciones. Pero no me importa, tengo el
cuero duro, voy a pelear y estoy seguro de que la Justicia va a aclarar estos
asuntos», dijo el entonces presidente de la Cámara de Diputados de la
provincia. Recordó además que «voluntariamente hemos ofrecido toda la
documentación de las dos firmas en las que tiene participación mi familia, el
movimiento de fondos y recursos y los bienes que tenemos y todo eso se
demostrará que es consistente». Se refería a Kriptax, como así también a Agro
Premium. «Es una locura estar contestando cada cosa que se dice. Ahora sólo
queda que trabajen los peritos contables y que el Ministerio Público Fiscal se
expida sobre si hay motivo para abrir una investigación penal o si esto se
archiva», acotó. «Soy consciente del manto de sospecha que se ha generado sobre
mí y que eso ha logrado poner en cuestión toda la obra de gobierno y la de todo
el peronismo que me acompañó y me acompaña; pero eso no me amedrenta. Voy a
seguir en la acción política porque, hacia atrás, cada día que pasa se hace más
destacada nuestra obra de gobierno y, hacia adelante, más evidente la necesidad
de ayudar a convocar voluntades para que la sociedad entrerriana no pierda sus
objetivos de desarrollo que es algo a lo que uno no debe renunciar nunca»,
indicó, tratando de lograr obvias adhesiones dentro del justicialismo.
Kriptax Inc, por ejemplo, según los papeles de Urribarri, es
la dueña de la fastuosa casa del Lago Salto Grande, que se hizo antes de que la
empresa agropecuaria comience a dar algunas utilidades. Poca gente de Paraná
conoce la mansión urribarrista, que nunca fue allanada, pese al paso del
tiempo. Precisamente, porque fue hecha y ubicada en un lugar de difícil acceso
y al que solamente llegan «amigos y hermanos», como dicen los Urribarri, casi
como un sello, tanto el padre como sus hijos. Pero quien la ve se impacta; por
sus dimensiones y también por el nivel de gasto e inversión que existe en cada
rincón. La construcción comprende unas 10 habitaciones, cada una con su baño en
suite. Posee una amplia pileta de natación, un quincho de importantes
dimensiones (seis metros por diez, aproximadamente); cocina, comedor y living
comedor para más de 20 personas, con equipos de split en cada rincón de la
residencia. Pero también dispone de diversos lugares de servicios, algo
alejados del casco central, con determinadas zonas construidas de modo
especial, con algunas elevaciones, para poder ver el lago en su amanecer o
atardecer. La cancha de fútbol es profesional, con medidas reglamentarias y un
césped perfectamente acondicionado, con riego artificial permanente. Se puede
acceder por aire o por el lago, pero no cualquiera lo puede hacer, por un
perímetro de seguridad establecido. El que quiera llegar por tierra debe
conocer perfectamente la forma, porque hay curvas y contracurvas. Además, la
tranquera está ubicada a por lo menos dos kilómetros de la residencia
principal. Y nadie se puede acercar al lugar, con alguna embarcación que no
esté autorizada. Algunos curiosos cuentan que más de una vez recibieron
disparos policiales de advertencia, de agentes apostados en lanchas en
proximidades del lugar, en tiempos en que Urribarri gobernaba esta provincia.
En la actualidad, en el lugar existe un importante viñedo que crearon y
explotan los Urribarri.
Las dudas en torno a la administración de Kriptax,
comenzaron a crecer en ámbitos de la investigación judicial, a poco de arrancar
la pesquisa. Todo indicaba que se inscribió en la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) como empresa explotadora de soja, al final del 2013.
«O sea que la primera cosecha, en el mejor de los casos, la obtuvo en
julio/agosto 2014. Y en arroz lo hizo recién en 2015, con lo cual en 2016
recién habría recogido los frutos de esa cosecha. Y fueron, además, los peores
años en rindes y en precios internacionales. Esto quiere decir entonces que
durante siete largos años negreó su actividad y, por ende, evadió Ganancias», razonó
uno de los fiscales, con toda la lógica. Pero también consideraron que faltaba
a la verdad en los argumentos presentados ante la justicia, por sus abogados
Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende. Allí se consignaba, por ejemplo,
que con las utilidades de Kriptax, Urribarri pudo comprar la fastuosa mansión
del lago de Salto Grande. «Es mentira que el producto de su evolución en los
agronegocios le permitió construir esa casa en la península de Salto Grande.
