Urribarri-Cardona Herreros: negaron una reparación al Estado de casi 13 millones de pesos
Fiscalía y defensores llegaron a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba para los imputados Alfonso Campitelli y Jorge Zanabone, en la causa por dádivas que tiene como principales acusados al exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
Ese acuerdo entre partes fue ofrecido ante el juez de
Garantías N°4 de Paraná, Mauricio Mayer (controla la causa), y contempla una
reparación al Estado provincial de casi 13 millones de pesos. La audiencia en
la que expusieron los fundamentos los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro
por un lado, y los defensores de Campitelli y Zanabone fue el jueves pasado. La
resolución se conoció este martes al mediodía.
El acuerdo de probation incluye el pago de sumas millonarias
en concepto de reparación y multa al Estado provincial. Puntualmente, las
partes ofrecieron 11 millones de pesos para reparar el daño causado al Erario
público por las contrataciones otorgadas a la firma Relevamientos Catastrales
(durante los gobiernos de Urribarri), a cambio de jugosas dádivas que cobraron
funcionarios públicos y personas particulares que integraban la empresa.
Además, fiscales y defensores sumaron a ese total una multa y tareas
comunitarias que contabilizan otros 2 millones de pesos, es decir casi 13
millones.
El dinero de la reparación no podrá ser recuperado por Entre
Ríos, por ahora, por el rechazo de Mayer este martes. Pero Fiscalía apelará la
decisión.
Tanto Zanabone como Campitelli son partícipes secundarios de
las maniobras investigadas por los fiscales. El primero es gerente de la
empresa Relevamientos Catastrales S.A., y apoderado de la firma; y el segundo
apoderado y accionista de la empresa Relevamientos Catastrales S.A.
Argumentos
El juez de Garantías rechazó este mediodía el acuerdo entre
partes y se preguntó: “¿Qué hacemos con los sobreseimientos que ya se dictaron
en la causa?”. Es que hace algunas semanas atrás el propio Mayer decidió el
sobreseimiento de Urribarri, Carlos Haidar y Miguel Ulrich porque a su
entender, Fiscalía se excedió en los plazos permitidos para investigar.
El magistrado marcó que pese a la decisión de
sobreseimiento, los imputados Campitelli y Zanabone decidieron pedir la
probation. “Argumentaron que la resolución de sobreseimiento no está firme”.
“En esta causa ya me pronuncié y considero que está
fenecida. Si aceptara la probation ofrecida, sería contradictorio con la
resolución anterior”, dijo Mayer, en referencia a los sobreseimientos
decididos. “Con esto no omito que la probation significa un reconocimiento de
los hechos”, acotó Mayer y reconoció que en esta etapa no corresponde porque
hay “caducidad de la acción penal”. Para el juez, la homologación del acuerdo
entre partes sería una “resolución precipitada”. “Este marco de circunstancias
se da de bruces con el derecho de los imputados a tener una resolución en un
tiempo razonable”, consideró, por lo cual decidió “no homologar la probation en
favor de Zanabone y Campitelli”.
Roles
Según el requerimiento de elevación a juicio de la causa presentada
por los fiscales, Campitelli y Zanabone actuaron en representación de la firma
Relevamientos Catastrales, al igual que los imputados Guillermo Linares y
Miriam Fessia (los últimos dos pidieron probation en febrero y también fue
rechazada).
Los fiscales describieron que Campitelli y Zanabone
“intervinieron en la gestión de la contratación desde antes del inicio del
trámite administrativo, pues contaban con información anticipada, que les
posibilitó confeccionar los pliegos, y ajustar el precio final que iba abonar
el Estado provincial por el servicio, dentro del cual estaba contemplado el
porcentaje de sobreprecios, que se iba a distribuir entre funcionarios y la
empresa beneficiaria, de conformidad a lo acordado entre Urribarri, Cardona
Herreros y los funcionarios que integraban el grupo designado para la
negociación”.
En audiencias anteriores y el requerimiento de elevación a
juicio, se contó que las dádivas fueron identificadas en planillas de la
empresa con la sigla PLM, y se pagaron a integrantes de la empresa y
funcionarios públicos cada vez que Relevamientos Catastrales contrató con la
provincia de Entre Ríos.
En una de las contrataciones investigadas, los fiscales
establecieron que “como ganancia extraordinaria para la empresa Relevamientos
Catastrales S.A., se destinó la suma de un millón siete pesos ($1.000.007) que
se distribuyó entre Diego Armando Cardona Herreros, Jorge Zanabone y Alfonso
Campitelli”.
A continuación, se transcribe un párrafo que ejemplifica las
dádivas comprobadas: “No podemos dejar de mencionar, que tal como se ha
explicado en ese mismo informe contable, se localizaron archivos en los que
rutinariamente se incorporaba el detalle de los pagos (registrados
habitualmente como PLM) a los funcionarios de nuestra Provincia. Así, surge de
las hojas de cálculo adjuntas a los mails enviados por Linares a Campitelli en
fecha 27/08/08 con asunto “Cash Agosto”; de fecha 08/10/08 con asunto “Cash
Octubre”; de fecha 24/10/08 con asunto “CASH”; de fecha 24/10/08 con asunto Re:
CASH. En fecha 03/10/08 Linares le envía a Campitelli un correo con el asunto
“Re: AVISO, Transferencia Standard Bank” en el cual se registran cada uno de
los pagos de la Provincia con su correspondiente monto de “PLM”, y también le
informa que ingresaron $600.000, por lo cual agrega que “dac si me va a pedir
el plm de EERR 267.000”.
Analisis
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