Allende se enriqueció en más de 1 millón de dólares: decomiso, multa y prisión condicional
El exdiputado provincial José Ángel Allende (PJ-Nogoyá)
firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció su crecimiento
patrimonial en más de un millón de dólares y por ende tendrá que entregarle al
Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil
dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares). La
denuncia por su enriquecimiento fue realizada por ANÁLISIS en marzo de 2012 y a
partir de allí se le abrió una causa. También reconoció el delito de negocios
incompatibles con la función pública -también revelado por la revista- y por
ende deberá pagar una multa de 3 millones de pesos. En tanto, tendrá que
cumplir una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y será inhabilitado
de modo perpetuo para ejercer cargos públicos. Esto último, como consecuencia,
además, de las amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez y al periodista
Martín Carboni. La información fue confirmada a ANALISIS por el abogado de
Allende, Leopoldo Lambruschini. Los bienes que se decomisen podrían ser la sede
del Consejo de la Magistratura y las oficinas de la Fiscalía de Género.
El exdiputado ya no podrá observar más el atardecer desde su
lujosa mansión del Parque Urquiza, que abandonó a principio de año. Tampoco
mantener reuniones en la vieja casona de calle Laprida. Esta vez bajó los
brazos y acordó con la justicia un juicio abreviado por un combo de delitos
cometidos en los últimos tiempos. Reconoció que se enriqueció ilegalmente
siendo diputado provincial una y otra vez; que cometió negocios incompatibles
con la función pública; que amenazó a la ministra Sonia Velázquez y también al
periodista Martín Carboni. Y por ende tendrá que pagar por ello.
Allá por marzo de 2012, la nota de tapa de la revista
ANÁLISIS, firmada por el periodista Jorge Riani, derivó en el inicio de una
causa por enriquecimiento ilícito, pero también por negocios incompatibles con
el Estado: giraba subsidios a la fundación que preside su actual mujer,
firmados y entregados por él mismo en actos públicos.
Cuando se le hizo una tasación oficial desde la justicia, en
2016, los profesionales actuantes determinaron que Allende tenía entonces
bienes por más de 2,5 millones de dólares, pese a que algunos inmuebles no
aparecieron en el relevamiento realizado en Paraná y Capital Federal. La cifra
exacta fue de 2.512.965 dólares. El detalle, era el siguiente:
—Residencia en calle Castelli, pleno Parque Urquiza: 720.922
dólares.
—Piso 27 en Puerto Madero, Capital Federal: 536.000 dólares.
—Casa quinta en Sauce Montrull, 368.162 dólares.
—Semipiso en el edificio Torres del Cóndor, pegado al Hotel
Marán, en pleno Parque Urquiza. Fue adquirido por Diana María Traverso
(exesposa) en fecha 28/06/2007 y donado posteriormente a sus hijos en octubre
del 2010. Está a nombre de Victoria, Carolina y Julio Allende. Está valuado en
297.192 dólares.
—Departamento 10 «A» en el edificio de calle Cervantes y
Santiago del Estero, 130.600 dólares.
—Departamento 10 «B», en el mismo edificio, 81.800 dólares. Los
dos inmuebles están a nombre de José Angel Allende, hijos y la señora Traverso.
—Inmueble ubicado en calle Laprida Nº 152, Paraná, Matricula
Nº 148596, Plano nº 111159. Adquirido por José Ángel Allende, el 25 de
noviembre de 2004, posteriormente donado a sus hijos en diciembre de 2006. Sale
378.289 dólares. O sea que hace a un total de 2.512.965 dólares.
La tasación judicial comprendió además el yate denominado
Quichua, con camarote y hasta una especie de caja fuerte incrustada, que
costaría actualmente 55 mil dólares. Sorprendió que no fuera incluida la isla
de Allende, comprada en 2014. Son 13.700 metros cuadrados (poco más que una
manzana), ubicados frente al Club de Pescadores de Paraná. La operación la
concretó con la abogada María Cristina Mercedes Daneri, quien vendió su parte
de la herencia familiar. La letrada estaba en la Fiscalía de Estado y
actualmente está a cargo de los sumarios en Tribunales.
Entre 2016 y tiempos recientes, Allende se desprendió de
varios inmuebles transfiriéndolos a familiares o testaferros, que no
aparecieron en el relevamiento judicial. Fue el caso del costoso piso de calle
25 de junio (entre Buenos Aires y Santa Fe), por el que le había pagado 160 mil
dólares al escribano Héctor Krochik –radicado en Punta del Este, desde la
abrupta caída del Banco Cooperativo del Este- ni la propiedad que tenía en
calle Courreges. Tampoco se incluyó la tasación del haras de Nogoyá, donde
tiene algunos caballos, ya que la mayoría de los equinos de carrera están en el
hipódromo de Palermo, para lo cual debe abonar mensualmente significativas
sumas de dinero para su mantenimiento. Y estuvo ausente la radio La Voz que
tiene en Nogoyá.