Cuatro años antes de iniciar sus actividades en la agroindustria, la casita del
Lago ya estaba construida. ¿Por qué se fondeó en el Banco de Formosa y ni
siquiera eso está declarado en AFIP? ¿Por qué constituyó las tres sociedades en
Capital Federal y allí tienen sus domicilios, siendo que al menos las
agropecuarias, según sus palabras, llevan sus actividades adelante en Entre
Ríos?», se preguntó en su momento el abogado Pagliotto. «En rigor de verdad,
este hombre no blanqueó estas sociedades vinculadas al agro para evitar que se
le reprochase un doble estándar y o relativismo moral. En rigor, no blanqueó
las mismas porque tenía perfecta conciencia del origen ilícito e ilegítimo de
ambas. A Urribarri lo tienen absolutamente sin cuidado los aspectos de la vida
vinculados con la ética y la moral republicana. Son conceptos y virtudes que no
cuentan en su existencia», remató.
El dibujo de Urribarri
El abogado Marcos Rodríguez Allende concurrió en los
primeros días de febrero de 2016 a las oficinas del Ministerio Público Fiscal,
para presentar un escrito de 20 carillas. Era la justificación patrimonial de
bienes de Sergio Urribarri para la causa por enriquecimiento ilícito. O sea, lo
que se cuidó bajo siete llaves desde esa fecha hasta por lo menos la redacción
de este trabajo periodístico.
«En primer lugar, corresponde afirmar que quienes me han
denunciado no han realizado ninguna investigación respecto a los que hechos que
invocan y, sin embargo, me atribuyen la supuesta comisión de un delito
tipificado en el artículo 268, inciso 2 del Código Penal», señaló de entrada el
exgobernador en su escrito. En realidad, los abogados Pagliotto y Mulet -como
se indicara- hicieron una presentación ante la Fiscalía, con la copia de la
nota de tapa de la revista ANALISIS, de fines de noviembre de 2015, donde se
daba cuenta del crecimiento patrimonial que había tenido la familia Urribarri
en los últimos tiempos. Ese fue el disparador de la apertura de la causa, que
comprendía al exmandatario, como así también a algunos de sus familiares
directos, como el caso del exministro de Gobierno, Mauro Urribarri, actual
funcionario del gobierno de Alberto Fernández.
En la continuidad de la presentación, Urribarri recordó que
fue dos veces gobernador y que en la actualidad era diputado provincial. «Más
allá de los comentarios, versiones y especulaciones de todo tipo, huelga
afirmar que todos los bienes que componen mi patrimonio están debidamente
declarados en los instrumentos que menciono. Pero, además, están expresados en
las declaraciones juradas de los impuestos a los bienes personales y el
impuesto a las ganancias, que se rinden anualmente ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos e inscriptos en los registros respectivos.»,
remarcó luego.
Y acotó: «No tengo bienes en el exterior del país, ni
muebles ni inmuebles; tampoco existen bienes de mi propiedad que no hayan sido
expresados en las declaraciones juradas presentadas de acuerdo a obligaciones
legales y, desde luego, no existen personas interpuestas que disimulen mi patrimonio».
Urribarri insistió en remarcar que «todos los activos y
pasivos están debidamente expresados y justificados en función de los ingresos
legítimamente obtenidos a lo largo de estos años» e indicó que «así, las
afirmaciones realizadas por los denunciantes respecto a la composición de mi patrimonio,
corren por su exclusiva cuenta».
En principio, en el trabajo, confeccionado por el contador
José Saúl, de Capital Federal, y el asesoramiento de Rodríguez Allende –ya que
en febrero de 2016 aún no se había sumado a la defensa el abogado Raúl Barrandeguy-,
el exgobernador recordó la presentación que hizo al 31 de diciembre de 2007, es
decir, 20 días después de haber asumido su primer mandato, ante la Contaduría
General de la provincia, de acuerdo a lo que establece la Ley 3886 del Registro
de Declaraciones Juradas Patrimoniales.
