Suman nuevas pruebas de aportes truchos a la campaña de Macri 2015
En la última semana, la causa judicial por los aportes de
campaña de la elección presidencial de Mauricio Macri pasó por tres jueces y
aún no está confirmado cuál de los magistrados con sede en los agitados
tribunales federales quedará al mando de un caso que ya presenta indicios
claros de que el Presidente llegó al poder con un informe de recaudación de
campaña con varios puntos flacos. Un relevamiento de la ONG La Alameda y el
dirigente Gustavo Vera revela que varias de las empresas cuyos empleados y
ejecutivos figuran aportando a la campaña de Cambiemos en 2015 ganaron
contratos millonarios con el Estado porteño y nacional. La Justicia deberá
investigar si esos aportes son falsos.
Además, detectaron que el oficialismo presentó en esa
campaña aportes de 1.147 empleados del gobierno porteño. El juez Sebastián
Casanello tenía varias hipótesis de investigación, antes de ser apartado del
expediente el lunes por el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.
La información ahora aportada por la ONG pone el ojo en dos
de esas líneas: presuntas dádivas en forma de contratos y licitaciones a
empresas proveedoras del Estado porteño que habrían canalizado fondos a la
campaña a través de sus ejecutivos y empleados; y la presunta utilización de
empleados públicos para blanquear aportes de origen desconocido. Tras la
decisión de Irurzun, el expediente recayó el martes en el juzgado de Luis
Rodríguez. Mientras el magistrado afronta un escándalo, señalado por un
supuesto pedido de coimas, se desprendió el viernes de la causa y se la envió
al juez Ariel Lijo, quien deberá confirmar si asume el caso. Ariel Lijo pidió
informes sobre cuentas de la campaña electoral de Cambiemos
La Alameda identificó a decenas de empleados de empresas
contratistas que contribuyeron supuestamente con 5.247.215 pesos a la campaña
de Macri. Entre 2015 y 2018, esas empresas ganaron contratos con la Ciudad y
Nación por 2.587.446.537 pesos. Entre esas empresas, hay al menos cuatro
compañías de servicios de seguridad y cinco de la construcción. Brenda Osso,
una ex empleada de la empresa de seguridad Murata SA, logró desentrañar cómo su
nombre y el de otros 11 compañeros de su antiguo trabajo terminaron figurando
en la lista de aportantes de esta campaña. A Brenda la utilizaron tres veces:
aparecía aportando 95.000 pesos en el primer informe de gastos de las PASO en
2015; otros 30.000 pesos a la campaña presidencial de octubre; y 16.500 pesos
más para la campaña legislativa del oficialismo en la provincia de Buenos Aires
en 2017.
Osso contó a Perfil que el dueño de Murata, Roberto
Raglewski, admitió que él había dado la lista de los empleados para la campaña.
En 2015, antes de la victoria de Macri, Murata ganó licitaciones en el gobierno
porteño por 1.271.154.650 pesos para custodiar bienes. En 2018, obtuvo dos
contratos por 55.814.398 pesos en el Estado nacional.
Briefing Security presentaría el mismo patrón. Cuatro
ejecutivos de esta empresa aparecen aportando 320.000 a la campaña de las PASO
2015; otros 180.000 pesos en la generales de octubre de ese año. Entre 2015 y
2016, la compañía de seguridad ganó licitaciones por 1.104.794.381 pesos con el
gobierno de la Ciudad.
Otra empresa de seguridad que repite el patrón es Sistemas
Complejos de Seguridad. En 2016 ganaron licitaciones por 11.601.727 pesos. Tres
empleados de la firma aparecen aportando dinero a la campaña presidencial. El
mismo patrón se repite con empresas de la construcción. Miavasa SA tiene cuatro
empleados o ejecutivos que figuran aportando dinero a la campaña 2015. La
compañía ganó una licitación por 55.104.908 pesos en 2017 con la Ciudad. La empresa
sostuvo que su política es no aportar fondos a campañas electorales, como marca
la ley, y que sus ejecutivos deben haber aportado a título personal.
