Hay malestar en la Justicia por resolución de Diputados sobre la causa Micaela
La Cámara de Diputados de la provincia tiene en estudio una
resolución donde manifiesta su preocupación por la liberación de Néstor Pavón. El
proyecto, presentado por la diputada Ayelén Acosta (PRO), considera a Pavón
co-autor material de la violación y posterior homicidio de Micaela García,
delitos por los que aún no ha sido juzgado ni condenado por la Justicia. La
iniciativa causó malestar en los Tribunales por la intromisión del Legislativo
en ámbitos del Poder Judicial.
El proyecto presentado por Acosta y acompañado por la
diputada Sara Foletto (UCR), sus compañeros de bancada Uriel Brupbacher y
Gustavo Cusinato y su pares del PRO
Manuel Troncoso y Esteban Vitor, tiene como objeto repudiar la decisión de la
Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de disponer la excarcelación con
prisión domiciliaria de Néstor Pavón, previo depósito de un millón de pesos.
El artículo único de la iniciativa, consigna que la Cámara
de Diputados manifiesta “su preocupación por la liberación de Néstor Pavón,
resuelta por la Sala I del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, por el
criterio argumentado para emitir la decisión que pone en riesgo la
efectivización de la pena en su contra como co-autor material de la violación y
posterior homicidio de Micaela García, que aún está en etapa de recurso”.
“El criterio expuesto por la mayoría de dicha sala, expuesto
en los votos de los Dres. (Daniel) Carubia y (Miguel Ángel) Giorgio, resulta
contraria a la posibilidad de la aplicación de la pena de prisión perpetua
peticionada oportunamente por la acusación, y que se halla en etapa de
recurso”, indica el proyecto en sus fundamentos.
“La decisión nos interpela como sociedad, y pone en
evidencia el rol de nuestro sistema judicial y los principios garantistas
aplicados a los condenados que imperan en los jueces, en detrimento de los
derechos de las víctimas y sus familias, y también de la sociedad toda”,
agrega, consignando que la participación de Pavón en el crimen de Micaela, “ya
sea como co autor o encubridor, ha sido probada”.
En rigor de verdad, Pavón fue condenado en primera instancia
como encubridor, por lo que debía cumplir 5 años de prisión efectiva. Esta
sentencia fue apelada, tanto por la acusación que buscaba que se lo juzgue como
co-autor con una pena en expectativa de presión perpetua, como por su defensa,
por lo que no se encontraba firme.
Sin embargo se lo mantuvo en prisión preventiva durante tres
años y cuatro meses por lo que, al cumplir los dos tercios de la pena que se le
había impuesto (aún cuando no estaba firme) le asistía el derecho a ser
excarcelado.
En los fundamentos de la resolución, Acosta apunta a que
“aunque las pruebas ya fueron recolectadas, la investigación, según manifiestan
las partes intervinientes en el juicio, fue completada, el riesgo cierto de fuga
existe”. “Si Pavón fue sentenciado como encubridor del condenado como autor
material de tan aberrante crimen, bien puede él mismo realizar las maniobras de
fuga para evitar la concreción de una condena mayor en su contra”, consideran
quienes firman el texto.
“La división de poderes impone que el legislador no puede
emitir sentencias, no puede recurrirlas, no es cámara de apelaciones, pero sí
es el representante de los intereses de la gente, del ciudadano, del
entrerriano, y por ello no podemos distraernos ante sentencias o decisiones que
tienen repercusión en toda la sociedad”, precisa.
Malestar
El proyecto de resolución tomó estado parlamentario en la
sesión del pasado miércoles 26 y fue remitido a la Comisión de Asuntos
Constitucionales de Diputados.
Al tomar conocimiento del texto, integrantes del Superior
Tribunal de Justicia y referentes de la magistratura provincial manifestaron su
estupor y desagrado por los términos del proyecto de resolución, que consideran
una intromisión del Legislativo en materia de otro poder del Estado.
Según pudo saber esta Agencia, en el alto cuerpo se quejaron
por la “irracionalidad” de los fundamentos y recordaron que son los
legisladores los que deben sancionar las leyes que la magistratura debe hacer
cumplir en los estrados judiciales.
Si el proyecto es aprobado en Comisión, podría llegar al
plenario de Diputados en la próxima sesión, prevista para dentro de dos
semanas.
APF
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