El fiscal Marijuan denunció a quienes cobraron planes y compraron dólares
La noticia se conoció luego de que pidiera los datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo al Ministerio de Desarrollo Social la semana pasada.
El edificio de los tribunales federales de Comodoro Py será
el escenario de la investigación por el cobro irregular de los planes sociales.
Se trata de un escándalo que salió a la luz la semana pasada cuando se supo que
más de 250 mil personas, que compraron dólares o que declararon bienes
personales accedían a la ayuda social, algo prohibido en los términos de la
asistencia y por ley. La causa quedó radicada en la Fiscalía Federal a cargo de
Guillermo Marijuan, quien señaló que este lunes accederá de manera personal al
informe completo que elaboró la AFIP y contiene el detalle del entrecruzamiento
de datos por el cual se arribó a la llamativa conclusión. Una vez que ese
material sea analizado se estudiará si corresponde la suspensión del pago de
los planes o alguna medida similar.
Escándalo con el Plan Potenciar Trabajo: 2.800 fallecidos
siguen cobrando el beneficio
En declaraciones a Radio Con Vos, el funcionario judicial
describió que habría personas que "adquirieron dólares, que cobraron el
programa de personas fallecidas y que declararon bienes personales teniendo el
Potenciar Trabajo".
En ese marco, el fiscal dijo que si una persona solicita la
ayuda social porque está desocupada "no puede de ningún modo comprar
dólares para acopiar o revender" y que "si supera el mínimo imponible
de bienes personales no es una persona que necesite la ayuda del Estado".
En el caso de las personas fallecidas aclaró que el cobro del programa social
no es algo que otra persona puede heredar, sino que una vez que se constata el
fallecimiento, el beneficio cesa.
El escándalo en torno al cobro irregular de los programas
sociales surgió a partir de un entrecruzamiento que realizó la AFIP en octubre
pasado a pedido del ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y cuyo
resultado preliminar fue publicado en Infobae.
La denuncia de Marijuan
Luego de pedir el listado de los beneficiarios de planes
sociales al Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Victoria Tolosa Paz,
el fiscal realizó una denuncia por defraudación contra la administración
pública.
Además, solicitó que una vez que la investigación se impulse
se suspenda el pago del programa Potenciar Trabajo a quienes cometieron las
irregularidades y se realice un reempadronamiento.
Por otro lado, se conoció que hubo al menos 35 mil personas
involucradas en la compra de dólares en simultáneo con el cobro del plan
social.
Otra línea que se investiga es la adquisición de la ayuda
estatal de 2.800 personas que figuran en los registros como fallecidas.
Qué puede pasar con los beneficiarios irregulares
Durante la entrevista radial, el fiscal no se animó a dar
precisiones acerca de qué puede pasar con cada uno de los más de 250 mil casos
detectados en el informe. Sin embargo, estimó que una vez que analice el
informe de la AFIP podría tomar una decisión.
"Pedir la baja de esos planes es una posibilidad al
igual que la suspensión con reempadronamiento", sostuvo el funcionario del
Ministerio Público Fiscal. "En primer lugar tendríamos un éxito en poder
evitar que el delito se siga cometiendo", estimó Marijuán.
En las últimas horas se presentó en la Justicia el diputado
nacional del PRO Waldo Wolff con una denuncia penal para que se investigue la
presunta irregularidad. Entre otras cosas, manifestó que la situación
"deja entrever que a la fecha los recursos públicos se transfieren sin
tener certezas y en un contexto de poca o nula transparencia".
Por otro lado, el fiscal Marijuán marcó problemas en la
forma de inscripción para recibir los programas sociales y aseguró que
"hubo un montón de casos en los que se organizaban piquetes y cortes de
calle y le entregaban listados al Estado". A su entender, "capaz que
ahí hubo situaciones en las que metieron gente".
Además, el funcionario especuló con que detrás de los más de
250 mil cobros irregularidades puede haber situaciones en las que haya personas
en condiciones de recibir el programa y al recibirlo "fueron contratados
por inescrupulosos financistas o un particular que le pidió que le compre
dólares y ahora mete en un lío al titular del plan". De todos modos,
afirmó que "la Fiscalía va a tener la posibilidad de saber quién es esa
persona".
Barajar y dar de nuevo
Las irregularidades en torno al cobro de los programas
sociales no son algo nuevo y de vez en cuando aparece algún caso que deja eso
al descubierto.
Sólo por mencionar un ejemplo, a mediados de año el Gobierno
le suspendió el pago del programa Potenciar Trabajo a Mariana Alfonzo, tildada
como la "planera". Fue luego que la mujer se haga viral en las redes
por jactarse de no trabajar y defender la asistencia social.
"Tendría que ocurrir que la gente se inscriba en bocas
como las municipalidades, se haga un primer estudio que arroje si la persona
está en relación de dependencia o si tiene algún ingreso y después, si cumple
los requisitos, se le entregue la tarjeta en su casa. Que no haya ningún
intermediario como puede ser un puntero. Y que la persona sepa que la única
contraprestación se la va a pedir el Estado", opinó Marijuán acerca de la
manera en la que tendría que gestionarse la ayuda social.
Sin embargo, en el estado actual de las cosas, el fiscal
especializado en materia de asistencia social consideró que es necesario
barajar y dar de nuevo.
"Me parece que va a llegar un momento en donde se va a
tener que dar de baja todo lo que hay, largar un solo plan y que toda la gente
se inscriba donde corresponde, con tal obligación y que ese trabajo sea
controlado", lanzó.
No hay comentarios.