En ese entonces, Urribarri ya había tenido varios cargos
públicos. Fue electo intendente de General Campos, cargo que debió desempeñar
entre 1987 y 1991, pero del que se fue antes de terminar el mandato, por una
serie de denuncias que lo cuestionaban. Fue diputado provincial entre el 11 de
diciembre de 1991 y 1995, cuando gobernó Mario Moine (PJ). A fines de 1995, ya
con Jorge Busti en su segundo mandato, volvió a asumir como diputado provincial
e incluso fue presidente de la Cámara Baja. Fue reelecto para el período 1999-
2003, en el mandato del radical Sergio Montiel.
Y meses antes de la finalización de la gestión montielista,
Busti anticipó que sería su ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y
Servicios Públicos de la provincia de Entre Ríos, cargo que ocupó entre el 11
de diciembre de 2003 y 2007. Paralelamente fue presidente de la Comisión
Administradora del Fondo Especial de Salto Grande entre 2003 y 2007, o sea, una
de las principales cajas políticas de su gobierno, donde por años se desviaron
dineros públicos y nunca nadie dio explicación alguna.
Cuando Urribarri presentó su declaración jurada ante la
Contaduría General de la provincia y derivada a la Escribanía Mayor de Gobierno
–lo que quedó en sobre lacrado- consignó que tenía como activos una vivienda en
calle Garat 291 de Concordia, adquirida en 65 mil pesos en junio de 1992; un
lote adyacente a esa propiedad, comprado en 1994, en 30 mil pesos e indicó
mejoras en dichos inmuebles por 105.000 pesos, en el 2001. Según su escrito,
disponía de un automóvil Volkswagen Golf, adquirido en mayo de 2005, por la
suma de 49.000 pesos, registrado a nombre de su esposa, Ana Lía Aguilera y
60.000 pesos en efectivo.
Allí también consignó bajo el subtítulo Otros bienes: «Derechos económicos derivados de los
Federativos a mi favor correspondientes a mi hijo Bruno Saúl Urribarri, quien
se desempeñaba como jugador de fútbol, habiéndose valuado los mismos en la suma
de 150.000 dólares, a una cotización de 3,15 pesos cada uno, equivalentes
entonces a 472.500 pesos». Bruno Urribarri jugó 10 partidos en Boca Juniors entre
2006 y 2007 y luego pasó a Argentinos Juniors, en una transacción algo extraña.
El jugador no debutó en el equipo de la Paternal; ni siquiera estuvo en el
banco de suplentes. Urribarri alguna vez explicó que después de la salida de
Boca, le había pedido a «un grupo de amigos», que compraran el pase de su hijo
y por ende contaran con los derechos económicos para una futura operación. O
sea, algo que dejó de existir en el 2015, porque lo prohíbe la FIFA y que
siempre se consideró que era un artilugio para lavar dinero. «Es una promesa de
utilidades por una futura venta del jugador, que puede darse o no», indicó un
conocedor. Y Bruno Urribarri no era un jugador que brillara en los planteles;
tenía condiciones como marcador de punta, pero siempre fue un jugador de
término medio; de 5 o 6 puntos en la calificación deportiva de cada partido.
Según Urribarri, en diciembre de 2007, tenía en el pasivo
deudas por 46.110 pesos (crédito hipotecario) y un préstamo a sola firma por
475.560 pesos. Por ende, al 31 de diciembre de 2007, daba un patrimonio neto de
294.330,38 pesos.
Cuando los fiscales pidieron información complementaria
específica al Banco de Entre Ríos no salieron del asombro por el préstamo a
sola firma. Era un crédito que no tenía plazo, ni interés. Solamente aparecía
la firma de Urribarri. Ese dinero prestado equivalía exactamente a 150 mil
dólares de esos días. Más adelante, en el escrito llevado por Rodríguez
Allende, Urribarri acotaba que en abril de 2008 presentó ante la AFIP las
pertinentes declaraciones juradas, correspondientes a los Impuestos a las
Ganancias y a los Bienes Personales y que «la única diferencia» con la
formulada ante la Contaduría General de la provincia radicaba en «la inclusión
de un inmueble adquirido en junio de 1999, posteriormente vendido, consistente
en un lote terreno ubicado en la ruta 14 y camino vecinal (Concordia), valuado
en 20 mil pesos y bienes del hogar estimados en 14.500 pesos».
