Manipulación de Datos en el INDEC: Solicitan prisión para Guillermo Moreno y otros funcionarias
En un juicio que ha captado la atención nacional, los representantes del Ministerio Público Fiscal han solicitado penas significativas para Guillermo Moreno y tres funcionarias del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) por manipulación de datos entre marzo de 2006 y agosto de 2007.
El fiscal general Diego Luciani y el fiscal coadyuvante José
Ipohorski Lenkiewicz han pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de
la Ciudad de Buenos Aires que Guillermo Moreno sea condenado a cuatro años de
prisión e inhabilitación por diez años. Junto a él, solicitan penas de dos años
en suspenso para Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, todas
acusadas de diversos delitos como abuso de autoridad, violación de secretos,
destrucción e inutilización de registros públicos y falsedad ideológica de
instrumentos públicos.
Según la acusación, Moreno habría presionado a los técnicos del INDEC para obtener información confidencial, vulnerando el secreto estadístico. Además, se le imputa haber manipulado los índices de Precios al Consumidor (IPC) junto a Beatriz Paglieri y las otras funcionarias mencionadas, afectando gravemente la credibilidad de las estadísticas públicas durante su gestión como Secretario de Comercio Interior.
El juicio ha revelado cómo estas acciones no solo distorsionaron los datos económicos cruciales para la política pública y la economía nacional, sino que también causaron un daño significativo a la reputación y confianza en el INDEC. La fiscalía ha argumentado que las prácticas ilegales implementadas por Moreno y sus colaboradores afectaron la transparencia y objetividad del organismo durante casi una década.
El tribunal, integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, deberá deliberar sobre las penas solicitadas y evaluar la evidencia presentada durante el juicio, que incluyó testimonios detallados sobre las presiones ejercidas y los efectos de la manipulación de datos en el país.
El caso ha resaltado la importancia de mantener la integridad de las estadísticas públicas como base para la toma de decisiones económicas y sociales, subrayando la necesidad de proteger el secreto estadístico y la independencia de los organismos técnicos.
El juicio continúa atrayendo la atención pública debido a sus implicaciones en la administración pública y la justicia, marcando un hito en la lucha por la transparencia y la ética en el manejo de datos estadísticos en Argentina.
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