Contratos truchos: Pablo Aguilera y el resto de los imputados volvieron al penal
Los imputados en la causa de los contratos legislativos
truchos fueron derivados desde sus respectivos viviendas en Paraná hasta el
pabellón especial en la Unidad Penal 1 de Paraná, tras la decisión de la Sala
Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien había resuelto en las
últimas horas del 2018 revocar la prisión domiciliaria bajo la condición de que
el Servicio Penitenciario genere un espacio. La medida se terminó de concretar
antes del mediodía y por ende ahora estarán separados de quienes se encuentran
condenados en el sistema carcelario. De este modo, tras la resolución firmada
por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, el cuñado del exgobernador Juan Pablo
Aguilera, Gustavo Pérez, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y
Roberto Ariel Faure, se encuentran en la cárcel, según confirmó ANALISIS
DIGITAL. Alejandro Almada ya estaba preso en ese sector. Sergio Cardoso y
Flavia Beckman seguirán con domiciliaria.
Cada uno de los imputados en la causa de los contratos
legislativos truchos -a excepción de Alejandro Almada, que ya estaba detenido y
Sergio Cardoso, que sigue con domiciliaria, al igual que Flavia Beckman-
tuvieron que retornar a la cárcel de Paraná antes del mediodía. Entre las 10 y
las 13 el cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera, Gustavo Pérez, Hugo
Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure fueron buscados
en sus respectivos domicilios y derivados a la Unidad Penal 1 de la capital
entrerriana, según confirmó ANALISIS DIGITAL. Lejos quedaron de aquel abrazo
efusivo y emocionado del anochecer del 24 de diciembre, cuando el juez de
Garantías 4, Mauricio Mayer, los benefició inexplicablemente, cuando no era el
magistrado natural de la causa para resolver tal instancia y de esa manera
contradijo la disposición que había adoptado su par Marina Barbagelata.
El Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó ayer a la
Justicia que ya habia plazas en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná para alojar a
los imputados en el marco de la causa de los contratos truchos de la
Legislatura, que según el Ministerio Público Fiscal le produjo un perjuicio al
Estado del orden de los $2.000 millones. De ese modo se dio cumplimiento a la
orden emanada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que en
las últimas horas de 2018 revocó la prisión domiciliaria a la que habían
accedido el lunes 24 de diciembre, Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador
Sergio Urribarri y secretario del bloque del Senado del PJ; Gustavo Pérez,
director del servicio Administrativo Contable del Senado; y los “recaudadores”,
Hugo Mena, Esteban Scialócomo, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure. En dicha
resolución, la Sala Penal, no obstante, había establecido que todos los
imputados seguirían con la prisión domiciliaria con tobillera electrónica
“hasta que el Servicio Penitenciario comunique al juez de grado la efectiva
disponibilidad del lugar específico de alojamiento en la Unidad Penal N°1”,
publicó Entre Ríos Ahora.
Cabe recordar que quienes continuarán con prisión
domiciliaria son Flavia Beckman y Sergio Cardoso, director del Servicio
Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. En tanto, el domingo 30 de
diciembre, la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata rechazó un recurso
de reposición que presentaron los defensores de Alejandro Almada, funcionario
del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados. De ese modo, no
hizo lugar al pedido de prisión preventiva en la modalidad domiciliaria, y en
función de eso lo envió a que cumpla esa medida, por un plazo de 90 días, a la
Unidad Penal N° 1.
El 23 de diciembre, la Sala Penal, en voto dividido, decidió
acoger favorablemente sendos recursos de habeas corpus presentados por las
defensas de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri,
secretario de bloque de senadores del PJ, y de Gustavo Pérez, exdirector del
Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, a quienes la
Justicia le dictó prisión preventiva por 90 días en el marco de la megacausa de
los contratos truchos en la Legislatura.
La decisión de enviarlos a la Unidad Penal N° 1, resuelto
por la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata el sábado 15 de diciembre,
fue impuesta con una condición sine qua non: que los dos imputados fueran
alojados en un pabellón separado de los reos que cumplen condena efectiva en el
Servicio Penitenciario. Los defensores Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli
advirtieron enseguida que las condiciones de separación de procesados y
condenados no se cumplía en la cárcel, y por eso presentaron un recurso de
hábeas corpus ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, que lo rechazó in
limine.
Los defensores fueron en apelación ante el Tribunal de
Juicios y Apelaciones, pero el vocal Gustavo Pimentel confirmó lo resuelto por
Mayer. En ese marco, los abogados acudieron ante la Sala Penal, que con los
votos de los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia acogió favorablemente el
planteo, y ordenó devolver las actuaciones al juez Mayer, para que tramite el
habeas corpus. En su voto, Mizawak destacó la existencia de “un flagrante
agravamiento de las condiciones en que se dispuso que Aguilera cumpliera su
detención preventiva, lo que suscita un agravio constitucional y convencional
que debe ser remediado”.
El lunes 24, el juez Mayer no sólo acogió favorablemente el
habeas corpus, sino que dispuso la prisión domiciliaria de Aguilera y de Pérez,
y extendió la medida hacia los otros detenidos en unidades penales del resto de
los implicados, Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao y
Roberto Ariel Faure. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público
Fiscal,y el caso volvió a la Sala Penal del STJ. En un duro planteo, la
Fiscalía observó que la disposición de Mayer “no es ajustada a derecho en tanto
implica una extralimitación funcional que invade la competencia exclusiva de
los jueces naturales, de instancia y apelación, de la causa en la que se
dispusieron las prisiones preventivas”. Finalmente, la Sala Penal revocó las
prisiones domiciliarias. Y los imputados volvieron a la cárcel.
Analisis digital
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