«Que habiendo informado a los señores agentes fiscales
respecto de mi situación patrimonial al momento de asumir la Gobernación en
diciembre de 2007, corresponde ahora describir la composición de mi patrimonio
a la fecha». O sea, al 31 de diciembre de 2015.
En Activos, Urribarri repitió lo de la compra de la vivienda
de calle Garat en Concordia por 65.000 pesos; el lote adyacente por 30.000 y
las mejoras del 2001 por 105.000 pesos. Le anexó «mejoras introducidas en el
2012 por 50.000 pesos y en el 2013 por 1 millón de pesos».
Agregó al respecto que «las mejoras» por el millón de pesos en
calle Garat «se abonaron fraccionadamente: 442.000 el 3 de diciembre de 2013 y
558.000 pesos el 26 de mayo de 2014». O sea, un 2013 de campaña electoral,
donde los fondos y aportes van y vienen y un 2014, en que Urribarri comenzó a
reunir dinero para su precandidatura por el sueño entrerriano presidencial. Y
repitió que aún seguía con el automóvil Volkswagen Golf modelo 2005 a nombre de
su esposa.
Las sorpresas empezaron a aparecer en el rubro Otros
créditos. Allí apareció «un boleto de compraventa de un departamento y dos
cocheras, en construcción, ubicadas en la calle Cerviño 3575, quinto piso «C»,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La fecha estimada de finalización de la
obra era junio de 2017 y la empresa constructora se denomina Cerviño 3575 Sociedad
Anónima, por un importe de 2.870.000 pesos». El edificio está en una
inmejorable ubicación: a pasos de Avenida Scalabrini Ortiz y a 200 metros de
las avenidas Libertador y Las Heras. También está próximo a Parque Las Heras,
Plaza Alemania y el shopping Paseo Alcorta, como así también el predio de la
Rural. La constructora es una de las tantas con que cuenta el empresario Marcos
Diego Juejati, asociado también a otras firmas, como la empresa Caputo Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial y Financiera, que está vinculada al macrismo.
Varias de las empresas de Juejati son asesoradas por el
contador José Saúl, el mismo de Urribarri, Marizza y Claudia Mizawak. Al ser
allanado el estudio contable de Saúl encontraron papeles de las firmas de
Juejati. Entre otros créditos, Urribarri también dio cuenta de disponer de «un
25 por ciento del paquete accionario de Kriptax Inc», adquirido «el 25/04/2013,
por el que se abonaron 500 mil pesos». Acotó que disponía de un saldo en caja
de ahorro del Nuevo BERSA por 20,16 pesos; una cuenta corriente en el Banco de
Formosa, sucursal Buenos Aires, de 101.080,46 pesos; dinero en efectivo por
30.000 pesos; bienes del hogar por 14.500 pesos, a valores históricos;
retenciones del Impuesto a las Ganancias, según AFIP, por 106.581,66 pesos;
percepción de Ganancias por 11.052,61 pesos; anticipos de Bienes Personales por
49.461,05 pesos y saldo a favor de impuesto a las Ganancias por 116.105,81
pesos.
Según indicó, había un «total del activo a valor histórico
de 5.097.801,75 pesos». Y consignó Pasivos de la siguiente manera:
—Sergio Damián Urribarri, 680.000 pesos.
—Mauro Gabriel Urribarri, 680.000 pesos.
—Bruno Saúl Urribarri, 1.160.000 pesos.
—Franco Daniel Urribarri, 680.000 pesos.
—Kriptax Inc, S.A. 1.150.176,04 pesos.
Todo eso hacía un pasivo total de 4.350.176,04 pesos, por lo
cual consignaba un patrimonio neto de 747.625,71 pesos a esa fecha de fines de
diciembre de 2015. No obstante, aclaró Urribarri que «los valores reflejados
son los históricos, que emergen de las sumas efectivamente pagadas en cada
momento y responden a la aplicación de la normativa tributaria, con lo que
estas sumas no necesariamente guardan relación con los valores de mercado de
los bienes en la actualidad».
