Goyeneche: “La Corte reconoce que hay una cuestión inconstitucional grave en este jury”

La procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción destituida por el jury en su contra, Cecilia Goyeneche, valoró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y se pronunció a favor del amparo de Goyeneche en contra del proceso.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Goyeneche dijo haber recibido la sentencia de la Corte “con mucha satisfacción, porque veníamos con una sentencia de la jueza de feria en primera instancia, Elena Albornoz, que nos había dado la razón en el planteo que hicimos sobre la ilegalidad del procedimiento al que estoy sometida en un aspecto que es cómo se conforma el órgano acusador”

“La semana pasada habíamos tenido la buena noticia de que el relator de la ONU por la independencia de jueces y magistrados también había planteado que si se había apartado al Ministerio Público Fiscal, era una violación de la garantía del juez natural y el debido proceso, y ahora la Corte lo que hace es revocar la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que me había negado la posibilidad de hacer el planteo por amparo. Ni siquiera se había metido en el fondo de la cuestión sino que había dicho que yo no tenía derecho a plantearlo, con lo cual ahora recobra valor la sentencia de la jueza que dispuso la ilegalidad del procedimiento”, explicitó.

Al respecto, definió: “Eso por supuesto que nos da una enorme satisfacción en el sentido de que se reconoce  también nuestro planteo de que hay una cuestión inconstitucional grave en este caso, y que la Corte intervenga con esta celeridad da cuenta de eso”.

Ante esto, señaló que “el STJ había dicho que yo no podía interponer un amparo y ahora tiene que volver a tratar eso, pero tienen que volver a fallar sobre el fondo de la discusión, no sobre si tenía derecho a recurrir o no”.

Y consideró que “la importancia de esto es que marca que el caso ha generado una violación de derechos hacia mi persona, como imputada en esta causa. Hasta ahora la última palabra sobre lo que está pasando la tiene la sentencia de la jueza Albornoz, que dijo que esta configuración es ilegal, que así no se me puede llevar a juicio”. “Lamentablemente el Estado entrerriano recurrió eso e impidió lo que era un saneamiento del proceso, porque lo que decía Albornoz era que vuelvan a los carriles de la legalidad y hagan este jury dentro de los términos que establecen las leyes provinciales”, lamentó.

En ese sentido, Goyeneche advirtió que “ahora el problema es para el jury porque cualquier sentencia que dicte en este marco, está destinada a ser definida como nula por la ilegalidad de este proceso, que ya está bastante clara y definida”.

Remarcó asimismo, que “la Corte es bastante dura al remarcar que se trata de un caso de violación de garantías constitucionales y el nuevo tribunal que se conforme resolverá a su propio criterio, pero la Corte marca un camino de algo importante para nosotros que es definir el caso como de relevancia federal, de relevancia constitucional, con lo cual está claro que ante cualquier decisión que se tome aquí tendré todos los caminos recursivos para acceder a la Corte. No debería volver a pasar lo que pasó con esta sentencia del STJ que me dijo que yo no tenía derecho a interponer amparo y que tampoco tenía derecho a recurrir ante la Corte”.

En cuanto a los tiempos para poder efectuar un nuevo jury, Goyeneche explicitó: “Lamentablemente, conociendo que vadeaban tres leyes provinciales y con la sentencia de una jueza que se los marcaba, decidieron insistir sobre esta decisión , no solamente el jurado de enjuiciamiento sino el Poder Ejecutivo al recurrir esa sentencia de la jueza. Entonces ahora nos encontramos con que pasó todo el proceso del jury, se hizo el juicio oral del jury, y estando casi en condiciones de dictar sentencia pasa esto que marca claramente que todo lo realizado es ilegalidad. De este modo, la única forma de volver a la legalidad sería hacer todo de nuevo pero los tiempos no los acompañan para retrotraer el proceso a instancias anteriores”.

Al respecto, puntualizó que “hay plazos legales y fatales, son seis meses para realizar el enjuiciamiento, y yo hace ya cinco meses y medio que estoy suspendida y sometida a este proceso. Esto es parte de una garantía porque la independencia de los magistrados se podría ver muy vulnerada si los sometemos a un enjuiciamiento que queda eternamente abierto, y en mi caso con más razón porque trae una consecuencia personal que es la suspensión en el cargo y la reducción de haberes”.  

Como resumen de toda esta situación, planteó que se trata de un papelón nacional “y de dimensiones que trasciende las fronteras”. “Esto pasa del plano de lo jurídicamente discutible; uno en derecho está acostumbrado a las verdades relativas y a cosas que se pueden discutir y tener opiniones diversas, pero hay cuestiones que pasaron en este proceso que son muy fáciles de percibir como es la ilegalidad de esta cuestión, y lo percibieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo percibió el relator de la ONU y la Corte suprema. Es decir que esto no pertenece al ámbito de lo discutible jurídicamente, acá se encaminó un proceso que desde el inicio, por una decisión de los que iniciaron el proceso, fue ilegal. Y lo peor de todo es que después hubo una posibilidad de corregirlo con el fallo de la jueza de feria pero se insistió en la ilegalidad interponiendo más recursos”, reflexionó.

“Hay tres leyes que dicen que el proceso debe ser de una manera determinada, y no se puede decidir no cumplir las leyes. No hay opción para eso. Los jueces tienen opción de declarar inconstitucional una ley, un tribunal administrativo como el del jurado de enjuiciamiento no tiene opción ni está facultado para incumplir la ley”, analizó. 

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