Pedirán 10 años de prisión para Urribarri y empresario paraguayo acusados por seis hechos de corrupción
Fiscalía cerró este jueves sus fundamentos de la evidencia con la que entiende, está en condiciones de instar la remisión a juicio oral y público de la causa que investigó la adquisición de un sistema de software para la provincia, adjudicado mediante dádivas y coimas según sostienen los fiscales. El 25 y 26 de marzo, y el 4, 5 y 9 de abril son los fundamentos de las defensas. Estas no consintieron los hechos imputados y adelantaron que solicitarán los sobreseimientos y sostendrán el rechazo a la remisión a juicio
Los fiscales, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, volvieron a
exhibir este jueves a la mañana, mails, whatsapp y documental que corroboraría
la conformación de una mesa integrada, por orden de Urribarri, por funcionarios
de sus gestiones, entre 2007 y 2015; y directivos y empleados de la empresa
Relevamientos Catastrales SA -propiedad de Diego Armando Cardona Herrero-, y
empresarios de firmas satélites que habrían aportado la logística para cambiar
los cheques de pago de los servicios prestados a la provincia, que incluían las
dádivas para los funcionarios entrerrianos, por dinero en efectivo. Aquella
mesa sería posible por el “estrecho” vínculo de amistad preexistente entre el
ex gobernador y el empresario oriundo de Paraguay.
Penas
APFDigital estuvo presente en lo que consistió la parte
fuerte de la audiencia. Fue el momento en que los fiscales adelantaron las penas
que pedirán para todos los imputados en el caso de que la causa se dirima en un
jucio plenario. Así, sostuvieron que para el ex gobernador y el empresario
paraguayo, pedirán la pena de diez años de prisión efectiva, inhabilitación
absoluta perpetua, multa 540 mil pesos, comprensiva de los seis hechos
imputados, en concurso real.
Asimismo, para Gillermo Smaldone, instará la pena de cinco
años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de 90 mil
pesos; para Carlos Marcelo Haidar, seis años prisión, inhabilitación absoluta
perpetua, multa de540 mil pesos, por los seis hechos imputados, en concurso
real; para Luis Alfonso Erbes, la pena de cinco años de prisión, inhabilitación
especial perpetua, multa de360 mil pesos, comprensiva de los cuatro hechos
imputados, en concurso real; para Miguel Ángel Ulrich, la pena de cuatro años y
seis meses de prisión, inhabilitación
absoluta perpetua, multa de360 mil pesos, comprensiva de los cuatro hechos
imputados, en concurso real; y para José Humberto Flores, la pena de tres años
de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de
90 mil pesos. La multa se fundamentó en que quedó “plenamente acreditado que
los hechos atribuidos fueron cometidos con ánimo de lucro”.
Agravantes
A la hora de fijar el monto de la pena, los fiscales
computaron como agravantes, la situación socio económica de cada uno de los
implicados, tanto funcionarios públicos como empresarios; que no evidencian una
existencia determinada por la miseria o necesidades apremiantes que los lleve a
verse involucrados en este tipo de actos; y que actuaron movidos exclusivamente
por el ánimo de lucro. Como atenuantes consideraron la carencia de antecedentes
condenatorios por parte de todos los imputados.
En cuanto a la culpabilidad, los fiscales evaluaron que
respecto de todos los imputados, se ponderó como agravante los elevados montos
de las contrataciones, las dádivas que recibieron y las ganancias
extraordinarias que la empresa contratista recibió a lo largo del periodo
investigado. Añadieron que se trató de sumas millonarias, de alta significación
económica, con las cuales se comprometió al Estado Provincial.
También destacaron que los montos de las licitaciones tenían
previstos, en la mesa ad hoc, sumas exorbitantes destinadas a dádivas a los
funcionarios y ganancias extraordinarias a los empresarios, cuya finalidad
resultó totalmente ajena a los intereses del Estado, con el consecuente
perjuicio económico al erario público. Asimismo valoraron el período de tiempo
durante el que se llevaron a cabo las maniobras, la cantidad de personas
involucradas en la supuesta mecánica delictiva, el hecho de que la mayoría era
funcionarios que estaban en ministerios, direcciones o altos cargos del Estado
provincial.
En cargo que ocupaban los ex funcionarios imputados dentro
de la empresa contratista era, en el caso de Smaldone, secretario de Trabajo;
Erbes, secretario de Presupuestos y Finanzas, Humberto Flores, en su calidad de
Secretario de Hacienda; Haidar, director de Informática de la Provincia y
Ulrich, como director General de Ajustes.
En el caso de Urribarri, señalaron que se ha probó que se
valió para concretar las maniobras de su influencia y vínculos con otros
funcionarios provinciales, como autoridad máxima del Poder Ejecutivo
Provincial, y desde allí administró y dispuso de los fondos provinciales. De
Cardona Herrero, que como dueño de la empresa, gestionaba y se encargaba de
ordena y dividir las dádivas.
Mails
En la audiencia, los fiscales exhibieron mails que dieron
cuenta de la adquisición de pasajes en una empresa de turismo pero pagados por
Relevamientos Catastrales SA, para que un hijo de Urribarri, su cuñado, Juan
Pablo Aguilera, y el imputado en esta causa, Guillermo Smaldone, que fue
secretario de Trabajo de una de las gestiones del ex gobernador, viajasen al
Mundial de Sudáfrica en 2010.
Además, la acusación pública dio cuenta de la adquisición,
con la misma modalidad, de una heladera, una cinta para caminar que costó 20
mil dólares y una alfombra que fueron a la casa de la familia de Urribarri, en
calle Lafinur 3302, en Buenos Aires. También sostuvieron que tienen evidencia
que corrobora que Cardona Herrero no sólo gestionaba y pagaba las dádivas, sino
que manejaba dinero de Urribarri, en pesos y dólares, y le realizaba aportes
para su campaña política en 2011.
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