“La ley de compre argentino y las contradicciones del «estado bobo»”, por Pedro Galimberti *
En Diputados analizamos un proyecto, impulsado por el poder ejecutivo nacional, que significa una modificación a la Ley de Compre Argentino y que este martes obtuvo en Comisiones la aprobación de la mayoría y el rechazo de los sectores de la oposición, entre los que me incluyo.
El oficialismo lo promueve argumentando que eso permitiría
una mayor participación de la producción nacional en las compras públicas que
realice el Estado y que, por derivación, se privilegia el trabajo argentino.
Hasta aquí todos de acuerdo.
El problema, sin embargo, es que el Estado contrata mal,
paga tarde y, por lo tanto, paga caro. Como lo demostraré, el Gobierno Nacional
ni siquiera privilegia la compra de bienes y contratación de servicios a
empresas públicas del mismo Estado, como se puede ver en la Decisión
Administrativa 520/2022 del Jefe de Gabinete de Ministros que desestima la
oferta de Correo Argentino -empresa pública- en favor de la firma OCA para la
contratación del servicio de recepción, almacenamiento, verificación,
consolidación, distribución y entrega de netbooks educativas -plan Juana Manso-
y sus repuestos en todo el país.
El Diputado oficialista Carlos Heller dijo, argumentando a
favor del proyecto, que “las leyes se hacen siempre o deberían hacerse con el
criterio de proteger a los más débiles, porque los poderosos no necesitan las
leyes, ganan con el mercado”. El problema, no obstante, no es el mercado sino
cómo compra el Estado. Un Estado que muchas veces se convierte en un “Estado
bobo” por la acción de sus funcionarios.
Pero eso no es todo. El proyecto de ley que tendremos que
debatir en el recinto contempla posibilidades de financiamiento a las empresas
nacionales que comercialicen con el Estado, para que sean más competitivas,
pero no es claro cuál es el monto a afectar del presupuesto nacional -en
definitiva del tesoro- y menos aún cómo sería el criterio de distribución de
esos recursos. Dejando librado ello a la
absoluta discrecionalidad del funcionario.
En definitiva, lo que podría ser una buena posibilidad de
modificar una ley vigente, termina siendo «una curita para la fractura
expuesta».
El Estado debe controlar la inflación para que las empresas
nacionales tengan más previsibilidad y competitividad; fijar prioridades en la
inversión pública y reorientar el gasto; y tener mejores plazos de pago para
evitar sobreprecios y que sea atractivo, para las empresas, proveer al Estado
de bienes, productos y servicios.
Si eso ocurriera sería un beneficio para el Estado, en
definitiva para todos los argentinos.
* Diputado Nacional por Entre Ríos
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