La presentación de Entre Ríos fue clave para el fallo de la CSJ a favor de las provincias
El gobernador Gustavo Bordet calificó de “justo” el fallo de
la Corte Suprema de Justicia que dispone que los costos fiscales de la
reducción del IVA y de ganancias deberán ser asumidos con recursos del Estado
nacional.
El mandatario puso de relieve que el Tribunal tomó especial
nota de la alegación del gobierno entrerriano que advertía que la medida
nacional “pondría en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones
provinciales, y la atención de las necesidades básicas de su población”.
“La decisión de la CSJ ratifica su compromiso federal porque
va en línea con otros fallos anteriores, como el que le devolvió el 15 por
ciento de coparticipación a Santa Fe y San Luis”, explicó Bordet.
Cabe señalar que al analizar puntualmente el caso de Entre
Ríos, el máximo tribunal destacó que quedó acreditado el peligro en la demora
sobre la base de la alegación de la provincia y su referencia a un informe de
la Comisión Federal de Impuestos, según el cual las medidas tributarias en
crisis redundarían en una disminución de aproximadamente mil millones de pesos
de sus recursos, lo que pondría en riesgo el normal funcionamiento de las
instituciones provinciales, y la atención de las necesidades básicas de su
población.
“La Corte ha dispuesto una solución muy justa al instruir a
que la Nación se haga cargo de las medidas que tomó pero con sus recursos sin
perjudicar a las provincias, ni a quienes se benefician con la reducción del
IVA y ganancias. Es el gobierno nacional el que se tiene que hacer cargo de las
decisiones que toma en materia de política económica pero con sus recursos, sin
afectar los recursos coparticipables”, aseveró el mandatario.
El fallo de la Corte deja en claro que el daño a las arcas
de Entre Ríos podría resultar irreparable, en la medida en que -según explica-
los fondos que se dejan de percibir fueron presupuestados por la hacienda
provincial y se encuentran comprometidos a la ejecución de políticas públicas
en curso, algunas de ellas de carácter social, lo que evidencia la necesidad de
acceder a la pretensión cautelar.
“Frente a la concreta dificultad de financiamiento de
necesidades públicas provinciales de significación social alegadas por la
actora, la magnitud del perjuicio invocado y lo señalado en cuanto a la
verosimilitud en el derecho, cabe tener acreditada la configuración de los
extremos exigibles a toda pretensión cautelar con el fin de resguardar los
derechos invocados hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión de
fondo debatida, por lo que los costos fiscales de la aplicación de los decretos
y las resoluciones impugnadas sean asumidos con recursos propios del Estado
nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias
actoras”, se informó desde el máximo tribunal.
La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de
Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En minoría quedó el
presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. La jueza Elena Highton de Nolasco
no votó.
En su decisión, el fallo dispuso cautelarmente que los
costos fiscales de la aplicación de los decretos impugnados y de las
resoluciones generales de AFIP sean asumidos con recursos propios del Estado
nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de
Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
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