Se empezó a hacer Justicia: Jury a la procuradora adjunta: suspenden por seis meses a la fiscal Goyeneche
Asimismo, se decidió apartar al Ministerio Público Fiscal en pleno del rol de la acusación en el jury a la funcionaria, por lo que se abre un interrogante en cuanto qué organismo ejercerá la función acusadora.
El Jurado de Enjuiciamiento ya tiene lista la resolución en
torno al pedido de jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción
Cecilia Goyeneche, y por estas horas el texto está siendo firmado por los siete
miembros que integran el organismo, quienes ya están al tanto de lo resuelto:
por 6 votos a 1 se decidió abrirle causa a partir de las denuncias presentadas
por los abogados Carlos Reggiardo, primero, y Rubén Pagliotto y Guillermo
Mulet, después por supuesto mal desempeño en su función.
Ahora, la nueva decisión que se tomó es suspender por un
plazo de 6 meses a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, quien en
estos días está al frente de la acusación en el juicio a ex funcionarios por
delitos contra la administración pública.
Otra determinación es la de apartar al Ministerio Público Fiscal
en pleno del rol de la acusación en el jury a la Procuradora Adjunta. La
situación plantea una situación inédita y abre un interrogante: qué organismo
suplantará a la Procuración, el órgano que constitucionalmente ejerce la
función acusadora, en el proceso que se le abre a la Procuradora Adjunta,
publica el portal Entre Ríos Ahora.
ACUSACIÓN.
A Goyeneche se le reprocha su actuación en la causa de los
contratos ficticios os en la Legislatura, una investigación penal que se abrió
en 2018 y que busca desentrañar si realmente existió una “asociación ilícita”
que distrajo millonarias sumas de dinero de las arcas de la Cámara de Diputados
y de la Cámara de Senadores, mediante la celebración de contratos laborales con
monotributistas que recibían una ínfima parte de lo pactado: el grueso tenía un
destino que la pesquisa judicial de momento no pudo determinar. Uno de los
investigados, Pedro Eduardo Opromolla, tuvo relación comercial con la
Procuradora Adjunta.
Goyeneche estuvo coordinando la investigación de la causa
desde el inicio y hasta el 29 de mayo de 2019, cuando se apartó. “Los planteos
de recusación, que se apalancaban en las ´noticias´ publicadas en base a la
información que construía y hacía circular la propia organización investigada,
eran articulados sosteniendo que la suscripta mantenía vínculos comerciales o
de sociedad con el imputado Pedro Eduardo Opromolla, lo que, con el pasar del
tiempo, fue mutando para pasar a sostenerse en esos artículos de prensa, que mi
esposo era socio del estudio contable Integral Asesoría (el que fue allanado el
3/10/18 y sus integrantes -Gustavo Falco, Pedro Opromolla y Guido Krapp, y
también el Licenciado en Sistemas Nicolás Beber y el corredor Inmobiliario
Renato Mansilla- acusados por el MPF)”, señaló la funcionaria en su momento.
«Durante los años 2010/2016 mi esposo Sr. Luis Sebastián
Orlando Bertozzi se desempeñó laboralmente en el estudio de arquitectura de
Gastón Grand y José L. Churruarín, en donde se realizaron algunos proyectos de
construcción, con la estructura de fideicomisos. Esto condujo a que
resolviéramos realizar inversiones en esos proyectos, sobre lo que acompaño
documental, no sin antes aclarar que en la maledicente denuncia, se insiste en
afirmar -falsamente- que documental vinculada a estos aspectos habría sido
secuestrada casualmente en los allanamientos realizados en el estudio contable
´Integral Asesoría´ el día 3/10/18 (queriendo brindarle a sus elucubraciones,
un sentido de ´descubrimiento´ de una verdad ocultada). Nada de ello es cierto pues
ninguna documental vinculada con estos aspectos fue secuestrada en ningún
allanamiento”, dice más adelante.