Otros acuerdos poco claros
Lo que no dijo Urribarri fue que Kriptax Inc fue conformada
por la escribana Marta Cascales, esposa del ex secretario de Comercio
kirchnerista, Guillermo Moreno. La escribana Cascales fue socia de Alessandra
«Lali» Minnicelli, la esposa de Julio De Vido, en la consultora Fonres, a
través de la cual propiciaron negocios de todo tipo. De Vido fue el funcionario
del kirchnerismo que más apoyó a Sergio Urribarri en su «sueño entrerriano» por
llegar a la candidatura presidencial. Ambas mujeres del poder integraban una sociedad
anónima con domicilio en Avenida Cordoba 1145, de Capital Federal. Según consta
en el Boletín Oficial de la Nación, la empresa se dedica a un rubro que ya era
una marca del kirchnerismo: el ejercicio de la actividad de fiduciario
financiero. Durante la era K los fideicomisos se convirtieron en el instrumento
preferido por De Vido para financiar las obras públicas que el gobierno
nacional hizo a lo largo de todo el país. Tenían las oficinas en Puerto Madero;
o sea, muy cerca de la denominada La Rosadita, donde el dinero sucio se contaba
y se pesaba.
Más adelante Urribarri buscó dar una explicación a la
«justificación del incremento patrimonial». Allí indicó que el resultado de
7.457.500 pesos que aparecen en un informe adjunto Excel –al que no accedió
este autor- «corresponde a la diferencia proveniente de la venta de los
derechos económicos derivados de los derechos federativos futbolísticos de mi
hijo Bruno Saúl Urribarri, en la suma de 7.930.000, cuando el valor de ingreso
a mi patrimonio, según lo tenía declarado en el año 2007, ascendía a la suma de
472.500 pesos, arrojando así el citado resultado de 7.457.000 pesos. Esta
cantidad es la que se percibió, conforme planilla Excel y tal documentación
acredita contablemente los movimientos antes referenciados, los cuales se ven
plenamente justificados y a partir de allí se observa el destino que se le dio
a ese ingreso extraordinario que, de más está aclarar, no tiene ninguna
relación con mi función pública».
Urribarri explicó que la negociación en torno a su hijo
Bruno –que tras jugar tres años en el Asteras Trípolis de Grecia, decidió pegar
la vuelta para incorporarse a Colón de Santa Fe y arregló continuidad con los
sabaleros- la llevó adelante la firma Stadium Enterprises Sociedad Anónima,
según el acuerdo celebrado el 31 de enero de 2012. Es decir que el hijo jugador
venía libre de Grecia, había jugado menos de un año en Colón –siendo titular
muchas veces, pero era un jugador de medio pelo del plantel 2011/2012-, por el
que, en el mercado futbolístico, era imposible pagar más de 700 mil dólares en
derechos económicos, a cuenta de una futura venta. El entonces gobernador iba
seguido a ver a su hijo –cuando tenía la seguridad de que era titular del
primer equipo-, ya que el presidente sabalero, Germán Lerche, le había cedido
un palco, al lado del oficial para los invitados. Urribarri iba con toda su
familia y «queridos amigos»: entre ellos, la presidenta del Superior Tribunal
de Justicia, Claudia Mizawak y su esposo, el ahora exfuncionario Raúl Arroyo. La
empresa Stadium, con sede en Buenos Aires, fue fundada en el 20 de junio de
2001 por el locutor y animador Juan Alberto Mateyko, en sociedad con Juan
Manuel Infante y Pablo Antonio Sánchez. Dos años antes, Infante, considerado un
empresario muy cercano al kirchnerismo, fue noticia cuando aportó dos millones
de dólares para la compra del 37,5 % del futbolista colombiano Giovanni Moreno,
para el primer equipo de Racing Club, del que Néstor Kirchner era fanático.
También tenían, como empresa, el 50 por ciento del jugador Teo Gutiérrez. Juan
Manuel y Federico Infante son hermanos gemelos. Federico se casó con la hija
del empresario paraguayo Carlos Avila, fundador de Torneos y Competencias y
ubicó a su yerno en Fox a manejar el negocio del fútbol. Juan Infante era el
productor general del exitoso programa La movida del verano, que llevaba
adelante cada año Juan Alberto Mateyko y por ende lo ubica en la sociedad de
Stadium Enterprise.
Fueron ellos quienes pensaron con Urribarri el proyecto del
Estadio Único, que el exgobernador anunció a fines de 2011, tomando como
ejemplo el complejo en Natal (Brasil), para 45 mil espectadores, que costó 175
millones de dólares y recién se terminó a principios de 2014, con el fin de
disfrutar algunos partidos de la Copa Mundial de Fútbol en dicho país.