La empresa Econovo (antes Oscar Scorza) no respondió sobre
si los ocho empleados que figuran aportando a la campaña de Macri realmente lo
hicieron. La empresa ganó una licitación con la Ciudad por más de 32 millones
de pesos en 2015. La dinámica se repite con otras compañías como Eva SA, Evassa
SA y Lurovial SRL, en cuyas sedes no fue posible conseguir una respuesta. En el
gobierno porteño contestaron a Perfil que “en las licitaciones no se incluye ni
se excluye a las empresas por las preferencias políticas de sus empleados”.
El relevamiento también arroja que existen 1.147 empleados
del gobierno porteño aportando a la campaña 2015. Una de ellos es Sol Irurzún,
sobrina de Martín Irurzún, el juez que el lunes pasado decidió apartar a
Casanello de la investigación. La mujer (44) es abogada y figura como empleada
del gobierno porteño desde abril de 2013. Aparece tres veces en los aportes a
la campaña 2015 con un total de 31.500 pesos.
Muy cerca del juez Irurzun aseguraron que el magistrado no
conocía que su sobrina figuraba como aportante y que el juez sólo se pronunció
sobre cuestiones formales, sin analizar la prueba de la causa.
En el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta prefirieron no
pronunciarse sobre el caso. Contestaron que la administración porteña “contaba
con más de 100.000 empleados, con las preferencias políticas más diversas. Cada
uno es libre de canalizarla como mejor le parezca”. Lo que en realidad debe ser
investigado es si esos empleados de la Ciudad aportaron dinero o si sus nombres
fueron utilizados -con su consentimiento o no- para blanquear dinero de origen
desconocido. Tal como sucede con el caso de la empresa Murata.
Tomeo: “Es falso, nunca puse un peso para la campaña”
oficialista
Carlos Daniel Tomeo saltó a la fama en 2016 cuando fue
blanco de una denuncia de Elisa Carrió por sus supuestos vínculos con el
narcotráfico y el lavado de dinero a través de su empresa de cigarrillos en la
provincia de Buenos Aires. La diputada de Cambiemos también lo había vinculado
al ex jefe de gabinete kirchnerista Aníbal Fernández.
Tomeo incluso había comprado un campo en San Vicente,
provincia de Buenos Aires, a una sociedad del capo narco colombiano Ignacio
Alvarez Meyendorff. Tomeo aseguró entonces que no sabía a quién le compraba la
propiedad. Finalmente, fue sobreseído por sus supuestos vínculos con el
narcotráfico y el lavado, pero ahora Tomeo tiene una nueva etiqueta para
sumarse: aportante trucho de campaña.
“Todo eso es falso, nunca aporté un peso. Nunca puse un peso
en la campaña de Cambiemos ni de nadie. Me sorprende figurar. Aparezco con mi
DNI, evidentemente han hecho una farsa”, dijo por primera vez el empresario
ante la consulta de Perfil sobre si realmente había aportado dinero a la
campaña de Mauricio Macri.
Tomeo figura en el informe oficial de Cambiemos con una
contribución de 95.000 pesos en la recaudación de la segunda vuelta electoral
de 2015. El dinero aparece contabilizado el 31 de noviembre de ese año. “No sé
de dónde han sacado mis datos. Deben tener alguna constancia de mi nivel de
ingresos para poder ponerme con esa cantidad de dinero. Alguna base de datos
deben manejar”, dijo Tomeo.
Agregó que no tiene “ningún contacto político. Soy abogado,
me imagino que para semejante aporte debe haber alguna documentación que lo
avale”. En la Justicia federal de Quilmes, Tomeo aún enfrenta un expediente por
presunta evasión impositiva a cargo del juez Luis Armella.
Fuente: Perfil
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