Ambientalistas cuestionaron la decisión del procurador de avalar el decreto sobre fumigaciones
La coordinadora Basta es Basta cuestionó la decisión del
procurador Jorge García de avalar la constitucionalidad del decreto 2239 del
gobierno provincial que establece las distancias sobre fumigaciones. Entendió
que el funcionario judicial “debe velar porque no se vulneren los derechos
fundamentales de la comunidad entrerriana” y, por tanto, “toda función que
desconozca estos pilares podrá ser catalogada como una falta grave al debido
ejercicio de la función pública”
En un comunicado la Coordinadora
explicó que objetó cada prueba presentada por el gobierno “por irrelevante,
parcial y desactualizada (estudios de hace 10 años atrás ya superados) debido a
que sus fundamentos no aportan evidencia de rigor científico que acrediten la
inocuidad de los productos usados en el campo entrerriano como tampoco la
inexistencia de riesgo en salud”. En ese sentido opinó que “jamás pudieron
probar que al reducir las distancias de pulverizaciones no se daña la salud
humana”.
Habló de la “la gravedad institucional con la que juegan
tanto el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, como la respuesta dada por
el procurador general Jorge García en la cual avaló la constitucionalidad del
decreto, sin analizar los daños en salud acreditados en el expediente y con la
sola preocupación de que no sean violados los derechos del grupo de
productores”.
En este punto sostuvo que “el procurador general tiene la
función fundamental de defender al Estado en su integralidad; debe velar porque
no se vulneren los derechos fundamentales de la comunidad entrerriana, y eso
involucra en primer lugar el derecho a la vida y la salud, con mayor fuerza a
los grupos más vulnerables como son nuestros niños y niñas; toda función que
desconozca estos pilares podrá ser catalogada como una falta grave al debido
ejercicio de la función pública”.
Para reforzar su posición, la Coordinadora cita el artículo
1 de la Ley orgánica del Ministerio Público que establece que “el Ministerio
Público tendrá independencia orgánica, funcional y tiene por función promover
la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses
generales de la sociedad”.
Respecto a la sugerencia del procurador al juez de la Cámara
Civil y Comercial, Andrés Galanti, de citar en calidad de prueba de terceros no
admitidos al proceso cuyos intereses podrían verse afectados, es decir los
productores, el grupo ambientalista opinó: “Si el Dr. Galanti decide convocar a
terceros, debiera ser para discutir lo que se trata en este reclamo judicial.
En este proceso no se ventilan temas de daños y perjuicios económicos a
productores”. E interroga “¿Desde cuándo las víctimas deben hacerse responsable
de la productividad de una actividad que los perjudica? ¿Por qué el Estado
entrerriano asume esa defensa parcial?”
“Se discute, nada más y nada menos, que la salud de la
comunidad entrerriana y de las generaciones venideras. En este sentido, hemos
propuesto como parte de la prueba la citación de un comité científico a los
fines de poder seguir aportando evidencia científica sin conflictos de interés
a la causa”, agregó.
En otro tramo del comunicado, cuestionó que “tanto el Fiscal
de Estado como el procurador general se esmeran en proteger solamente los
intereses de los grupos concentrados cuando debieran defendernos a todos”.
Finalmente exigen al gobernador Bordet que “impulse, de
manera urgente, una política pública que involucre los intereses genuinos de la
sociedad en su conjunto. En vez de los decretos contra la salud, financie y
promueva como política pública el Foro de agroecología provincial para
acompañar la transición productiva que nuestra provincia necesita y merece.
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