Dogma de Junto por el Cambio: “Demonizar todo lo posible para luego hacer negocio”, por: Luis Edgardo Jakimchuk
El asalariado de la derecha Jorge Lanata, el domingo en su programa PPT anunciaba “indios al ataque” y los presentaba como “los nuevos terroristas que incendian y ponen en jaque a poblaciones enteras”. Es más, decía que reclaman la mitad de la Argentina con la complicidad de un gobierno que no se inmuta. Por supuesto, en ese informe no se presentaron pruebas de ningún tipo, ni documentales, ni testimoniales, respecto entre del incendio del club Piltriquitrón de El Bolsón.
Esta campaña anti indígena nos llama a reflexionar sobre
varias cuestiones.
Primero, viola legislaciones internacionales suscripto por
Argentina como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, que demanda a los Estados
Nacionales a abandonar la senda de la monoculturalidad, del racismo y del
negacionismo. Viola la legislación nacional y provincial, donde la CN en su
art. 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
ancestralmente ocupan.
Segundo, estos territorios están hipermercantilizado en
función de la expansión de la minería, la explotación petrolera, agricultura y
los tremendos emprendimientos turísticos y urbanísticos, entre otros, entregado
por los gobernantes de turno, en este caso por la gobernadora Arabella Carreras
(la misma que pidió al gobierno nacional la Gendarmería para reprimir a la
comunidad Mapuche), le otorgo a la empresa Laderas de Perito Moreno SA, de
Lewis, permiso para desarrollar en el Bolsón, un megaproyecto inmobiliario que
de concretarse reconfiguraría los territorios afectando bienes naturales que
hasta hace poco era protegida por su valor en agua.
Lo que esta clarito, estimado Lanata, es que los que quieren
lograr un Estado dentro del Estado argentino no son las comunidades mapuches a
las cuales se abomina y condena a vivir en la pobreza. Sino son los poderosos
como Luciano Benetton el mayor latifundista del país y el magnate inglés amigo
de Macri Joe Lewis, que ni los fallos de la Suprema Corte de Justicia de Río
Negro hicieron retroceder en relación al acceso público al Lago Escondido.
Personajes que vos representa desde una cámara de Tv y una radio de mafiosos
como Clarín.
En medio de esto surge otro dato sustancial, de relevancia
nacional que la sociedad debería saber y debatir. ¿Cuánta tierra rural de
Argentina está en manos extranjeras?
El primer relevamiento difundido en 2015 indicó que, de un
total de 266.707.361 hectáreas rurales, el 6,09 por ciento estaba en manos
extranjeras (16.253.279). Pero el macrismo modificó los criterios de
registración (ley 26.737, pensada para ponerle límites a la entrega
indiscriminada de tierras a personas o sociedades extranjeras) y al 31 de enero
de 2019 el porcentaje había bajado al 5,02 por ciento. Esa modificación fue
para reducir el porcentaje y así habilitar “nuevas inversiones” de amigos
suyos. Para hacerlo completo, también eliminó los controles cruzados de la
Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. Por supuesto los republicanos
de morondangas de Cambiemos nunca dieron las explicaciones a pedidos
específicos de Acceso a la Información Pública (AIP).
Los cambios abruptos en la base de datos del RNTR,
(investigación periodística de @spremici en Cash) es apreciable en Bariloche
(Río Negro), la extranjerización llegaba al 21,5%; en Cushamen (Chubut), donde
ocurrió la represión de la Gendarmería que finalizó con la desaparición y
muerte de Santiago Maldonado, era del 22,9%; o el caso extremo de Lacar, en
Neuquén, con un 53,38 % de extranjerización. Ese relevamiento arrojó que el
79,74% de la superficie de tierra extranjerizada del país estaba en poder del
1,35% de propietarios extranjeros que equivalían a 253 titulares.
Otra situación que merecería algún tipo de explicación por parte
del gobierno tiene que ver con Bariloche también. Al cierre del 2015, las
tierras en propiedad de empresas extranjeras estaban repartidas entre Hidden
Lake (Grupo Tavistock), propiedad de Joe Lewis, con 11.000 hectáreas; y el
Grupo Burco, de nacionalidad belga, con 24.000 hectáreas, distribuidas en
distintas fracciones de campo. Luego Burco transfirió parte de sus campos a
capitales de Qatar. Las 36.000 hectáreas (sobre un total de 169.391 hectáreas
rurales) equivalían al 21,5 por ciento de extranjerización.
En la Ley 26.726 primaba un criterio restrictivo, teniendo
en cuenta que las guaridas fiscales (Panamá o Delaware) servían para la elusión
o evasión de impuestos o directamente el lavado de activos. Las sociedades
radicadas en esas plazas eran consideradas extranjeras por más que sus socios
fueran argentinos. El macrismo modificó está lógica. El primer informe sobre la
extranjerización de la tierra elaborado en 2015 arrojó que el 7 por ciento del
total de campos extranjerizados, es decir 1.113.654,85 hectáreas, estaba en
manos de empresas radicadas en esas guaridas fiscales.
Uno de los que logró “nacionalizar” sus tierras fue
Bulgheroni, propietario de la sociedad Cerezas Argentinas SA que posee en Río
Negro 20.957 hectáreas. En 2015, la empresa era considerada extranjera por
estar radicada en Uruguay, según la información oficial a la que accedió Cash.
No por nada los cambios de la ley de tierras ocurrieron luego del escándalo de
los Panamá Papers.
No es casualidad que este ataque que exacerban la
discriminación vienen de la mano de Clarín, La Nación, Infobae y A24, ocurra en
este momento. La razón es que el 23 de noviembre vence el plazo establecido en
la Ley Nacional 26.160 que suspende los desalojos de tierras indígenas.
No cabe duda que discriminar a las comunidades mapuches es
rentable comunicacionalmente para la oposición, ya que la utiliza para
profundizar aún más la grieta, para denunciar la supuesta inacción del gobierno
ante el “nuevo terrorismo” y de paso rasquetear algún voto más. El aumento del
nivel de racismo y odio de la derecha retrógrada es tremendo. La virulenta
campaña anti-indígena, orquestada para demonizar al pueblo mapuche, está en un
contexto, sin duda, de proyectos económicos e inmobiliarios en esa zona.
La política debe abrir un debate sobre el avance de modelos
de mal desarrollo en los territorios.
En treinta años desapareció el 41% de las explotaciones
agropecuarias y se acentuó la concentración de tierras en pocas manos: el 1% de
las explotaciones controla el 36 por ciento de la tierra, mientras que el 55%
de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2% de la tierra. Son datos del
último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Campesinos, indígenas y académicos no
tienen dudas: la desaparición de chacras y la expulsión de familias del campo
tiene directa relación con el agro negocio, modelo que prioriza la exportación,
dominado por grandes empresas, y deja de lado la producción de alimentos y a
los productores.
No hay comentarios.