El interminable ciclo del narcomenudeo
Los kioscos de droga constituyen la cara más visible e irritante del narcotráfico. La provincia de Entre Ríos muestra los resultados de la Ley de Narcomenudeo con abultadas cifras de allanamientos, detenidos y condenados y destaca la disminución de los conflictos barriales. Pero la oferta de drogas no ha disminuido; incluso, durante la pandemia aumentó. Un panorama de la respuesta punitiva y una experiencia territorial para enfrentar un problema global.
En tres años y nueve meses, la provincia de Entre Ríos metió
presas a 1.415 personas acusadas de vender drogas directamente a consumidores,
actividad que se conoce como narcomenudeo. Desde mayo de 2018, el gobierno
buscó dar respuesta a un hartazgo vecinal: “En mi barrio venden drogas a la
vista de todos, todo el día”, era la queja más frecuente. Atacar el
narcotráfico era una facultad exclusiva de la Justicia Federal, pero la
Legislatura adhirió a la Ley nacional que habilita a las justicias provinciales
a investigar y perseguir el último eslabón del mercado de drogas. El resultado
en cifras de detenidos, droga incautada, vehículos y dinero decomisados pueden impactar,
aunque el panorama en los territorios más afectados no ha cambiado demasiado:
“Acá no se puede vivir más rodeados de narcos, hacen lo que quieren”, resume
una vecina del barrio Puerto Viejo de Paraná que, como casi todos los
consultados, pidió que no se publique su nombre.
En ese lugar hubo decenas de allanamientos y detenidos por
venta de drogas en los últimos años, pero se cumple la regla no escrita de la
Ley de narcomenudeo: “El narcomenudeo es muy fungible porque levantás un kiosco
y te das cuenta que a los dos o tres días ya hay otro kiosco instalado porque
están peleando siempre por el territorio dentro de los barrios, entonces,
esperan que levanten a uno y ocupan otros”, dice la defensora pública Fernanda
Álvarez, que asiste a detenidos en causas por venta de drogas.
Lo que anteriormente se podía observar del narcotráfico en
Entre Ríos eran las mulas de la ruta nacional 14 (muchos misioneros,
correntinos y paraguayos), camioneros con grandes cargamentos de marihuana con
destino a Buenos Aires, varios narcos de relevancia regional y algún que otro
vendedor al menudeo. A partir del accionar policial local emergió con mayor
claridad la dinámica de los kioscos de droga y la realidad de sus regentes.
“Hay de todo, la verdad que sí”, dice la fiscal de Paraná
Mercedes Nin, que instruye varias causas por narcomenudeo, y explica: “Hay
organizaciones más estructuradas, con distintos estratos, y también hacemos
procedimientos en pequeñas organizaciones o familiares que venden, situaciones
de mucha más vulnerabilidad, gente que por ahí se inicia en el comercio de la
droga por una cuestión de falta de trabajo y que por ahí lo ven como una
salida, y venden pocas cantidades. Es distinto el estado de sospecha y el
resultado de los allanamientos habitualmente en ese tipo de imputaciones. En
cambio, tenemos algunas organizaciones que nosotros también las trabajamos, si
bien es narcomenudeo, que ya te das cuenta por el tipo de organización o cuando
uno ingresa a la vivienda y demás circunstancias, que ya tienen otro tipo de
organización, de movimiento de dinero, de cantidad de droga que uno puede
llegar a encontrar en el procedimiento”.
“El narcomenudeo es muy fungible porque levantás un kiosco y
te das cuenta que a los dos o tres días ya hay otro kiosco instalado".
Fernanda Álvarez
El subdirector de Toxicología, Alexis Rotundo, apunta: “La
Ley apunta al kiosco o la boca de expendio, pero en algunos casos particulares
nos hemos encontrado, al iniciar una investigación en un lugar determinado,
vemos que es como una mini organización o una mini empresa familiar, donde no
solo vende una persona, sino que colabora el entorno familiar, incluso algún
vecino, una persona que hace delibery, o sea, hay una estructura que no
solamente es una persona que vende, no es un narcotráfico, pero es un
narcomenudeo organizado. Generalmente es el entorno familiar, hay veces que se
agrupan dos o tres personas que no son del entorno familiar, pero la mayoría
son familiares. En otros casos son adictos que a su vez colaboran para obtener
la droga para poder drogarse”.
