5 años después del juicio contra el "jardinero K", dan a conocer la sentencia
El 23 de mayo de 2017, la Justicia condenaba a Ricardo Fabián Barreiro, el empresario santacruceño que empezó siendo el jardinero del matrimonio constituido por Néstor y Cristina Kirchner, en el sur del país, y que ahora es dueño de una empresa de transporte, cadena de hoteles y restaurantes en distintos puntos del país, a la pena de un año y medio de prisión condicional, más el doble del tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y por ese mismo último plazo le ordenó realizar trabajos comunitarios, al hallarlo culpable del delito de falsificación de instrumento público.
La condena de la Justicia entrerriana le fue impuesta por
cumplir un doble rol: ser contratado del Gobierno y, a la vez, contratista del
Estado provincial. Pero esa resolución judicial dictada en 2017 estuvo en
ascuas todo este tiempo por los sucesivos planteos que hizo el Jardinero K a
través de sus abogados. La última decisión, el 11 de noviembre de 2021: la Sala
Penal del Sueperior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso
extraordinario federal y trabó el camino de la Corte Suprema de Justicia a
Barreiro, condenado como autor del delito de falsedad ideológica de documento
público a la pena de un año y medio de prisión de ejecución condicional, más la
inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de
la condena.
Detalles de la investigación
La Justicia le reprochó a Barreiro haber introducido, el 1°
de octubre de 2012, la aseveración de que no era funcionario provincial en una
declaración jurada ante el Registro de Proveedores de Entre Ríos, a pesar de
que existía un decreto provincial por el cual se lo designó como coordinador,
ad honorem, de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias
Culturales (Ceicer), que estuvo a cargo de su amigo de militancia, Sebastián
Lorenzo.
El Ceicer estaba bajo la órbita del Ministerio de Cultura y
Comunicación, entonces al mando de Pedro Ángel Báez, condenado el último 7 de
abril en el marco del megajuicio a la pena de 6 años y medio de cárcel por los
delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la
función pública.
La designación de Barreiro en el Ceicer fue el 15 de agosto
de 2012; en tanto que su ingreso al Registro de Proveedores del Estado, con el
número 4.711, fue el 17 de octubre, es decir, dos meses después. En ese trámite
de registración omitió decir que era funcionario provincial. Y aunque la
Justicia no avanzó con una acusación en su contra, en la tarea de inscripción
del Registro de Proveedores contó con la ayuda de un funcionario público ,
Aníbal Beorda, “Anibalito”, que fue segundo de Lorenzo en el Ceicer.
El 7 de noviembre, el entonces gobernador Sergio Urribarri
firmó el decreto Nº 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca
utilizó.
Cuatro meses después del nombramiento, en diciembre de 2012,
su empresa RP Transportes SA le cobró al Estado provincial $220.000 por haber
llevado estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de
Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires. Lo curioso del caso fue que a la
licitación realizada por la Dirección de Turismo Social, dependiente del
Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, sólo se presentó un
oferente: Barreiro.
La investigación judicial en torno a esa falsedad de datos
aportados al Estado por el empresario conocido como Jardinero K se inició en
2013, tras la denuncia del abogado Guillermo Mulet, quien se apoyó en artículos
periodísticos que dieron cuenta de la presencia de Barreiro en el Gobierno de
Urribarri.
El hoy juez de juicio y entonces fiscal Alejandro Cánepa
había pedido la pena de 2 años y 3 meses de prisión condicional, más el doble
de plazo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero el juez Pablo
Vírgala lo halló culpable de falsificar datos en un instrumento públicos, y lo
condenó a 1 año y medio de prisión condicional, más el doble de inhabilitación
para ejercer cargos públicos, y la accesoria de realizar trabajos comunitarios.
Vírgala, al dar a conocer su fallo, lamentó que Barreiro no
estuviera presente en la sala –estuvo sí durante el debate– para explicarle,
dijo el magistrado, que lo juzgó por los hechos que se le imputaron y no por lo
que se decía que era –“el Jardinero K”–, y habló la independencia del Poder
Judicial en la provincia. “No salimos bailando en televisión ni hay ningún
nombre en una servilleta”, dijo Vírgala, parafraseando aquella sentencia que se
le atribuyó al ministro del Interior de Carlos Menem, Carlos Corach.
“Quería que estuviera (Barreiro) para explicarle la
sentencia”, aseguró. “Es bueno informar por qué se llega a tal o cual
conclusión”, completó.
Puntualizó la necesidad de que existan “políticos probos y
honestos”, y que eso es lo que quería decirle, entre otras cosas, al condenado
empresario santacruceño.
“Acá se juzgó un hecho, no una persona. El hecho que se le
imputó es falsedad de instrumento público”, analizó el juez.
Y antes de dar a conocer el fallo, dio por probados los
hechos: que Barreiro era funcionario, que cometió un delito al inscribirse como
proveedor del Estado, y que no pudo desconocer que había sido designado por un
decreto firmado por el exgobernador Sergio Urribarri.
“¿Era funcionario? Sí, lo era”, concluyó el magistrado, y de
ese modo dio por tierra con la argumentación de los defensores, Raúl
Barrandeguy y Candelario Pérez, que sostuvieron que Barreiro nunca fue
notificado de su designación. “Lo pudieron notificar por carta documento, y
Barreiro hubiese dicho lo que dijo aquí, que no lee lo que firma”, explicó
Vírgala.
“El decreto que lo nombra a Barreiro lo pone jerárquicamente
debajo de Lorenzo, coordinador del Ceicer. Que haya trabajado ad honorem o
cobrando, no lo diferencia: era funcionario”, apuntó el magistrado.
“El decreto de designación institucionalizó o formalizó lo
que Barreiro venía haciendo, y Barreiro, como dijo (el exministro de Cultura,
Pedro) Báez, era una persona que tenía enorme llegada a nivel nacional.
Barreiro fungía de abrepuertas”, explicó Vírgala.
“Barreiro abría puertas allí a donde no podía llegar otra
persona, ni siquiera el ministro (Báez). Siempre que no sea tráfico de
influencias, está bien. Esto siempre fue así”, aseveró.
“Barreiro tenía un trato fluido. Era un funcionario, un
político que se movía en las más altas esferas. No era una persona cualquiera:
licenciado en Administración de Empresas, empresario.
En los tres meses que van entre que se publicó el decreto de
designación y la firma en el formulario de inscripción en el Registro de Proveedores,
nadie dijo nada, nunca supo que había sido designado. Encima, designado, una
perla más, una irregularidad más, como nexo para fortalecer el citado organismo
y los diferentes gobiernos del Mercosur y el Unasur. Barriero era prácticamente
un canciller regional, sin saber que lo era. Increíble”, analizó el juez.
“Eso hacía Barreiro. Pero no sabía. Ni el ministro Báez ni
Lorenzo, con quien eran amigos, nadie le dijo que había sido designado en estos
términos”, completó el magistrado, antes de dar a conocer su sentencia, en la
que la que lo halló culpable del delito de falsificación de instrumento público
y condenarlo a prisión condicional al Jardinero K.
Fuente: Entre Ríos Ahora
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