“La ley de compre argentino y las contradicciones del «estado bobo»”, por Pedro Galimberti *

En Diputados analizamos un proyecto, impulsado por el poder ejecutivo nacional, que significa una modificación a la Ley de Compre Argentino y que este martes obtuvo en Comisiones la aprobación de la mayoría y el rechazo de los sectores de la oposición, entre los que me incluyo.

El oficialismo lo promueve argumentando que eso permitiría una mayor participación de la producción nacional en las compras públicas que realice el Estado y que, por derivación, se privilegia el trabajo argentino. Hasta aquí todos de acuerdo.

El problema, sin embargo, es que el Estado contrata mal, paga tarde y, por lo tanto, paga caro. Como lo demostraré, el Gobierno Nacional ni siquiera privilegia la compra de bienes y contratación de servicios a empresas públicas del mismo Estado, como se puede ver en la Decisión Administrativa 520/2022 del Jefe de Gabinete de Ministros que desestima la oferta de Correo Argentino -empresa pública- en favor de la firma OCA para la contratación del servicio de recepción, almacenamiento, verificación, consolidación, distribución y entrega de netbooks educativas -plan Juana Manso- y sus repuestos en todo el país.

El Diputado oficialista Carlos Heller dijo, argumentando a favor del proyecto, que “las leyes se hacen siempre o deberían hacerse con el criterio de proteger a los más débiles, porque los poderosos no necesitan las leyes, ganan con el mercado”. El problema, no obstante, no es el mercado sino cómo compra el Estado. Un Estado que muchas veces se convierte en un “Estado bobo” por la acción de sus funcionarios.

Pero eso no es todo. El proyecto de ley que tendremos que debatir en el recinto contempla posibilidades de financiamiento a las empresas nacionales que comercialicen con el Estado, para que sean más competitivas, pero no es claro cuál es el monto a afectar del presupuesto nacional -en definitiva del tesoro- y menos aún cómo sería el criterio de distribución de esos recursos. Dejando librado ello a la  absoluta discrecionalidad del funcionario.

En definitiva, lo que podría ser una buena posibilidad de modificar una ley vigente, termina siendo «una curita para la fractura expuesta».

El Estado debe controlar la inflación para que las empresas nacionales tengan más previsibilidad y competitividad; fijar prioridades en la inversión pública y reorientar el gasto; y tener mejores plazos de pago para evitar sobreprecios y que sea atractivo, para las empresas, proveer al Estado de bienes, productos y servicios.

Si eso ocurriera sería un beneficio para el Estado, en definitiva para todos los argentinos.

* Diputado Nacional por Entre Ríos