Un ejemplo de la realidad que existe detrás del narcomenudeo
se conoció a fines de junio de 2018, cuando Toxicología (la dirección de la
Policía provincial encargada de casos de drogas) allanó varias casas en el
barrio San Martín de Paraná, más conocido como el Volcadero, por el sitio donde
los camiones municipales vuelcan la basura que se recolecta en toda la ciudad.
El resultado de esa investigación fue la detención de 13 personas, casi todos
veinteañeros, cartoneros, desocupados, amas de casa y beneficiarios de planes
sociales. Transaban cocaína y marihuana en la calle y la guardaban en sus
viviendas de paredes y techos de chapas. En medio de la precariedad, tenían
cierto nivel de organización: algunos fraccionaban la droga, otros la vendían
en la calle y hasta tenían un chico que hacía de campana con dos cuchillos “por
seguridad”, según describió la Fiscalía. Siete de ellos terminaron acordando
penas en un juicio abreviado, en cuya audiencia quedaba claro que estaban muy
lejos de ser llamados narcotraficantes.
“La Ley apunta a la boca de expendio, pero en algunos casos
particulares nos hemos encontrado con una mini empresa familiar". Alexis
Rotundo
Otras investigaciones permitieron desbaratar organizaciones
que también actuaban en un contexto de marginalidad, pero con mayor poder y
violencia en sus territorios, como la banda que cayó en noviembre de 2021 en
Concordia que, además de vender cocaína, aterraba a los barrios El Sapito y
José Hernández a balazos limpios para quedarse con casas o en la disputa con
otros grupos, con varios chicos que hacían de sicarios a sueldo. También se
puso fin a otros históricos del narcomenudeo con los hermanos Torres que
durante 15 años vendieron drogas frente al Club Tigre de Gualeguaychú.
Y hubo casos que demostraron que la venta de droga no era un
problema de los centros urbanos, sino que había llegado a localidades con
puñados de habitantes: una familia cayó en Bovril (10.000 habitantes), donde el
tema había llegado a ser slogan de campaña del intendente; un hombre fue
detenido en Maciá (6.500 habitantes) con unos de marihuana; en Sauce de Luna
(3.000 habitantes) otro hombre fue apresado en la Fiesta del Pan Casero con
evidencias en sus bolsillos; y hasta en Ceibas (menos de 2.000 habitantes) hubo
allanamientos y detenidos. “La droga está en todas partes”, dice al respecto
Rotundo y agrega: “En estas ciudades pequeñas se tiene medianamente
individualizados los focos de expendio tanto por el que está cargo de la
jurisdicción o los vecinos. Para el trabajo nuestro es más complicado porque al
ser una localidad de pocos habitantes es más fácil de ser detectados”.
Hostilidad y carne de cañón
Luego de varias controversias, la Ley se aprobó y el
gobierno la promocionó como el inicio del fin de la problemática. La publicidad
gráfica callejera era una persona mostrando la palma de una mano y el mensaje
“Basta”; en la televisiva aparecían varias personas con el mismo gesto y el
lema: “Paremos a los que venden droga a nuestros hijos. Es una lucha de todos”.
El balance oficial, en palabras de la ministra de Gobierno
Rosario Romero, fue que el Estado dio a la población y al narcotráfico “un
claro mensaje de hostilidad a la circulación de estupefacientes. Porque la
Justicia Federal sola luchando contra el narcotráfico no era suficiente, habida
cuenta de la gran distribución poblacional que tenemos en la provincia de Entre
Ríos”. Pero un Estado aplicando leyes penales ante esta problemática no
pareciera ser en sí mismo una solución. Al menos a la vista de Fabricio que en
su barrio de la zona norte de Paraná la venta de drogas sigue arrasando: “La
trae el Cristian, la guardan en el almacén, por ahí todos los días a las 10, 11
de la noche pasan a buscarla y se van para el parque a venderla. Y en un taxi
que le llevaban la merca al Ezequiel del barrio 1° de julio”. Y las
consecuencias también están a su vista: “Manipulan a una gurisita, la traen
para que arme los paquetitos, la dejaron embarazada, en su familia se drogan
todos, la madre, el padre, los hermanos”.
