Defensores piden que se suspenda el inicio del megajuicio a Urribarri
El inicio del megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, previsto para el 16 de septiembre a las 9, quedará entre paréntesis luego de la presentación de un escrito, para que se aplace la fecha de comienzo.
El argumento es que en la causa se incorporaron tres nuevos
abogados que deben ponerse al corriente de un voluminoso expediente que agrupó
tres causas penales por supuestos hechos de corrupción durante la administración
Urribarri.
La incorporación de nuevos letrados se dio tras la
designación del abogado Guillermo Vartorelli como relator de la Sala Penal del
Superior Tribunal de Justicia (STJ). Vartorelli ejercía la defensa de los
imputados Gustavo Rubén Tamay y Emiliano Oscar Giacopuzzi, y era codefensor de
Hugo Félix Céspedes, Gustavo Javier Tórtul y Corina Elizabeth Cargnel.
Nombrado dentro de la estructura del Poder Judicial,
Varotorelli dio un paso al costado como defensor. Patricia Valín y Andrés
Ignacio Bacigalupo ejercerán ahora la defensa de Emilio Oscar Giacopuzzi; en
tanto Juan Antonio Méndez se hizo cargo de la defensa de Gustavo Tamay.
Cauto, un defensor admitió ante Entre Ríos Ahora que «muy
posiblemente se pida una prórroga para estudiar la causa. Hasta consideraría
imprudente y peligroso no pedirla. Es una causa que contiene demasiados gigabyt
de prueba documental. Creo que leer solo una vez todo el material de evidencia
le llevaría meses a cualquier lector avezado». En ese sentido, apuntó: «Me
parecería muy imprudente no solicitar un tiempo prudencial para estudiar las
evidencias».
El megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri -y otros 14
imputados en tres grandes causas de corrupción por hechos ocurridos durante su
gobierno- se iniciará el próximo jueves 16 de septiembre, a las 9, en el
amplísimo salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), según el
cronograma oficial publicada por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
Dos profesionales del área de Salud Ocupacional del Poder
Judicial recomendaron las medidas sanitarias que se deberán cumplir para
respetar las restricciones por la pandemia de coronavirus, y de ese modo no
habrá suspensión de las audiencias, que se extenderán hasta el 16 de noviembre.
A lo largo de los tres meses en los que se desarrollará el
juicio, intervendrán 3 jueces -José María Chemez, María Carolina Castagno y
Elvio Osir Garzón-; 4 fiscales; 9 abogados defensores; 15 imputados; y 140
testigos, que declararán a razón de 8 por día.
De acuerdo al calendario, se fijaron las audiencias de
juicio oral a Urribarri para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de
septiembre; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de
octubre; y 15 y 16 de noviembre, a las 9, en el salón de actos del Superior
Tribunal de Justicia (STJ).
Ese megajuicio ocurre luego de la suspensión, en 2020, de
tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos
planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño
Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de
publicidad oficial.
Los defensores Marcos Rodriguez Allende, Miguel Angel
Cullen, Emilio Fouces, Guillermo Vartorelli, Raúl Enrique Barrandeguy,
Candelario Pérez, Ignacio Díaz, Juan Méndez y José Velázquez habían peticionado
un informe técnico para determinar si estaban dadas las condiciones sanitarias
para el desarrollo de un juicio de esa envergadura. Con el informe del área de
Salud Ocupacional de Tribunales, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA)
informó que «los intervinientes en el
juicio oral se ajustarán a las medidas sanitarias vigentes para el desarrollo
del debate fijado, utilizando la herramienta alternativa virtual, de válida
excepción a la presencialidad para el caso que lo sea necesario, garantizando a
todo evento los derechos y garantías de todos los intervinientes, como se ha
implementado en numerosos debates penales orales».
El ingeniero Mario Benavento, coordinador responsable en
Higiene y Seguridad en el Trabajo, y el médico Pablo Marcelo Taleb, médico del
Trabajo afectado a Salud Ocupacional del Poder Judicial de Entre Ríos,
elaboraron los parámetros del protocolo a cumplir por las partes en el
megajuicio a Urribarri.
Claro que la petición de los defensores había apuntado a que
se le dé intervención al Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria
(COES) que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud. Pero desde Tribunales
entendieron que la inquietud de los letrados podía ser resuelto por el área de
Salud Ocupacional del STJ.
Por eso, los defensores acudieron directamente ante el COES
para que dé su opinión sobre el protocolo que regirá durante las audiencias del
megajuicio a Urribarri, aunque la respuesta no se conoce de momento.
El protocolo que regirá para garantizar el distanciamiento
social permite la asistencia de 33 personas (el 70% de la ocupación sobre la
capacidad total, que es de 47): se distribuirán
5 personas en la parte superior -balcón- 28 personas en el salón.
Los defensores reprochan que ese 70% se incumplirá con los
cambios en la defensa: salió uno, Vartorelli, y se incorporaron tres, Valin,
Bacigalupo y Méndez. Pero además,
observan el hecho de que habrá personas distribuidas en distintos niveles del
salón, complejiza la tarea de la defensa.
A esta instancia del megajuicio se llegó luego de la
suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y
que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa:
el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución
amañada de publicidad oficial.
Tres en uno
La última causa que iba a ir a juicio en octubre de 2020, el
pago amañado de una publicidad, quedó subsumida en un megajuicio que abarca
tres investigaciones penales contra el exgobernador.
El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo
Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que
están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones
incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex ministros
de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer
mandatario, Juan Pablo Aguilera.
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes:
la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que
le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del
empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para
difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que
se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación
con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los
fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de
unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se
utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo
slogan distintivo fue el “Sueño EntrerrianoLas audiencias del juicio se habían
fijado para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15,
16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 20202, a las 9, en el Salón de
Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná. Pero ese debate no se realizó.
En abril de 20202, la Justicia suspendió el primero de los
tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la
denominada «Causa de la vaca», con fecha de inicio de las audiencias previstas
para 27 de abril del año pasado y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de
mayo.
Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de
emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.El juicio debió comenzar el
20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo
de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las
audiencias de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el
Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces
Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión
en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados,
quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el
pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía
pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el
juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la
que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de
Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.Fue el
segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29
de julio de 2020, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez
Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la
primera suspensión.
Restaba, sin embargo, un tercer juicio que ya tenía fecha
para Urribarri.
En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó
fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el
exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28,
28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en
la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función
pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y
Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario
pizzero Germán Buffa.
La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo
Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri
y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la
función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa
Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también
está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe
necesario.En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando
Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el
diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la
situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la
provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de
Transición.Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser
«testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir
en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.
Pero ese tercer juicio no se hará. Las tres causas quedaron
agrupadas en un único megajuicio.
Ahora, el entuerto que se debe sortear es cómo queda
integrado el tribunal que encabezará los debates.
Ante la recusación de dos de los tres magistrados hubo un
pronunciamiento de primera instancia.
El viernes 2 de octubre de 2020 un Tribunal rechazó los
planteos para apartar a los dos jueces. En consecuencia, el Tribunal único
integrado en las causas acumuladas para llevar adelante el juicio oral y
público queda integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio
Garzón.
Pero esa no es opinión definitiva ya que el defensor
Velázquez anticipó que irá con un recurso ante la Cámara de Casación Penal para
insistir con su planteo recusatorio hacia los dos magistrados cuestionados. No
será la última instancia: de conseguir un revés en esa instancia, adelantó, irá
ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Luego, el camino
que seguirá de contar con una acogida favorable serán, sucesivamente, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Análisis
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