El fiscal Luciani pedirá que Cristina Kirchner sea condenada a no poder ejercer cargos públicos de por vida
Lo hará mañana en la última audiencia de alegatos del juicio por la obra pública. Será junto con el pedido de pena de prisión. Qué alcance tendrá ante las elecciones de 2023 si el tribunal la condena. Los casos de Menem, De la Rúa y Boudou.
El fiscal federal Diego Luciani terminará mañana sus
alegatos en el juicio oral por la obra pública y pedirá que Cristina Kirchner
sea condenada. Además de una pena de prisión, Luciani solicitará que la
Vicepresidenta sea condenada a no poder ejercer cargos públicos de por vida:
inhabilitación perpetua. El planteo no será una postura personal del fiscal,
sino una consecuencia legal del Código Penal.
El Código Penal contiene todos los hechos que para la ley
son delitos, como los homicidios, los robos, las estafas, los secuestros, los
actos de corrupción. Y para cada delito prevé una pena. Las penas pueden ser de
prisión, de multa, de prisión y multa y también de inhabilitación, según el
delito.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron el viernes en
su octava audiencia de alegatos que a su criterio está probado que Cristina
Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde
su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeño un armado ilegal para que el empresario
Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran
parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios e
incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.
El delito de fraude en perjuicio de alguna administración
pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena
de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si
fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial
perpetua”. Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar
pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La pena de prisión puede variar entre la escala de años que
tiene cada delito, en el caso de Cristina Kirchner los de asociación ilícita
(de cinco a diez años para los jefes) y fraude en perjuicio de alguna
administración pública.
Así, la expectativa para mañana estará en cuántos años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina. Puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de cada delito. En lo que no hay duda es que solicitará que la vicepresidenta no puede ejercer más cargos públicos.
Dos de los acusados en el juicio, el ex ministro de
Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José
López, ya tienen condena de inhabilitación. De Vido fue condenado a cinco años
y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos
por la tragedia ferroviaria de Once y López recibió la pena seis años de
prisión y la imposibilidad de volver a la función pública por los bolsos con
los nueve millones de pesos. Ambas condenas fueron confirmadas por la Cámara
Federal de Casación Penal y se encuentran en revisión en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, por lo que no están firmes.
No será la primera vez que Luciani pida condenas de
inhabilitación. Lo hizo en los juicios por corrupción a la ex secretaria de
Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti, al ex titular de la Casa de
la Moneda Armando Gostanián -quien falleció hace 10 días-, y por la
privatización fraudulenta del predio de Tandanor.
El pedido que hará Luciani pegará de lleno en la postura que
el kirchnerismo tomó en las últimas semanas: que se busca proscribir a la
Vicepresidenta ante las elecciones del año que viene. “Si necesitan, van a
intentar proscribirla, no tienen límite con este accionar”, dijo el senador
nacional Oscar Parrilli. En la misma línea habló el ministro de Justicia,
Martín Soria: “Pueden intentar proscribir a Cristina, lo hicieron con Lula y lo
hicieron con Perón. Hay casos concretos. A mí no me extrañaría que lo
intenten”. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, habló que el juicio
tiene “fines de persecución política”. Y el dos de agosto, al día siguiente del
inicio de los alegatos, La Cámpora publicó un video que terminaba con la
militancia cantando “si la tocan a cristina que quilombo se va a armar”.
El fiscal pedirá y luego la decisión de condenar o no
quedará en manos del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, integrado por los
jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. A los dos primeros
y al fiscal Luciani la defensa de la vicepresidenta los recusó, lo que fue
rechazado. La expectativa del tribunal es dar a conocer el veredicto antes de
fin de año.
Si Cristina Kirchner es condenada, la pena de prisión y la
inhabilitación no tendrá efectos inmediatos. La condena debe quedar firme y
para eso la deben ratificar primero la Cámara de Casación y después la Corte
Suprema. Por los tiempos del proceso y de la propia justicia eso excederá el
2023, año de elecciones en el que Cristina Kirchner podría presentarse a alguno
de los cargos que se elegirán: presidenta, vice, senadora o diputada.
Como ejemplo de los plazos que se toma la justicia, la
Cámara de Casación tiene desde principio de año el sobreseimiento de Cristina
Kirchner en la causa “Hotesur-Los Sauces” y recién el viernes fijó la audiencia
para tratar el caso que será el 10 de noviembre. O la Corte que en junio
rechazó los planteos de la Vicepresidenta en el juicio de la obra pública que
tuvo durante cuatro años.
Pero además de los tiempos, la Vicepresidenta tiene un
antecedente que la ampara para presentarse a elecciones. En 2017, el ex
presidente Carlos Menem se candidateó para renovar su banca como senador
nacional pero fue impugnado por sus condenas en el tráfico de armas a Croacia y
Ecuador y por los sobresueldos durante su gobierno. Se planteó que no tenía
idoneidad para ir a las urnas. Pero la Justicia lo habilitó a participar porque
esas condenas no estaban firmes.
Si una eventual condena a Cristina Kirchner queda firme su
situación cambiará. El Código Electoral Nacional establece en su artículo tres
que quedarán excluidos del padrón “los que en virtud de otras prescripciones
legales y reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los
derechos políticos”. Y la ley de partidos políticos fija en su artículo 33 que
“no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en
elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados
para ejercer cargos partidarios” quienes estén “excluidos del padrón electoral
como consecuencia de disposiciones legales vigentes”.
Ahora si la condena queda firme mientras ejerce un cargo
público ganado en elecciones se deberá abrir un juicio político de destitución,
dependiendo cuál sea. Una situación inédita y de efectos políticos e
institucionales inimaginables.
El pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos ya
lo vivieron otros ex presidentes. Uno de ellos, Menem, en los juicios por las
armas y los sobresueldos. También Fernando De la Rúa en el juicio por las
coimas en el Senado. En ese caso no se aplicó porque De la Rúa fue sobreseído.
Amado Boudou, vicepresidente de Cristina Kirchner en su
segundo mandato, tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
que está firme. Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión e
inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el caso Ciccone.
Casación confirmó esa decisión y lo propio hizo la Corte Suprema en diciembre
de 2020, por lo que el caso está cerrado.
El gobierno de Alberto Fernández tiene un funcionario con
una pena de inhabilitación. Es Martín Sabbatella, actual titular de la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Sabbatella fue condenado a seis meses de
prisión en suspenso y a un año de inhabilitación por abuso de autoridad en la aplicación
de la ley de medios al Grupo Clarín. La Cámara de Casación confirmó esa
decisión que está apelada a la Corte Suprema.
Ninguno de esos casos tienen la magnitud política de una
eventual condena para Cristina Kirchner. Primero porque nunca un presidente o
vice fue juzgado por corrupción en el ejercicio del cargo. Y además Cristina
Kirchner es la líder del partido de gobierno. Ya no hay duda de lo que hará el
fiscal Luciani. Ahora la expectativa estará puesta en los jueces. Y después en
2023, años de elecciones presidenciales que será distinto si empieza con o sin
condena para la Vicepresidenta.
Infobae
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