Una de las voces que más reparos puso ante la implementación de la Ley de narcomenudeo en la provincia fue la del juez federal de Paraná, Leandro Ríos. En su exposición en el Senado provincial en noviembre de 2017 cuando se discutía el proyecto, advirtió: “Nos enfrentamos a un negocio ilícito con una rentabilidad increíble. En esa organización hay una franja muy vulnerable que es la carne de cañón: los kioscos en los que se vende droga. A partir de esos puntos de venta podemos llegar hasta la organización criminal, pero si eso se cauteriza rápida o alocadamente y sin preguntarse qué hay detrás de ese kiosco, lo que se hace es preservar al verdadero delincuente organizado, que es el narcotraficante. Es muy riesgoso llenar rápidamente las cárceles de gente que incluso es víctima del propio delito porque tiene problemas de adicciones muy fuerte”.
Pero la decisión política ya estaba tomada.
Aquella cifra de 1.415 detenidos desde mayo de 2018 a
febrero de 2022 se cuenta por investigaciones previas y allanamientos de la
Dirección Toxicología, pero podría fácilmente duplicarse sumando aquellas
personas que son apresadas con drogas en procedimientos callejeros, en requisas
carcelarias o en allanamientos donde la Policía busca elementos robados o armas
de fuego y casi siempre aparecen indicios de narcomenudeo: bochitas de
marihuana y cocaína, balanzas, licuadoras, celulares con mensajes alusivos a alguna
transa. De hecho, en ese periodo Toxicología tuvo 1.252 allanamientos por
causas propias, y debió intervenir en 1.360 ocasiones donde otras áreas
policiales encontraban drogas.
ANÁLISIS solicitó
estadísticas judiciales sobre las condenas por narcomenudeo, que al momento de
publicar este informe no llegaron. Los datos publicados en la web del Poder
Judicial corresponden a resoluciones de Juzgados de Garantías dictadas entre
febrero de 2019 y diciembre de 2020. En ese periodo se iniciaron 211 causas por
comercio de drogas, mientras que 142 fueron por el delito de “tenencia simple
de estupefacientes”, que es una especie de atajo entre la venta de drogas y el
consumo personal, que se usa cuando las pruebas no alcanzan para evidenciar ni
una ni otra conducta. Además, se registraron 74 imputaciones por “suministro de
estupefacientes para consumo personal”, que se trata de las causas derivadas de
las requisas a las visitas en las cárceles, donde los agentes penitenciarios
encuentran bochitas de cocaína o marihuana camufladas en alimentos o en
elementos de aseo personal que familiares llevan a sus presos.
Por comercio de drogas en Argentina nadie puede ir a la
cárcel menos de cuatro años, sin posibilidad de cumplir una pena en libertad
condicional. Pero evidentemente el sistema no da para que todos los apresados
en la provincia por narcomenudeo terminen en las unidades penales. Sea por esta
razón o por la falta de pruebas contundentes al momento de llegar a juicio, en
el mismo periodo de las 211 causas iniciadas por venta de drogas, hubo un total
de 56 sentencias de condenas de prisión efectiva, es decir que la diferencia
termina con condenas condicionales o con prisión domiciliaria.
La defensora oficial Álvarez asegura al respecto que ese
delito tiene “la particularidad de que es una pena excesiva y depende de las
condiciones subjetivas de las personas”. Por eso, detrás de los rimbombantes
números de las intervenciones policiales y del mensaje de “hostilidad”, a la
hora de los bifes la realidad se impone.
La fiscal Nin, por su parte, explica: “En realidad, nosotros
tenemos las figuras que podemos aplicar y los mínimos legales. La mayoría de
las condenas condicionales que nosotros hacemos es por la figura de tenencia
simple de estupefacientes, que es el hallazgo casual de drogas. Es decir,
cuando no tenemos este estado de sospecha previo que veníamos trabajando con la
policía de observancia, que vemos que venden y demás, cuando no podemos
acreditar comercio, esa es la figura residual que tenemos que nos habilita la
condena condicional”.