Respecto a ese punto, señala que adquirió mediante un
fideicomiso “el 50% indiviso de la Unidad Funcional sometida al régimen de
propiedad horizontal que forma parte del edificio con domicilio parcelario en
calle La Paz Nº 236, Unidad Funcional Nº 32, planta 11vo. Piso, superficie
exclusiva: 39,83 m2. y Unidad Complementaria Nº III -baulera-, propiedad
exclusiva 3,10 m2. El inmueble fue adjudicado por Escritura pública del
14/12/2016 (copia acompañada como prueba 1A)». Luego, agrega: «Posteriormente,
en fecha 09/03/2017, adquirí el 50% indiviso restante a al CPN Pedro E.
Opromolla, operación realizada por boleto de compraventa, con firma certificada
por Escribano Público (Libro de Registros e intervenciones Nº XXX Acta Nº 158,
Folio Nº 158 del escribano Humberto Gracia – se acompaña copia como prueba
1B).- La autenticidad y fecha cierta del instrumento se infiere no solo de la
certificación notarial sino también de la constancia de pago del sellado
correspondiente a dicho contrato, emitida por la oficina fiscal respectiva
(ATER). A su vez, la titularidad del inmueble de referencia fue oportunamente
denunciada en la respectiva declaración jurada de Bienes Personales (prueba 2C)
y la presentada en el Poder Judicial”.
El primer pedido de jury a Goyeneche fue planteado el martes
13 de julio último por el abogado Carlos Reggiardo por su actuación en la causa
de los contratos ficticios en la Legislatura.
Además de su remoción, el letrado solicitó que Goyeneche sea
suspendida mientras se tramita la causa por presunta falta de idoneidad moral,
mal desempeño de sus funciones, e incumplimiento de los deberes a su cargo.
El abogado oriundo de Victoria enumeró una serie de hechos,
que respaldó con publicaciones periodísticas. En primer lugar, calificó de
grave la actuación de la fiscal en una causa en la que se descubrió que tenía
una relación comercial con Pedro Opromolla, uno de los imputados e integrante
del estudio contable Integral Asesoría.
En 2019, el Jurado de Enjuiciamiento había resuelto rechazar
un primer pedido de enjuiciamiento de Reggiardo contra el Procurador General
Jorge García.
Mientras el Jurado de Enjuiciamiento tramitaba la denuncia
de Reggiardo contra Goyeneche, hubo una segunda presentación: los abogados
Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron ante el Jurado de Enjuiciamiento
sendos pedidos de jury -con la accesoria de apartamiento temporal de sus
funciones mientras dure la investigación- del Procurador General de la
Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y de la Procuradora Adjunta, Cecilia
Andrea Goyeneche.
En un texto de 100 páginas, Pagliotto y Mulet desarrollan
sus cargos contra el Procurador y la Procuradora Adjunta, a quienes reprochan
mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de
conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas
tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una
Investigación Penal Preparatoria a ambos altos funcionarios.
A Goyeneche le endilgan su participación en la causa
Contratos en la Legislatura, siendo a la vez socia de uno de los investigados.
“Concretamente se acusa a la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche por las causales
previstas en el art. 15º inc. 6 y 9 de la Ley Nº 9283 y al Dr. Jorge Amílcar
Luciano García de estar encuadrado en la causal del art. 15º inc. 4° y 9° de la
citada ley -falta de vigilancia del movimiento general de la causa a cargo de
su subalterna, y de no ejercer los inexcusables deberes a su cargo al no
apartarla para que continuara con la investigación» de la causa Contratos, expediente
«del cual objetivamente surgía que tenía intereses y como se desarrolla más
abajo en este memorial, comportamiento omisivo que también encuadra en mal
desempeño en sus funciones, a tenor del inc. 9 del art. 15º de la ley de
enjuiciamiento”.
Entre Rios 24
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