Además de gremialista, exlegislador y referente del poder
oficialista, Allende es un hombre de negocios. Está ligado, a través de
sociedades con amigos y familiares, con domicilios en el exterior, al negocio
financiero y bursátil. Tuvo una empresa en Montevideo y cuentas bancarias que
ordenó cerrar cuando la revista ANALISIS consignó su existencia. También se
dedica a la cría de ganado (las estimaciones indican que dispone de entre 3.000
y 5.000 cabezas de ganado en zonas de islas de los departamentos Diamante y
Victoria, lo que negocia con tres firmas consignatarias diferentes); al cultivo
de cereales y a los medios de comunicación. Está vinculado con el mercado de
los medicamentos (más allá de que cuando saltó el negocio irregular de la
efedrina ordenó el cierre intempestivo de la farmacia que conducía una de sus
hijas y que estaba en la esquina del Hospital San Martín de Paraná); con las
carreras de caballos y la construcción.
Allende dispone además, hace ya un buen tiempo, de varios
modelos de vehículos antiguos, con los cuales, junto a su actual mujer,
participa en competencias en diferentes puntos del país y no duda en
fotografiarse sobre ellos en cada jornada automovilística.
Es decir que su patrimonio es muy superior a los 2,5
millones de dólares que figuraban en la tasación. Pero como cada uno de los
políticos reconocidamente corruptos de nuestras tierras entrerrianas, Allende
siempre negó todo.
Intento fallido
A fines de 2016, el diputado y gremialista le pidió a su
abogado y sobrino Marcos Rodríguez Allende -quien llevaba adelante su defensa-
que gestionara una reunión con el procurador Jorge García para concretar un
juicio abreviado. “Allende quiere que nos juntemos porque pretende terminar con
la causa penal y está dispuesto a reconocerse responsable de enriquecimiento,
aceptaría tres años de prisión condicional, no renovaría la banca de diputados
y entregaría algunos bienes”, le dijo.
Allende se reunió con el procurador y le indicó que estaba
dispuesto a reconocer el delito de enriquecimiento que se le imputaba.
—Doctor, me hago cargo de mis culpas, pero quiero que
desligue totalmente a mi mujer y a mis hijos, que también quedaron involucrados
en la causa –insistió Allende.
—Eso está previsto. Nosotros exigimos tres años de prisión
condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la entrega
del departamento en Puerto Madero, la casa del Parque Urquiza y la estancia de
Sauce Montrull- se le respondió.
Allende quedó mudo y fijaron fecha tentativa para otra
reunión que nunca se realizó. En 2017, a mediados de febrero, la web Análisis
digital informó sobre la posibilidad de un juicio abreviado para Allende a
cambio de bienes y prisión condicional. Sergio Urribarri lo citó urgente a su
despacho para hablar del tema, según quedó registrado en el libro El Nido.
—¿Vos sos loco, Ruso? Sos consciente del precedente que nos
generás si acordás eso? –le preguntó el exgobernador, también denunciado por enriquecimiento
ilícito.
—Pato, no es por mí. Es por mi mujer y mis hijos. Adriana me
vuelve loco; ya se quiso ir a la mierda de la casa porque no soporta más esta
situación.
—No sé, le buscamos otra solución. Pero no arregles nada
porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma
situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de
por vida para hacer política. A mí no me van a meter preso. No se van a animar.
Nunca más se avanzó en la posibilidad de un acuerdo. Primó
la avanzada del propio Urribarri y sus secuaces, varios de ellos también
pendientes de decisiones judiciales por causas de corrupción.
El expresidente de Diputados y titular de UPCN Entre Ríos
siempre tuvo estampado el símbolo del dinero en su frente y en sus genes. Nunca
dejó de sacar tajada de alguno de sus movimientos, como desafiándose
permanentemente, para demostrar que, como varios de los popes gremiales de
Capital Federal, él también podía ser rico y poderoso sin transpirar demasiado
la camiseta. Durante los períodos legislativos ese lugar de privilegio de
diputado oficialista u opositor –como sucedió con Sergio Montiel, que se
transformó en su mejor aliado- le dio ciertos aires de prestigio jamás
comprobado, relaciones sociales en medio de una sociedad paranaense ostentosa y
siempre dispuesta para las fiestas y la foto al instante, como así también
posibilidades de hacer innumerables negocios millonarios, imponiendo un poder
para muchos inexistente. Allende se valió de cada minuto de esos años en la
banca para cumplir a rajatablas con esas prerrogativas de la vida, en beneficio
propio, pero también para cada uno de sus familiares, a los que ubicó sin
ponerse colorado, en diferentes estructuras del Estado. Ya fuesen hijos,
hermanos, sobrinos, cuñados, esposas, empleados de haras o de la casa quinta.
Todos pasaron al Estado entrerriano; con diferentes sueldos, categorías,
contratos o lugares de poder que, quizás, hasta se ganaron por mérito propio.
Pero siempre estuvo antes la “sugerencia” del diputado al responsable político
para que le abriera el camino con un puesto.