Álvarez agrega: “Justamente la Sala 2 de la Cámara de
Casación de Buenos Aires, Ángela Ledesma con su primer voto brillante, declaró
la relatividad de los mínimos penales, porque cuatro años es desproporcional a
la figura. En un sentido, dijo hay que analizar los casos concretos. De hecho,
yo he tenido casos acá de tenencia con fines de comercialización, y teniendo en
cuenta el caso concreto hemos arreglado con el fiscal por una tenencia simple,
por ejemplo, con tres años condicional. Ese es un tema importante, de hecho, no
se ha declarado la inconstitucionalidad nunca, acá por lo menos en el ámbito
federal cuando todavía era competencia de la Justicia Federal no se ha
declarado la inconstitucionalidad y obviamente altos funcionarios de la
Fiscalía con quien yo me he comunicado, me han dicho que ellos no ven factible
la inconstitucionalidad. Pero nosotros estamos estudiando para plantearlo,
tenemos que esperar el caso”.
Los kioscos y los gurises
Mónica Olivera es una dirigente social, referente feminista
y trabajadora por su barrio, el Lomas del Mirador 2, de la ciudad de Paraná.
Este territorio de la zona este de la capital provincial supo ser uno de los
focos de conflictos y violencia derivada del narcotráfico más calientes de
Entre Ríos y ella lo sufrió en carne propia, con su hijo escapando entre las
balas. Luchó para sacarlo y hoy ya no vive con esa preocupación en la cabeza,
aunque ve que a su alrededor muchos chicos que consumen drogas y quedan a
merced de algún transa de poca monta que los usa para su negocio.
“La metodología del kiosco es como un microemprendimiento
familiar. En época de pandemia crecieron, suponte que teníamos cinco o seis, de
golpe hubo doce. Y después fue bajando, no sé si se debe a que algunos de los
que venden consumen, entonces no les da, o tienen problemas entre ellos, ya
empieza a haber algunas rispideces porque este es mi lugar, eso sigue pasando,
pero por suerte hoy tenemos pocos”, cuenta Mónica sobre el panorama actual en
su barrio.
Pero también observa el otro lado de la Ley que llevó a
varios allanamientos en el Lomas: “Cuando salió el tema del narcomenudeo
estábamos chochos, porque decíamos que está bueno, pero en realidad con el
tiempo empezamos a ver que era para estigmatizar y encarcelar a los pibes más
pobres, inclusive un pibe que se fuma un porro que podría hacerlo totalmente
tranquilo, y llenar la cárcel de gurises pobres, porque el pibe que consume en
las altas esferas no va a ir preso por fumarse un porro. Entonces me parecía
que era criminalizar algunos gurises, también hay que verle esa parte”.
Lo que no ha cambiado, con o sin allanamientos y detenidos
en el barrio, son las víctimas de este problema: “Los gurises son la variante
de ajuste en todo este desastre que es la droga porque están ahí, y en la
pandemia fue terrible porque no tenían la escuela, no tenían un club, no tenían
nada, estaban en el barrio sueltos. Entonces yo creo que también ahí fue cuando
proliferaron estos kiosquitos. Antes se escondían y ahora es como muy natural,
o sea, vos ves los pibes fumando, drogánose, es como que se ha naturalizado.
Ahora en febrero van a ser 29 años que vivo acá, imagínate si he visto nacer,
crecer y morir gurises”, lamenta Mónica.
“La metodología del kiosco es como un microemprendimiento
familiar". Mónica Olivera
Regular la violencia
El comisario Rotundo señala un aspecto positivo de la Ley de
narcomenudeo: “Se vieron reducidos los conflictos barriales, sobre todo por el
querer abarcar la zona para comercializar estupefacientes, así como los delitos
de violencia, amenazas, coacciones y usurpaciones, eso ha disminuido un
montón”. En Paraná esto efectivamente puede notarse en la reducción a la mitad
de los homicidios respecto a años anteriores, donde la violencia en
determinados sectores de la ciudad impulsada por el narcotráfico. Cada tanto
surgen focos o bandas que viven a los tiros, pero quienes venden drogas también
aprendieron el mensaje de que las balas afectan el negocio, porque promueven el
reclamo de seguridad de los vecinos y la presencia policial.
Mónica entiende que los narcos aprendieron que la violencia
desenfrenada que se vivió entre 2013 y 2015 en el Lomas del Mirador II, porque
terminaron todos presos o muertos: “A ver, también hay que meterse en la mente
de esta gente, si yo vendiera droga no quiero problemas a mi alrededor, no
quiero líos, no quiero que la policía venga porque se robaron un foco o porque
están peleando entre ellos por la esquina. Acá están bien delimitados y se
respetan porque saben que la pelea los lleva a la destrucción, a ir presos, a
que les desarticulen las bandas. Ya no hay esos llamados soldaditos, son como
células, ya no es como antes, por suerte. Por lo menos en esta zona, no te
puedo hablar de otras zonas que están mucho más organizadas”.
