Tarifas: las distribuidoras de gas le pidieron al Gobierno un aumento mínimo de 350% para las boletas en febrero
Las empresas presentaron ante Enargas sus propuestas de subas para la audiencia que se realizará el 8 de enero. Pidieron también un mecanismo automático de actualización en base a la inflación mayorista
Las empresas de distribución de gas, aquellas que llevan el
fluido hasta los hogares y los comercios, plantearon al Gobierno que
necesitarán una recomposición de tarifas desde febrero de al menos el 350% en
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cifras incluso mayores en el
interior del país, según de qué compañía se trate entre las que operan en todo
el territorio nacional. Las cifras fueron presentadas ante Enargas y serán
parte de la audiencia pública que tendrá lugar el 8 de enero para determinar
cómo será el descongelamiento en las boletas, cuyo último aumento tuvo lugar a
principio de año.
El proceso de audiencia pública incluye un paso previo que
tiene que ver con documentos que las distribuidoras de gas envían a la
autoridad del área (Enargas) con sus estimaciones propias de subas necesarias
de las tarifas según los criterios de costos acumulados pisados por los últimos
meses sin actualización. En esos documentos las firmas plantearon cuál es el
escenario para cada una.
Para Metrogas, por ejemplo, la que distribuye el fluido en
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el aumento debería ser superior
al 375 por ciento. “En virtud de ello, luego de los más de cuatro (4) años que
su tarifa de distribución se mantuvo congelada (...) tomando como base el
índice de febrero de 2018 versus el mismo índice a noviembre 2023 y estimando
el incremento de costos del mes de diciembre 2023 según el REM del Banco
Central del 19,95%, y descontando, obviamente, aquellos incrementos ya
otorgados entre tales períodos (...) De esta forma, el cálculo del ajuste
mencionado anteriormente representa un aumento punta a punta del 376,52%”,
mencionó esa compañía.
En términos de montos, el cargo fijo para los usuarios de
Metrogas pedido a Enargas a partir de febrero es un mínimo de $4.318 en la
Capital Federal y $4.335 en Buenos Aires (usuarios con consumo más bajo) para
los tres niveles de segmentación (N1, el de mayores ingresos, N3 los de menor
ingreso y N2, de ingresos medios). Para el tramo de mayor consumo el cargo fijo
es $19.333 (CABA) y $19.357 (PBA). Esto no se traduce automáticamente al precio
final al usuario ya que dependerá de otros componentes del precio en la boleta,
como la generación y transporte. O incluso la porción de pago de impuestos.
Por su parte Naturgy, que opera en la Provincia de Buenos
Aires, solicitó a Enargas “que considerase una recomposición tarifaria
siguiendo los criterios de cálculo señalados con anterioridad, para que sean
aplicados desde enero 2024; así como también, solicitó una adecuación
Transitoria de la tarifa de manera urgente a ser aplicado desde octubre 2023,
dados los significativos aumentos de los costos de prestación de servicio, que
generaron una importante merma de ingresos de las tarifas vigentes desde el 29
de abril, dado que los aumentos sostenidos de precios se intensificaron en
magnitud notablemente, a partir de mayo de 2023”.
Los cargos fijos incluidos en la factura pasarían de tener
un rango de entre $847 (menor consumo) y $3.869 (mayor consumo) para los todos
los niveles de segmentación, a un arco que va desde los $4.555 a $20.809, en
caso de que prosperara el pedido realizado a Enargas. Implicaría un incremento
de 437 por ciento.
Naturgy además planteó a esa entidad que se necesitará un
mecanismo automático de actualización que identificaron en el IPIM, es decir el
índice de inflación mayorista que publica mensualmente el Indec. “Resulta
necesario que la Autoridad Regulatoria defina un mecanismo que permita mantener
la tarifa que se otorgue en términos reales para que acompañe el crecimiento de
los costos mensualmente en esta coyuntura de alta inflación, a efectos que la
Distribuidora pueda realizar las inversiones requeridas y los mantenimientos
preventivos y correctivos correspondientes, para mantener la calidad de servicio
y cumplir con sus obligaciones. Ello hasta tanto se normalice el esquema
tarifario, con la entrada en vigencia de una nueva RTI”, apuntó.