Obviamente, nunca se hizo nada de ese proyectado estadio pensado por Urribarri,
con tales empresarios, para 35 mil espectadores y una inversión de 100 millones
de pesos. El exgobernador nunca explicó qué hizo con el dinero que se gastó en
estudios y proyecciones, ni tampoco por qué jamás avanzó en nada de lo pensado.
Ideó además, con esos empresarios, tener un rol protagónico en el esquema de
Fútbol para todos, en el que fue uno de los gestores. Fue por ello que se
reunió en tres oportunidades con Julio Humberto Grondona, el jefe histórico de
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a quien le dijo que él estaba en
condiciones de ser «el vehículo» con Cristina Fernández, para su desarrollo.
Grondona hizo lugar a su petición, le dijo que hablara con el exCEO de Torneos
y Competencias, Alejandro Burzaco. El cuestionado y denunciado empresario tomó
la idea, comenzó a desarrollarla con Aníbal Fernández, pero lo dejaron afuera a
Urribarri.
El exgobernador venía pensando negocios con la tv. Por eso
fue que le hizo un fuerte aporte de capital al periodista y locutor Cristian
Bello, para el desarrollo de su productora en calle Blas Parera, de la capital
entrerriana, con tecnología de ultra HD y equipos de última generación, que no
tenía ningún canal de Paraná o Santa Fe por esos días, con una inversión
cercana a los 800 mil dólares. El nexo con Bello era el hijo menor de
Urribarri, Franco Daniel Urribarri y los aportes se bajaban a través de Juan
Pablo Aguilera y Mauro Urribarri, con lo que se recaudaba en Diputados y el
Senado, fundamentalmente, que eran manejados por ellos dos. Se inauguró en mayo
del 2012 y Urribarri, sus hijos, Aguilera y Guillermo Smaldone, fueron figuras
centrales del acto, junto a Bello. Casi nadie identificó ese día al hijo menor
del entonces gobernador, que estuvo en cada detalle, junto a su amigo Julián
Alberto Delorenzo, con vasta experiencia en producción audiovisual, como
director artístico de Endemol Argentina, una de las principales productoras del
país en los últimos quince años. Se conocieron con Franco Urribarri cuando el
joven fue colocado a trabajar en la productora kirchnerista Pensado para
televisión, de Diego Gvirtz, a partir de 2010 y en particular en el programa
Duro de domar, en Canal 9 de Buenos Aires. Si bien Bello se transformó en
candidato a diputado del Parlasur –por pedido expreso de Urribarri-, en las
elecciones de 2015, hasta entonces solamente él y su mujer aparecían como
accionistas de la empresa Entre Medios S.A. Recién en agosto de 2016 fue publicado
por primera vez el nombre de Delorenzo, en el Boletín Oficial de Entre Ríos,
como nuevo presidente del directorio de la empresa que lideraba Bello y quedó
como firmante de los cheques, junto a María Laura Weibel de Bello. Pasó a ser
la «pata urribarrista» en Entre Medios S.A. e incluso era quien daba las
órdenes en calle Blas Parera, porque venía casi todas las semanas a Paraná,
pese a tener domicilio en proximidades del Parque Leloir, en la ciudad de
Buenos Aires.