Aunque este cambio no se percibió en Concordia, que en 2019
fue la ciudad más violenta del país: 29 asesinatos parecen pocos en relación al
baño de sangre rosarino, pero para una ciudad de 150.000 habitantes implica una
tasa de 17 muertes violentas cada 100.000 personas. Si bien aquel número bajó
en los dos años siguientes, pareciera ser que esto s debió más a cuestiones de
puntería o del trabajo médico en el hospital Masavernat. Las intervenciones
policiales por balaceras crecieron y en varias investigaciones se observó que
“el sicariato llegó para quedarse”, según sostuvo un investigador concordiense.
En diciembre de 2020 dos motociclistas asesinaron a domicilio a un empresario
tabacalero, y luego la modalidad criminal pasó a ser un empleo más. Así se
observó en la mencionada causa que desbarató la banda de los barrios El Sapito
y José Hernández. En una escucha telefónica, chicos, adolescentes y jóvenes
hablan, además del quehacer del comercio de cocaína hablan del otro rubro:
-- Che, hay una moneda para balear a uno.
-- Y bueno, ¿cuánto hay? Qué grande, bien ahí.
-- ¿Cuándo vamos a hacer algo copado, boludo? Ya que andan
con todos los fierros ahí ¿cuándo vamos a hacer algo copado? Hay que ir a
buscar. Vamos a hacer un par de millones.
El fiscal que instruyó esa causa, Francisco Azcué, quedó
azorado con las pruebas reunidas y tras la detención de 20 personas aseguró:
“Se comenzó investigando primeramente una serie de ataques que cometía el brazo
armado de esta organización, compuesto por jóvenes principalmente, algunos
menores de edad, y esos ataques tenían un tinte de crimen organizado, mafioso
por así decirlo: varias personas a bordo de motocicletas llegaban a las casas
de otras personas y hacían descargas con armas de grueso calibre. Eran ataques
bien dirigidos y con intención de darle muerte a las personas que atacaban. De
hecho, a una persona la mataron, otras se salvaron gracias a los profesionales
que intervinieron”.
“Donde ves los primeros indicios en los gurises es en la
escuela, en el centro de salud, entonces hay estar alerta, porque si los
agarrás a tiempo tenés ventaja". Mónica Olivera
“Nadie quiere que nos maten”
“Los que ejercen el narcomenudeo no son narcotraficantes,
los narcotraficantes son los que ingresan grandes cantidades de drogas al país.
El narcomenudeo va a seguir existiendo mientras el Estado, y cuando hablo del
Estado hablo de todos los responsables, permita o no genere una valla
infranqueable para evitar que siga entrando droga del extranjero por agua,
tierra y cielo, como sabemos que entra droga de Paraguay o de Uruguay”,
sostiene la defensora Álvarez.
El cambio que se ha experimentado en el barrio Lomas del
Mirador II llegó por otro camino, recuerda Mónica: “Nosotros armamos en ese
momento la Mesa Socio Educativa, que fue modelo en Paraná, que nucleaba a los
centros de salud de la zona, la policía, las iglesias evangelista y católica, y
bueno nosotros recién estábamos queriendo armar la asociación. Y trabajamos un
montón, se ha hecho mucho. Porque donde vos ves los primeros indicios en los
gurises es en la escuela, en el centro de salud, entonces estar alerta, porque
si los agarrás a tiempo también tenés ventaja, si agarrás a un chico en la
primera etapa del consumo problemático podés llegar a hacer algo. Lo que son
las instituciones trabajando mancomunadamente es lo que debe ser”.
A la escuela del Lomas “hoy vienen chicos de barrios
lindantes con los que había una guerra explícita, vienen chicos del barrio
Municipal, de Hijos de María”, destaca la presidenta de la Asociación Mujeres
Luchadoras Positivas, y agrega: “Nosotros hemos ido a las asunciones de las
comisiones vecinales de los otros barrios, eso está bueno, hemos creado lazos,
porque nadie quiere vivir entre los tiros, nadie quiere que nos maten a
nuestros gurises”.
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