El proceso de audiencia pública incluye un paso previo que
tiene que ver con documentos que las distribuidoras de gas envían a la
autoridad del área (Enargas) con sus estimaciones propias de subas necesarias
Las otras empresas que operan en el país también presentaron
sus solicitudes de aumento. Redengas (Entre Ríos), pidió desde marzo un
incremento promedio de 481 por ciento. Aunque estimaron que el aumento
traducido en las boletas rondaría el 140% para un usuario residencial promedio.
Nuevamente: esta ecuación no tiene en consideración si hay también aumentos
“hacia atrás” en la cadena de producción del gas, por lo que todos los
porcentajes presentados por las firmas distribuidoras podrían ser distintos.
Camuzzi Gas Pampeana, en tanto, solicitó un 421% de aumento
en la tarifa de distribución. Camuzzi Gas del Sur lo hizo en 543 por ciento.
Gasnor aseguró que sus tarifas de distribución están atrasadas entre 438% y
704% para los usuarios residenciales. Ecogas (Córdoba, La Rioja, Catamarca)
midió un promedio de 126% de impacto en las tarifas. Transportadora Gas del Sur
(TGS), por su parte, calculó que hace falta una recomposición mayor, de 567 por
ciento, y TGN lo hizo en 573 por ciento.
La opinión de las empresas no es vinculante para la decisión
final de la suba de tarifas. “Las opiniones que sean recogidas en la Audiencia
no obligan al Enargas a adoptar una decisión sobre ellas en el mismo acto de la
Audiencia. Tal como expuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien
constituyen un ámbito de participación ciudadana en la toma de decisiones no
constituyen la propia decisión, que se mantiene inalterada en manos de la
autoridad pública”, explica un documento de esa entidad.
“Sin perjuicio de ello, reviste relevancia dado que importa
una real participación ya que las manifestaciones realizadas en ese ámbito
deben ser consideradas y el Enargas tiene como obligación fundamentar
adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y
cuáles han sido desestimados y las razones de ello”, menciona.
La opinión de las empresas no es vinculante para la decisión
final de la suba de tarifas pero deberá Enargas justificar el nivel de aumentos
que habilitará luego para las distribuidoras
La situación de atraso tarifario fue expuesta en números en
un informe reciente del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, que depende
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), “en diciembre los usuarios
residenciales de energía eléctrica y gas natural pagan en promedio el 33% del
costo de abastecimiento mientras en restante 67% lo abona el Estado nacional”.
“Debido a que el 80% del costo eléctrico y el 100% del costo
de gas están dolarizados, estas proporciones pueden cambiar sensiblemente a
partir del salto del tipo de cambio de $400 a $800 pesos por dólar. En ausencia
de nuevos incrementos en el precio estacional, es posible que la cobertura de
costos se reduzca significativamente”, planteó ese informe.
En términos generales, “los principales subsidios económicos
a los sectores Agua, Energía y Transporte tuvieron en diciembre un crecimiento
acumulado anual del 75,9% anual respecto de igual periodo del año anterior y
por lo tanto su variación real muestra una reducción del 19,6% anual en el
período. Hasta los primeros quince días de diciembre se acumula una ejecución
del 91% respecto del crédito vigente para los rubros seleccionados”, planteó el
observatorio.
Si bien es temprano para estimar el impacto final que tendrá
el salto devaluatorio en la estructura de costos, fuentes de mercado estiman
que, por ejemplo, para el caso de la energía eléctrica, el encarecimiento de la
generación sin que haya un incremento en el precio de las tarifas llevaría al
porcentaje de cobertura a mínimos históricos. Para luz y gas podrían quedar
incluso por debajo del 10 por ciento. Para tomar dimensión: en la actualidad el
segmento de los usuarios con menor asistencia de subsidios cubre el 62% del
costo total de la generación, mientras que el N2 -tarifa social- cubre 18% y el
sector medio, 23 por ciento.
Si el proceso de recomposición de tarifas saliera tal como
planea el Ministerio de Economía, a lo largo del 2024 la cuenta presupuestaria
de subsidios debería reducirse en 0,7% del PBI. Es decir, explicaría cerca de
un sexto del plan de ajuste total.
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