Escenario político, La pandemia de la desigualdad

La pandemia que asoló al mundo al inicio de 2020 resiste, a pesar de restricciones e investigaciones que dieron origen a vacunas diversas en tiempos récords. Lo que no resiste son las consecuencias sociales derivadas de la caída de la actividad económica, y así como una minoría logró incrementar su riqueza de una manera obscena, las grandes mayorías sufren. La anunciada segunda ola llegó en un momento en que la economía argentina comenzaba a mostrar signos de recuperación. Pero los números macros no logran derramarse y comienza a urgir presencia efectiva del Estado en el bolsillo de los más vulnerables.

La realidad es que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres en el segundo semestre de 2020 fue de $29.567, mientras la Canasta Básica Total promedio del mismo grupo de hogares alcanzó los $50.854, por lo que la brecha se ubicó en 41,9%, el valor más alto de la serie, ya por quinto semestre consecutivo. A los hogares pobres le faltaron unos $20 mil mensuales para -en promedio- superar su condición de pobreza. Siempre remarcar que estamos analizando estadísticas, cada lector tendrá a mano más de un caso que no llega a juntar los 29 mil y pico.

A su vez, en el segundo semestre de 2020 no solo hubo un aumento en la incidencia de pobreza, que alcanzó al 42% de la población nacional respecto del primer semestre de 2020, sino que la situación de las personas bajo la línea de pobreza empeoró por la mayor distancia entre sus ingresos y la Canasta Básica. Días atrás el INDEC dio a conocer los índices de pobreza e indigencia, que además de las pandemias neoliberal y del Covid 19, encuentra sus razones en la matriz de distribución del ingreso. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad. Cuanto más cerca de 1 se encuentre, mayores niveles de inequidad indica. En el primer trimestre de 2015 era de 0,364. En el cuarto trimestre de 2020 fue de 0,435. Las políticas de apertura y reprimarización de la economía, apuntaladas por todo tipo de decisiones a favor de los sectores más concentrados, empezando por el ninguneo del mercado interno vital que había sido configurado hasta 2015 y una brutal devaluación, derrumbaron la tendencia que por más de una década sacó de la pobreza a millones. Según datos del Banco Mundial, la Argentina, a la salida de la crisis de la convertibilidad, mostraba un índice de Gini de 0,538.

El 42% de los argentinos es pobre, el mercado de trabajo formal e informal remunera por debajo de la línea de pobreza. Qué se pretende si mínimo, vital y móvil, como la jubilación mínima, se ubican en torno a los $20 mil mensuales. El 10% más rico acapara el 31,7% del ingreso total y el 50% más pobre apenas accede al 20,7%. En resumen y para no extendernos con cifras que siempre borronean el mensaje, disponemos de un discurso semestral piadoso sobre la pobreza, pero poco, en términos concretos, que empiecen a revertir semejantes inequidades.

El ministro Martín Guzmán va y viene entre la heterodoxia y la búsqueda religiosa del equilibrio fiscal. En el inicio de las negociaciones con el Fondo, el ministro llevó como ofrenda la caída del IFE y del ATP. La segunda ola y el vergonzoso índice de pobreza lo están obligando a reinstalar esos programas más temprano que tarde. Los millones de pobres de este país no son disputados por los grandes bufetes de abogados para pleitear contra el Estado como sí lo son los 12 mil millonarios para no pagar el Aporte Solidario y Extraordinario. Pero para eso votaron con las dos manos a un gobierno que les ofreció una esperanza de cambiar el rumbo, que los iba a expresar, que los iba a priorizar, que les iba a poner plata en el bolsillo, que iba a controlar el precio de los alimentos, que iba a desdolarizar las tarifas y que iba a dinamizar nuevamente el mercado interno, para recrear ese círculo virtuoso de trabajo, consumo y más trabajo. Nada es sencillo en este país y menos con una oposición feroz que no se apacigua ni en pandemia. No desconocemos esfuerzos como el que esta semana coronó el Senado, al convertir en ley las modificaciones en ganancias y monotributos de trabajadores autónomos, que benefician a más de un millón y medio de trabajadores y jubilados, pero en un país productor de alimentos a escala global, referencia en el precio de los granos, no puede seguir siendo tolerable que la mitad de niños y niñas tengan hambre.

