Ex concejala, su esposo y un hijo "Imputados por quedarse con el 40% del sueldo de empleados"

Allá por septiembre de 2019, El Entre Ríos daba a conocer un “audio” que se había viralizado, en el que se escuchaba a un funcionario de la Municipalidad de Concordia aplicando una quita mensual a un contratado, equivalente al 40% de sus haberes.

La explicación del contenido de aquella grabación la ofreció a El Entre Ríos un funcionario municipal, a cambio de la reserva absoluta de fuente: "Es el marido de Julia Sáenz (Concejal y actual Secretaria de Desarrollo Humano), Carlos Gómez, sacándole el 40 por ciento del sueldo a uno de los soldaditos de ellos", resumió.

Sólo un día después de la publicación, el entonces intendente, Enrique Cresto, separó de sus funciones a Gómez, un policía conocido por su pertenencia al “peronismo militante”, y que detentaba un cargo en la Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Concordia.

Una semana después, la Justicia allanó la vivienda familiar de Gómez y de su esposa Julia Sáenz, la concejal que en aquella época había quedado a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Una vez que trascendiera el operativo, Sáenz presentó su renuncia y Cresto se la aceptó.

En su cuenta de Facebook, la concejal hizo su descargo, apelando a una frase que pretendió ser profética: “el tiempo y la verdad pondrán luz sobre este malintencionado teatro de sombras”. Lo cierto es que desde aquel septiembre de 2019 a este diciembre de 2021 transcurrieron algo más de dos años y Sáenz, lo mismo que su marido y su hijo Juan, acaban de ser formalmente imputados por los delitos de “concusión agravada” y “tráfico de influencias”.

En la imputación, el Ministerio Público Fiscal describe al menos seis hechos, todos casi calcados, donde lo único que cambia es la identidad de la persona contratada, obligada por los ahora acusados a resignar una parte de sus haberes, como condición para que sea nombrada y que luego se le renueve el contrato tras cada vencimiento.

Los contratados a quienes Sáenz y Gómez les habrían exigido un porcentaje de sus haberes no sólo se desempeñaban en la Municipalidad de Concordia, en áreas tales como el Concejo Deliberante o el Jardín Botánico. También aparecen en la lista personas empleadas en la Dirección de Educación.

En cinco de los seis hechos, Carlos Alberto Gómez es quien se habría encargado, actuando en nombre de su esposa, de “solicitar” a los contratados que entreguen un porcentaje de sus ingresos. Sólo en uno de los casos, esa tarea habría sido desempeñada por Juan Gómez, hijo de ambos.

En los inicios de la investigación, Sáenz y Gómez designaron como abogado defensor a Rafael Briceño. El letrado transmitió a los medios una explicación sobre el “audio viral”. “Cuando la señora Sáenz renuncia como concejal –dijo Briceño- se caen los contratos para colaboradores que le adjudican a ella y no tenía la posibilidad de continuarlos. Entonces le avisaron a esta persona, él se opuso porque dijo que no quería perder la antigüedad, pidió otro contrato y luego presionó pidiendo un contrato en planta permanente, le dijeron que no podía y los apretó con que tenía un audio, que es el que se ha viralizado”, explicó.

Por ese entonces no se sabía que otras cinco personas contratadas testimoniarían haber sido presionados para prescindir de una parte de sus honorarios, como “requisito” para seguir teniendo trabajo.

La investigación está a cargo del Fiscal José Arias. Tras la imputación y nuevas medidas de prueba, el Ministerio Público Fiscal pediría la remisión a juicio.

Desde su renuncia hasta el presente, Sáenz tuvo esporádicas apariciones en los medios, en las que dejó entrever cortocircuitos políticos con la familia Cresto.

Fuente: El Entre Ríos