Algo así sucedió también con la arquitecta Adriana Satler, a
quien conoció para rediseñar su casa quinta de Sauce Montrull y la terminó
convenciendo para que se transformara primero en su novia y luego en su esposa.
Su mujer, que tuvo a su cargo la dirección de obra de la mansión en el Parque
Urquiza, fue funcionaria en el Ministerio de Salud, luego pasó a Diputados y lo
asesoró en el gremio y en algunos de los negocios que encaró. Uno de ellos fue
el manejo absurdo de subsidios que concretó en la Cámara Baja, entre 2007 y
2011, a través de la fundación que crearon. Satler y la hija del exdiputado,
Carolina Allende, pasó a planta permanente de Diputados. El hijo, Julio Allende,
quedó en planta del Senado el año pasado.
Nuevo intento y acuerdo
En los últimos años, Allende no dejó apriete sin hacer,
tratando de hacer honor a su apodo de descendencia familiar de Machito. Mandó a
apretar a una funcionaria de Salud de Diamante pero pudo zafar de la justicia;
amenazó a la ministra de Salud, Sonia Velázquez y a la vez también al
periodista Martín Carboni. Allende se sintió cercado por la justicia y se dio
cuenta que los tiempos políticos se le fueron acabando, más aún cuando no le
dieron ningún tipo de lugar en el bordetismo.
Ese fue el marco por el cual se avanzó en un nuevo acuerdo
de juicio abreviado, esta vez sin Rodríguez Allende, sino de la mano del
abogado Leopoldo Lambruschini, del estudio Federik. El escrito se terminó de
formalizar el 28 de mayo, después de ocho meses de negociaciones. Allí, Allende
dejó establecido que reconocía todos los delitos que se le imputaban.
El informe del enriquecimiento ilícito, según el escrito
final del Gabinete Técnico Contable del Ministerio Público Fiscal, dejó
establecido que el exdiputado tuvo un crecimiento patrimonial sin justificar de
1.069.841 dólares. Por ello fue que se acordó el decomiso de bienes inmuebles,
cuyo valor de tasación en dólares es mayor a la totalidad del producido por
delito que surge del monto del enriquecimiento no justificado. Por ende, se
dispuso el decomiso del inmueble de calle Laprida 152 de Paraná, de más de 340
metros cuadrados y valuado en 378.289 dólares y, a la vez, de su mansión de
cuatro pisos en calle Juan José Castelli 10, de 199 metros cuadrados, valuado
en 726.922 dólares. O sea que la suma es de 1.105.211 dólares.
A la vez, se le impuso una multa de 3 millones de pesos, que
sería el equivalente al 60% del valor del enriquecimiento, en pesos.
Y se impone una pena de 2 años y 8 meses de prisión
condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Además, se estableció, como norma de conducta por el plazo
de dos años: “la prohibición de realizar cualquier tipo de actos violentos,
molestos y/o perturbadores a las víctimas y sus grupos familiares, por sí o por
interpósita persona”; “realizar algún tipo de actividad relacionada con la
violencia de género y la libertad de expresión” que se determine desde la
justicia; “la prohibición de verse involucrado en cualquier comportamiento
violento”.
El decomiso de los bienes es en favor del Estado provincial.
Y en el acuerdo quedó establecido que, a entender del Ministerio Público Fiscal
“se entiende oportuno asignar el inmueble a decomisar, de calle Castelli 10,
para la sede del Consejo de la Magistratura, que carece de lugar propio”. Y que
el inmueble de calle Laprida “sea asignado al Poder Judicial, con destino a la
Unidad Fiscal de Género de Paraná”.
El escrito fue firmado por Allende; su abogado Leopoldo
Lambruschini; la fiscal Laura Cattáneo; el fiscal Alvaro Piérola (que llevó
adelante el caso Carboni); el fiscal Leandro Dato (que trabajó el expediente
por el caso de la ministra Velázquez) y la procuradora adjunta Cecilia
Goyeneche. La audiencia posterior con el juez de Garantías pertinente será
solamente un trámite formal de la justicia.
Quedó sellado el final de un dirigente que le hizo mucho
daño a la política, al Estado entrerriano y al peronismo. Y el acuerdo fue
también un llamado de atención para esa dirigencia gremial y política que lo
vino sosteniendo por décadas, como buena parte del periodismo entrerriano. Que
se engañó con sus movimientos de poder, con su discurso vacío y lleno de
mentiras; que bancó sus aprietes, sus golpes bajos, sus métodos repudiables.
Allende no estará más en lugares públicos y tuvo que
entregar parte de su patrimonio. Y por tres años no podrá cometer ningún error,
para no terminar en la cárcel, como le sucediera al exsenador Mario Yedro (PJ).
Algo se avanzó, aunque seguramente habrá quienes no están de acuerdo. Y lo
decimos desde esta pequeña tribuna, después de denunciarlo periodísticamente a
Allende por casi 30 años, con innumerables tapas, soportando sus advertencias y
amenazas. Y con demasiados mirando para otro lado.
Por Daniel Enz
(de ANALISIS)
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