Vialidad: Cristina Kirchner presentó un recurso para que se revierta su condena
Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron "absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas". La defensa argumentó que el fallo contiene "arbitrariedad fáctica y normativa" y constituye "un supuesto de enorme gravedad institucional"
Además consideraron que "la sentencia aquí recurrida
consolida un caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa, en el
sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a
dicha expresión".
En el mismo sentido agregaron: "Nos hallamos en
presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos
expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar
como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables,
desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente
por el voto popular", destacaron.
Los abogados sostuvieron que "se violó la garantía del
juez natural, pues los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como
en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e
imparcialidad frente al caso y las partes". De hecho apuntaron que los
jueces "asumieron una posición acusatoria que no se condice con el rol
ecuánime y equidistante que debe guiar la labor jurisdiccional".
Siguiendo por la misma línea, Beraldi y Llernovoy señalaron
además que en el juicio "se violó el deber de objetividad del Ministerio
Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades
que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y
la aplicación de la ley".
Según publicó Ámbito, los letrados argumentaron por otro
lado que "se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio, en
particular, pues la mayoría de las pruebas de descargo ofrecidas por esta
defensa fueron rechazadas y se fundó un reproche penal en orden a presuntos
hechos y pruebas que nunca habían sido debatidos en el juicio, en abierta
vulneración al principio de congruencia".
También remarcaron que "se violó el principio de
inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna
y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia
de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó
siendo injustamente condenada".
Otra supuesta irregularidad destacada por los abogados fue
que "se violó el principio de culpabilidad, al dictarse una injusta
condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner fundada en hechos ajenos,
que ni remotamente le pueden ser reprochados, ya sea por una actuación activa u
omisiva".
Este miércoles a las 9:30 horas era el último día para
presentar el recurso de apelación, luego de que se extendiera el plazo por 30
días, y será remitido por el Tribunal Oral Federal 2 a la Cámara de Casación de
Comodoro Py.
Además de Cristina, el resto de los involucrados en la causa
de Vialidad, sentenciados por el fallo de 1616 páginas dado a conocer el 9 de
marzo pasado, pedirán a Casación, con distintos argumentos, que revoque la
decisión. Se trata de Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio
Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, Juan Carlos Villafañe y José Raúl
Santibáñez.
Causa Vialidad: el fiscal Luciani también apeló al fallo
La defensa no fue la única en apelar este lunes ya que la
Fiscalía, encabezada por Diego Luciani, también presentó un recurso de
apelación.
En su pedido, insistieron en que se agrave la condena de la
vicepresidenta por el delito de asociación ilícita, por el que en el juicio fue
absuelta.
Condena a Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Kirchner fue condenada por los jueces Rodrigo
Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini a seis años de prisión e
inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por el delito de
administración fraudulenta.
Según detalló el fallo en sus más de 1600 páginas de
extensión, el TOF2 concluyó que entre 2003 y 2015 hubo "manifiesta
connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para
garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro
Báez".
Para los jueces se probó “la existencia y funcionamiento de
una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un
acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y
Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y
otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles
definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado,
y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a
cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma
deliberada de millonarios fondos públicos”.
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