Politizar la Justicia

Como venimos sosteniendo en esta columna, es necesario POLITIZAR la justicia. Politizar no tiene que ver con partidos políticos, sino con hacerse cargo, pasar del testimonio a la acción, romper el paradigma de la indiferencia. La ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez, denunciará penalmente a los municipios de Santa Elena, Gualeguay, Crespo y Chajarí por la realización de fiestas sin protocolos en el marco de la emergencia sanitaria por Covid. La funcionaria apunta a que se investigue la posible comisión de delitos contra la salud pública y resistencia a la autoridad. Las presentaciones legales serán por la “presunta violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en período de emergencia pública”. Velázquez informó que la materia objeto de la demanda “es Federal, conforme la naturaleza del delito denunciado (contra la salud pública y resistencia a la autoridad nacional), y al estado de emergencia nacional que involucra la salud pública de los habitantes del país”. En ese sentido, apuntó a los delitos dispuestos por los artículos 205 y 239 del Código Penal “contra la salud pública y resistencia a la autoridad, que reprime toda conducta violatoria de las disposiciones legales que faciliten la `propagación de virus pandémico, Covid 19´, o cualquier otro delito que resultare de dicha investigación”.

La justicia provincial promovió acciones rápidamente en relación a estas fiestas que incentivan los contagios. Solo que lo hizo con el prisma de la doble vara que rige la mayor parte de sus movidas. Solo alcanzaron a enterarse de la fiesta llevada a cabo en el municipio de Santa Elena, gobernado por el justicialista Daniel Domingo Rossi. No ocurrió lo mismo con los jefes comunales pertenecientes a Juntos por el Cambio de Chajarí, Pedro Galimberti, y de Crespo, Darío Schneider, quienes también coinciden en sus apetencias para disputar la gobernación por el radicalismo. Ambos se muestran como “libertarios” y desde el comienzo de la peste vienen exponiendo políticas y posiciones contrarias a las medidas implementadas por Nación y Provincia.

Camino despejado

El ex ministro del Interior de Mauricio Macri realizó la segunda recorrida de campaña, que tuvo como epicentro a la ciudad capital. Mantuvo encuentros con dirigentes de las distintas líneas de Juntos por el Cambio, donde manifestó su decisión de ser candidato a diputado nacional para luego ir por la gobernación. También visitó el denominado 5to distrito, Paraná Campaña, donde Juntos por el Cambio se siente fuerte. A su vez, un hombre de su confianza y operador de experiencia, el diputado Juan Domingo Zacarías, lanzó en Concordia la Mesa de Acción Política y Social que propone a Frigerio como candidato. Su rol es medular, ya que proviene del peronismo y allí centra buena parte de sus esfuerzos. También es quien articula los movimientos con el espacio Creer, comandado por Mario Moine, Augusto Alasino y Emilio Martínez Garbino.

En tanto, desde el centenario partido, sólo surgió una declaración de Fabián Rogel, que para poner o simular un poco de resistencia comunicó, luego de su encuentro con Frigerio, que será precandidato a gobernador. Unos días antes Atilio Benedetti, ante la pregunta del periodista Nicolás Blanco de si iba a ser candidato, sólo se animó a decir que será “protagonista”.

