La Asociación de Magistrados cargó contra el Jefe de Policía por sus críticas al juez y una fiscal de Federación

La presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Gabriela López Arango, repudió las declaraciones del jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, en torno a los hechos en derredor de un allanamiento realizado en la Jefatura Departamental de Policía de Federación, dispuesto por la fiscal auxiliar Josefina Penón y el juez Sergio Rondoni Caffa, en el marco de una investigación legítima por apremios ilegales y vejaciones a un detenido

Asimismo  expresó su solidaridad, como así también la del Consejo Directivo y la Comisión de Género de la institución que preside, para con ellos, y enfatizó la necesidad de que se realicen, dentro del ámbito de la legalidad y con amplia libertad,  por parte de los jueces y fiscales, este tipo  de investigaciones, relacionadas con delitos que implican – ni más ni menos – vulneraciones de normas  constitucionales, de tratados internacionales de DDHH, amén de las disposiciones del Código Penal Argentino y que afectan la dignidad de las personas. De allí la necesidad de que sean aclarados estos hechos.

También mencionó que este tipo de procedimiento llevado a cabo por la fiscal Penón y ordenado por el juez Rondoni Caffa,  en el ejercicio de sus funciones, no puede jamás utilizarse como justificativo de parte del personal policial de la Jefatura Departamental de Policía de  Federación, ni por ninguna otra repartición, para no atender llamadas por violencia de género u otros casos urgentes, debiendo arbitrarse los medios para tales efectos.

Finalmente, la Dra. López Arango auspició una investigación libre y sin interferencias para el pronto esclarecimiento de los hechos.

Versión policial

 A través de un comunicado firmado por Maslein, la Policía manifestó “la inquietud institucional que se ha observado en las últimas horas, en todo el personal policial, y en especial en el perteneciente a la Departamental de Federación, por la llamativa manera en que una fiscal de esa ciudad decidió invadir el edificio de esa jefatura, mediante una orden de allanamiento, utilizando además el apoyo numeroso de una fuerza federal quienes empuñaban armas de hombro para apropiarse del sitio, tal si fuera una maniobra de asalto táctico, siendo que se trataba de una dependencia pública que está al servicio de la comunidad”.

“En donde justamente la Policía es el brazo auxiliar de esa misma autoridad judicial que arrogándose su potestad legal menoscabó la noble función que allí se desarrolla; viéndose impedidas durante las largas horas que duró la inspección, todas las comunicaciones que diariamente se reciben como son los llamados de emergencias, el control de los sistemas de seguridad electrónica tanto de personas en situación de riesgo por violencia de género como así también de diferentes edificios que son custodiados; y la atención  a los vecinos que recurren a la Policía en busca de ayuda por disímiles razones”, se acotó.

Por último se hizo “un llamado a la reflexión para que situaciones como estas no vuelvan a perjudicar a la ciudadanía quitándole la atención de un servicio básico como es la seguridad, y además las autoridades judiciales conocen de la disposición que siempre se ha mantenido para colaborar en todo requerimiento penal, más aún cuando es la propia Policía la primera en pretender que se esclarezca una situación donde es cuestionada la acción de alguno de sus integrantes, siendo sobrados los ejemplos de espontaneidad y crédito responsable de colaboración con la justicia”.