Los fiscales se sorprendieron cuando el exmandatario
consignó, en su escrito de justificación patrimonial, que había logrado un
«ingreso extraordinario de 1.870.000 pesos, consecuencia de la cesión de
derechos sobre la sociedad Cerviño 3575», a la que le había acordado una
inversión inmobiliaria. Explicó que en el mes de noviembre de 2012 adquirió «el
40 por ciento del capital social de dicha sociedad, por la suma de 1.500.000
pesos, comprometiéndose la empresa a realizar un aumento de capital para
materializar dicho aporte, a verificarse en un plazo de tiempo determinado. La
suma pagada –agregó- corresponde a ingresos generados por la venta de los
derechos federativos de mi hijo Bruno». Indicó además que «no obstante ello, en
el mes de diciembre de 2013 desistí de incorporarme a la sociedad y decidí
vender aquellos derechos a cambio de los cuales me entregaron un boleto por un
departamento y dos cocheras en el edificio a construir, en la calle Cerviño
3575 de la ciudad de Buenos Aires, ello valuado en la suma de 2.870.000 pesos,
más una transferencia a mi cuenta del Banco de Formosa, sucursal Buenos Aires
por 500.000 pesos, lo que hace un total de 3.370.000, con lo que, si deducimos
el costo de la inversión inicial - 1.500.000 pesos- resulta la utilidad
declarada de 1.870.000 pesos». Acotó que ese mismo año 2013 percibió
«dividendos de Kriptax Inc por 350.000 pesos». O sea, el año en que empezó a
operar. En la documentación hizo un apartado para hacer especificaciones en
torno a la empresa Kriptax. Según Urribarri, «dicha sociedad se constituye como
tal en el mes de agosto de 2008, siendo que mis hijos deciden adquirirla ya
constituida, a fin de evitar los engorrosos trámites de constitución e
inscripción que conlleva la formación original de cualquier sociedad, lo que es
absolutamente normal en los negocios».
Agregó que «inmediatamente después de su constitución, mi
hijo Bruno Urribarri adquiere el 50 por ciento del capital social, representado
por 6000 acciones, mientras que mis otros hijos Mauro y Damián Urribarri
adquirieron el 25 por ciento cada uno, o sea, 3000 acciones cada uno». Vale
recordar que el 2008 es el año del inicio del conflicto con el campo, en el que
Urribarri se puso del lado de Cristina Fernández y por tal posición se alejó de
Jorge Busti. Es decir que en medio de la pelea, Urribarri, que pasó a
cuestionar duramente a los referentes del campo –lo que nunca había hecho en su
carrera política-, formó una empresa agropecuaria que siempre ocultó. Recién lo
reveló Análisis digital en febrero de 2016. Urribarri agregó en su escrito que
él se incorporó a Kriptax Inc «en el mes de abril de 2013, cuando adquiero a mi
hijo Bruno el 25 por ciento de sus acciones, quedando entonces el capital
distribuido a partes iguales entre el suscripto y sus hijos Bruno, Mauro y
Damián, composición accionaria ésta que se mantiene hasta el día de la fecha.
El precio de venta se fijó en la suma de 500.000 pesos, que se abonaron en ocho
cuotas iguales y consecutivas de 62.500 pesos». Urribarri aclaró que si bien la
sociedad Kriptax registraba «un objeto social relacionado a la actividad de la
construcción» (nunca mencionó que estaba a nombre de dos humildes militantes
barriales del PJ bonaerense, que habían hecho de prestanombres para otras
sociedades), «mediante asamblea del 9 de agosto de 2008 se modifica el mismo y
se estatuye como objeto social la actividad agropecuaria, fundamentalmente el
cultivo de arroz y luego, en menor medida, de soja». Más adelante consignó: «En
el año 2013, Kriptak adquirió un inmueble ubicado en el departamento Federación,
distrito Gualeguaycito, municipio de Federación, con domicilio parcelario en
calle Estación Hidrológica y Camino Vecinal, constando de una superficie total
de 13 hectáreas, 12 áreas, trece centiáreas, 60 decímetros cuadrados, operación
ésta debidamente declarada ante la AFIP. Cabe aclarar que ese inmueble
pertenecía a la familia Burna, desde mucho antes de la construcción de la
represa de Salto Grande. El desarrollo de esta obra produjo un cambio total de
la fisonomía del lugar, el que pasó a tener otros destinos diversos –tales los
recreativos y turísticos- alternativos a los tradicionales productivos. Que la
adquisición de ese inmueble por parte de Kriptax Inc no asumió naturaleza
estrictamente comercial o lucrativa ni para los vendedores ni para la parte compradora.