Rogelio Frigerio cree tener servida en bandeja la provincia. Lleva adelante un plan de acción con un discurso moderado. Ante la situación nacional socializa las pérdidas y explica que hay “corresponsabilidad” de todos los partidos. Ese criterio salomónico cambia radicalmente cuando se refiere a Entre Ríos. Responsabiliza sin dudar a “los 20 años de peronismo”. Lo único que por estas horas lo preocupa es el calendario electoral. Tan a gusto se siente en su instalación que, si por él fuera, votaría la semana que viene. Sin ruborizarse dice que el gobierno debe cumplir con el plan de vacunación estipulado para así poder cumplir con el normal desarrollo del calendario electoral vigente. Parece no haberse enterado de la crisis mundial que provocó la guerra por la adquisición de vacunas.

Lo que llama la atención es que esta vez ningún dirigente del peronismo oficial dijo nada. Una semana disparando munición gruesa contra el peronismo y ninguna respuesta, ningún legislador ni legisladora, funcionario o militante del Frente de Todos se le animó. Ante el escándalo de espionaje ilegal fue la diputada nacional Blanca Osuna quien reclamó con firmeza, pero esta vez ni siquiera los diputados provinciales que ofician de voceros salieron al cruce. La política entrerriana ha dado paso a una nueva normalidad. Ante la pasividad del peronismo, quien oficia como francotiradora del ex ministro es la inefable Elisa Carrió, quien ya lo calificó de “indeseable” y “entregador” de los candidatos de Juntos por el Cambio en la elección pasada. También lo comenzaron a señalar empresarios perseguidos por el gobierno macrista, que comenzaron a hablar y a mostrar pruebas del modus operandi, lo trataron irónicamente de “republicano” por las acciones y omisiones que sucedieron bajo su poderoso ministerio, como la escandalosa denuncia que hizo la actual titular de Migraciones por espionaje ilegal.

Conducción estratégica

Venimos remarcando el estado de ánimo de la oposición provincial, que ni la pandemia parece morigerar. Candidatos que quieren la elección YA, intendentes radicales sin reelección activos en sus departamentos, por no decir en modo campaña, preparan su desembarco para disputar las senadurías departamentales. Mientras tanto el peronismo entrerriano no muestra un plan de acción. Todavía parece un cuerpo amorfo, sin musculatura ni reacción. La mayor parte del activo militante expresa resignadamente que las elecciones intermedias se pierden. Como si no tuvieran dimensión de lo que verdaderamente significa una derrota electoral repiten esa sentencia que se contrapone con sus ganas o intereses, aun aquellos más nimios y personales. La excepción la constituyen dos que no esconden sus intenciones de acceder a la Casa Gris: Enrique Cresto y Adán Bahl.

Habrá que reconocerle al gobernador que, a su manera, va llevando la situación a un cauce en donde los dos candidatos más firmes a sucederlo son ayudados por él. A Cresto dejándolo caminar la provincia con toda libertad, para anudar acuerdos políticos al calor de los convenios de obras de saneamiento. A Bahl ayudándolo en el apalancamiento presupuestario, para que se concrete un fenomenal plan de obra pública que la ciudad capital necesita.

El funcionario nacional confía en una rápida recuperación económica y que la ciudadanía valorará la gestión gubernamental de la pandemia. En tanto, el entorno más cercano al presidente municipal paranaense sostiene que la mayoría del principal padrón provincial terminará apoyando la gestión municipal y con ello infieren que viene el acompañamiento electoral para una eventual candidatura a la gobernación. Las dudas no se disipan.

Mientras tanto, en el país de la grieta, vemos en redes sociales cómo gente de izquierda o progresista ahora están discutiendo cómo cuidarnos. En tiempos normales la discusión suele ser sobre más libertades y más derechos. Y la gente de derecha, hoy en pandemia, discuten libertades cuando en tiempos normales piden límites y represión.

En fin, frente a los discursos de odio y el terraplanismo político, necesitamos más políticas de cuidado, más vacunación, más Estado y sobre todo, más comunidad activa que luche contra la desigualdad. No somos un conjunto de individuos aislados, somos un pueblo que en una adversidad inédita en su inmensa mayoría prioriza la vida.

Entreriosplus