Ex funcionario de Concordia acusado de corrupción pidió su sobreseimiento

Guillermo Smaldone solicitó este miércoles que se dicte su sobreseimiento respecto de la imputación que se le formuló en el contexto de la causa conocida como Relevamientos Catastrales o Cardona Herrero. Pidió que se aplique el fallo Cozzi. Dijo que se enteró de la remisión de la causa a juicio por manifestaciones públicas de la destituida procuradora adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que cuestionó a su padre Juan Ramón Smaldone, en el contexto del jury que la terminó destituyendo por mal desempeño de sus funciones

Guillermo Smaldone solicitó este miércoles que el juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, disponga su desvinculación de la acusación que se formuló en su contra en el contexto de la causa conocida como Relevamientos Catastrales o Cardona Herrero, por aplicación del fallo Cozzi, que establece que, ante cada vencimiento de los plazos procesales para seguir investigando, se debe solicitar ante el juez de Garantías una prórroga, que deberá estar fundamentada. El fallo, que generó y continúa generando polémica en ámbitos judiciales y políticos, declara la insubsistencia de la acción penal y no su extinción. Smaldone sostuvo que Fiscalía no solicitó la prórroga y no cumplió con los plazos.

Smaldone realizó la solicitud –una reedición de planteos que formuló oportunamente y cuya resolución se difirió por distintos motivos ajenos a su situación- en la triple condición de imputado, abogado que se representa a sí mismo y ex funcionario público. Fundamentó su pedido en que está procesado desde hace siete años durante los cuales se habría violado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, incurriendo la acusación en una dilación indebida, puesto que, según entendió, los plazos para seguir investigando estarñían “totalmente vencidos”.

Smaldone le explicó al juez que el 6 de mayo de 2022 formuló por primera vez su pedido de sobreseimiento, del que resaltó que fue antes de que Fiscalía remita la causa a juicio. Añadió que se enteró de la remisión el 1 de agosto de 2022 por manifestaciones públicas de la destituida procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que manifestó que conocía de la remisión de la causa a juicio y recusaba a su padre, el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Ramón Smaldone, que integró el Honorable Jurado de Enjuiciamiento, que terminó disponiendo su destitución por mal desempeño en el contexto de la causa conocida como Contratos en la Legislatura.

Añadió que se enteró por las expresiones de Goyeneche que Fiscalía solicitaba una pena de cinco años de prisión y preguntó “¿cómo hizo para acceder (a la información)?” y añadió: “No tengo nada que ver con el Jurado de Enjuiciamiento, me enteré por los medios”.

En junio de 2022 los vocales del STJ, Smaldone, Daniel Carubia y Gisela Schumacher, emitieron un comunicado en el que expresaron que “el proceso de juicio oral y público llevado adelante a la procuradora adjunta, a partir de la denuncia formulada por los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, se realizó en el marco de lo establecido por la ley y garantizando todos los mecanismos de legítima defensa”. Además, señalaron que “durante el juicio se comprobó que la denuncia…, en cuanto a la relación personal y comunidad de intereses entre la procuradora adjunta y el imputado Pedro Opromolla, en la causa conocida como ‘contratos en la Legislatura’, quedó establecida”.

Este miércoles, Smaldone hijo expresó que el 11 de mayo de 2022 fue a Fiscalía y firmó una constancia, circunstancia en la que pudo advertir que la remisión de la causa a juicio no estaba incorporada al legajo de Investigación Penal Preparatoria (IPP). Añadió que posteriormente se enteró que a aquella constancia se le incorporó una “leyenda”, que no consintió, que indicaba que acudió a ver el expediente pero sólo vio el primer cuerpo. Smaldone cuestionó que la constancia fue “adulterada”.

El ex funcionario precisó que desde el 5 de diciembre de 2017 se encuentra “imputado informalmente”. Entendió que pesa sobre su persona un “estado de sospecha permanente de antaño”, que consideró “injusto”. Añadió que en octubre de 2017, por una denuncia del abogado Rubén Pagliotto contra una serie de funcionarios públicos que prestaban funciones en el Ministerio de Economía, ya no estaba en la función pública, puesto que el 10 de junio de 2016 había renunciado a todos los cargos que prestó en el Estado.

Smaldone criticó que “el precoz interés” de Fiscalía respecto de su presunta participación en un solo hecho, el último de los seis que se investigan en la causa por la contratación de un sistema de software para la Administración Pública, no se sostuvo durante los siete años de proceso en los que casi no hubo movimientos destinados a producir nueva evidencia. En su crítica añadió que Fiscalía utilizó en su contra evidencia que se obtuvo en otra causa que investiga en presunto delito de Enriquecimiento ilícito del ex gobernador, Sergio Urribarri y Diego Armando Cardona Herrero.