De hecho, no intervinieron ni inmobiliaria ni intermediarios. El inmueble
pertenecía a la sociedad Lago Frut S.A., cuya administración ejercía el señor
Hernán Burna, con quien me unía y me une una relación de amistad desde hace más
de 20 años. Que por lo menos desde el año 2000 en adelante, visité las
instalaciones que ya tenía la familia Burna sobre esa zona, en innumerables
ocasiones. Durante mucho tiempo insistí –agregó- en que me vendieran un sector
del predio, ya que tenía la pretensión de instalarme allí. Que en principio los
propietarios del inmueble aceptaron otorgarme un comodato, que se hizo
operativo desde febrero de 2011. Ese comodato se realizó en realidad con vistas
a celebrar finalmente una operación definitiva y en firme, en el marco de la
confianza que nos prodigábamos con la familia Burna. Que en ese contexto, de
amistad y confianza que se verificó y se mantiene a través de los años, la
adquisición se realizó por la suma de 1.080.000 pesos, que se abonó de la
siguiente manera: 200 mil pesos el 31 de mayo de 2013; 60 mil euros el 22 de
octubre de 2013 con más 200 mil pesos y el saldo el 22 de noviembre de 2013, de
200 mil pesos. Debe considerarse que al momento de determinar un precio de
venta, se tuvo en cuenta que se trataba de terrenos inundables». La familia
Burna tenía dos inmuebles en esa zona, de tiempos de la vieja Federación y
pertenecían a los padres del entonces diputado radical, oriundo de Chajarí.
Urribarri presionó lo suficiente, hasta lograr que le vendieran uno de esos dos
inmuebles, que fue donde desarrolló su mansión. Urribarri fue más allá en su
escrito, indicando además que se hicieron «mejoras sobre el inmueble»,
concretadas por Kriptax, que «totalizan 7.018.000 pesos, de los cuales se
pagaron 1.210.000 pesos y se adeudan 5.808.000 a la empresa constructora
Galvani, José Eduardo, domiciliada en calle Gualeguay 1985, de Concordia». Citó
tres facturas con Galvani, su amigo constructor de Concordia: 484.000 pesos, a
pagar el 26 de noviembre de 2013; 726.000 pesos el 23 de mayo de 2014 y el
resto el 28 de diciembre de 2015, por 5.808.000 pesos. Allí amplió al respecto,
indicando que «a fines de 2014 se habían realizado mejoras por un monto de
1.210.000 pesos y a partir de octubre de 2014 celebramos con la constructora un
acta acuerdo para la continuidad de las mismas, siendo que dicho contrato
implicaba que el contratista se obligaba a terminarlas para diciembre de 2015,
soportando su costo y una vez recepcionada la obra el monto sería facturado y
abonado».
Los movimientos de suelo que se hicieron en el lugar –con
maquinaria de Galvani, pero también con elementos de Vialidad Provincial-, como
así también el transporte de tierra, para dejar el terreno en un nivel
superior, fueron sorprendentes y se trabajó durante varios meses, hasta lograr
lo que pretendía el exgobernador y sus familiares. «Ahí hubo una inversión de
entre 3 y 4 millones de dólares y cuando se tase el lugar, eso quedará
perfectamente determinado», reveló un conocedor de los movimientos y del gasto
que se hizo. En el escrito también hizo una aclaración respecto del
departamento de calle Lafinur 3302, en Capital Federal. Dijo que le pertenece a
su hijo Bruno Urribarri y que lo adquirió en el 2006. «Esto es –acotó- dos años
antes que haya asumido como gobernador de la provincia». Olvidó agregar que era
ministro de Gobierno con fondos reservados a su disposición y manejaba la caja
negra de la CAFESG, con la cual hacía aportes mensuales a Boca Juniors, donde
jugaba su hijo.
Y hay un detalle no menor: cuando se inició la causa por
enriquecimiento ilícito, no se conocían detalles del affaire de los contratos
truchos legislativos, donde se desviaron 53 millones de dólares entre 2008 y
2018. No es casual que uno de los principales imputados es el cuñado de Urribarri,
Juan Pablo Aguilera. Porque Urribarri fue el verdadero jefe de ese sistema,
desde su primer gobierno -que se profundizó y amplió en su segundo mandato- y
por ende se hacía llevar cientos de miles de dólares por semana a su casa y 4
millones de pesos por contratos con gente de Concordia que nunca se los vio en
la Legislatura, que se lo daban en mano en su despacho de la Cámara de
Diputados, entre 2015 y 2018, en que fue presidente del cuerpo.
Quedó claro que a los fiscales los números no les cerraron y
Urribarri tendrá que tratar de justificar por qué aparecen unos 7 millones de
dólares que no constan en los números presentados por el exgobernador. Y este
recién es el comienzo de esta etapa de la historia reciente.
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