“Mujeres con vos y voz” de Federación, propone 15 días activismo contra la violencia de género
Mujeres rurales y violencia de género
La violencia doméstica hacia las mujeres puede asumir variadas expresiones en contextos de ruralidad. Algunas de ellas son de carácter patrimonial, como la falta de acceso a la titularidad de la tierra y a la posesión de herramientas de labranza.
Siguiendo el informe ya citado de FAO (2017), pueden
producirse además formas bastante específicas de violencia económica: por
ejemplo, cuando el varón esparce agrotóxicos en los huertos agroecológicos
cultivados por la mujer o se rehúsa a alimentar a los animales estando ésta
fuera del hogar.
En cuanto a la violencia física y sexual hacia las mujeres
perpetrada por sus parejas, dicho informe consigna que de acuerdo con
diferentes estudios su prevalencia es significativamente mayor en las zonas
urbanas en comparación con las rurales pero que, no obstante esto, la
aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas.
En relación con esta observación, advierte asimismo que pese al incremento de
la legislación y las políticas públicas específicas, “las medidas de lucha
contra la violencia hacia las mujeres sigue teniendo un sesgo urbano” (Ballara,
2004, citado por FAO, 2017, p. 43).
De acuerdo con otro informe elaborado por el Grupo de Acción
Interinstitucional sobre la Mujer Rural (2012), salvo excepciones, en todo el
mundo las mujeres rurales están en peores condiciones que los hombres rurales,
y también que las mujeres y hombres urbanos/as. Ello, tanto con respecto al
trabajo (el remunerado y el familiar no remunerado) como con relación a la
educación y la violencia.
En cuanto a esta última, un estudio multipaís realizado en
2005 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que las mujeres
rurales padecen más violencia física que las urbanas. Sin embargo ─y
significativamente─ los datos reunidos no arrojan una tendencia clara que
indique que en estas circunstancias las mujeres rurales acuden más a servicios
de ayuda que las urbanas. En tal sentido, siguiendo dicho estudio, las mujeres
rurales suelen mostrar dudas sobre la capacidad de estos servicios para
ofrecerles la ayuda que necesitan y además, manifiestan temor por su propia seguridad
y la de sus hijos/as si denuncian el abuso sufrido.
Este estudio también llama la atención sobre los problemas
de aislamiento que afectan a las mujeres rurales en situación de violencia y al
respecto asevera: “Es probable que el acceso a los servicios legales y de
orientación, así como a la policía, sea peor para las mujeres de áreas rurales
que para las de áreas urbanas, por ejemplo a causa de la falta de transporte o
por la distancia hasta tales servicios” (p. 5). En esa dirección apunta también
el documento formulado por la sección Argentina de Women 20 (W 20), la red
internacional de mujeres conformada alrededor del G20 y entre cuyos ejes de
acción planteados para el año 2018 se encuentra justamente la inclusión de las
mujeres rurales.
Estas últimas ─siguiendo dicho documento─ corren el riesgo
de ser víctimas de la violencia a causa de la persistencia de actitudes
tradicionales relativas a su subordinación, pero además, se encuentran más
vulnerables al no tener acceso a la justicia y a los servicios de protección
social.
Diferentes instrumentos internacionales de política pública
con enfoque de género se refieren a las mujeres rurales y promueven acciones
para remover las desigualdades que las aquejan. Muchos de ellos se concentran
en las asimetrías que las mismas enfrentan en materia económico-patrimonial, de
salud y educativa, tres dimensiones claves para asegurar su autonomía y, a
través de ésta, una vida libre de violencia.
En su artículo 14, la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) solicita a los
Estados parte adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el
desarrollo rural y en sus beneficios”.
En esa dirección, llama a garantizar un conjunto de derechos
entre los que cabe destacar aquí el acceso al crédito, a los programas de
seguridad social, a servicios adecuados de atención médica ─incluyendo dentro
de ella la información, el asesoramiento y los servicios de planificación
familiar─, y a la educación y la formación en sus distintos niveles y formas
─tanto académica como no académica─.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también se hacen
eco de la necesidad de superar las desigualdades mencionadas y un informe de
ONU Mujeres (2015) advierte al respecto: “Las mujeres rurales son agentes clave
para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para
el desarrollo sostenible pero su acceso limitado al crédito, la asistencia
sanitaria y la educación son algunos de los muchos retos a los que se
enfrentan”.
En línea con los señalamientos de los ODS, se encuentran
además tanto la XIII Conferencia Regional de la Mujer (2016) como la
Conferencia sobre Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe en el Año de la
Agricultura Familiar (2014).
La Estrategia de
Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco
del Desarrollo Sostenible hacia 2030, emanada precisamente de la XIII
Conferencia Regional de la Mujer, alerta sobre la persistencia de pautas
culturales patriarcales en América Latina y el Caribe que excluyen e
invisibilizan la identidad y los conocimientos de las mujeres, especialmente
las rurales, indígenas, afrodescendientes y migrantes. Las diferentes formas de
discriminación que afectan a las mujeres rurales se encuentran estrechamente
ligadas a la violencia que muchas de ellas padecen.
Por este motivo, en su Recomendación General N° 34 del año
2016, la propia CEDAW llama a los Estados parte a desarrollar distintas
acciones para revertir la realidad de estas mujeres, “afectadas de manera
desproporcionada por la violencia por razón de género y la falta de acceso a la
justicia y a recursos jurídicos eficaces” (p. 4). De modo similar, la
Declaración de Brasilia, que compendia las conclusiones de la Conferencia sobre
Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, en su considerando N° 14 señala
que las mismas “son víctimas de distintas formas de violencia de género y
necesitan contar con acciones desde el Estado para enfrentarlas”.
Por otra parte, es oportuno destacar que el sexagésimo
segundo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer (CSW62) celebrada en 2018, estableció como tema prioritario los
desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales. En ese contexto, las
conclusiones convenidas que recogen los acuerdos alcanzados en este encuentro
convocan a los Estados parte a tomar “medidas concretas para alejar a las
mujeres y niñas rurales de la pobreza y garantizar la salvaguarda de sus
derechos, su bienestar y su resiliencia”, así como a “acabar con cualquier
forma de violencia y práctica nociva”.
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