Elisa Carrió denunció penalmente a Alberto Fernández y a tres miembros del Gabinete por no acatar el fallo de la Corte Suprema
También fueron denunciados el Ministro del Interior, el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía, y el Gobernador de Chaco. Los acusan de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público
La ex diputada Elisa Carrió presentó una denuncia penal
contra el presidente de la Nación Alberto Fernández y tres miembros de su
gabinete por no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre el porcentaje de
coparticipación que el gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad de Buenos
Aires.
La denuncia también apunta al ministro del Interior Eduardo
“Wado” De Pedro, el jefe de Gabinete Juan Manzur, y el ministro de Economía
Sergio Massa.
Los acusan de los delitos de alzamiento, desobediencia
judicial, abuso de autoridad y violacio´n de los deberes de funcionario
pu´blico.
El escrito lleva las firmas del presidente de la Coalición
Cívica, Maximiliano Ferraro, el jefe de diputados nacionales del partido, Juan
Manuel López, y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad,
Paula Oliveto y Mariana Zuvic. A su vez, firmaron los legisladores porteños de
la CC Facundo del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucia Romano, como así
también el presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.
“Resulta absurdo y contradictorio que las ma´ximas
autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un
fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdiccio´n se sometieron, aceptando
asi´ su competencia e integracio´n”, dice la denuncia. Y agrega: “Entonces,
resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida,
rehu´se, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el so´lo hecho de
resultar adverso a sus pretensiones”.
El miércoles, a través de una medida cautelar, la Corte
Suprema resolvió que se entregue al gobierno porteño el 2,95% de la masa de
fondos coparticipables. De esa forma terminó con una extensa disputa que
comenzó a mediados del 2020, en plena pandemia, cuando el Presidente decidió
quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la
provincia de Buenos Aires.
Luego de una reunión con 14 gobernadores (10 en forma
presencial y 4 conectados a través de una videoconferencia), el Gobierno
anunció mediante un comunicado la decisión de presentar un recurso de apelación
ante el Máximo Tribunal y de recusar a todos los jueces.
Varios constitucionalistas consultados por Infobae
aseguraron que la recusación no se puede presentar ya que deben ser planteadas
en un determinado tiempo, básicamente antes de que se dicte una sentencia. Y la
cautelar dictada por la Corte es una sentencia definitiva que debe cumplirse.
Los constitucionalistas consultados también consideran que
la Corte rechazará el pedido de revocatoria in extremis de la cautelar que
anunció el Gobierno. La revocatoria suele pedirse en casos en los que se
cometió un error en el momento de dictar una sentencia y se le solicita al
Tribunal que lo cometió que lo subsane. La Corte no suele admitir revocatorias
porque sus sentencias son de carácter definitivo. Solo en casos de errores
materiales en las sentencias se puede revocar en sentido de corregir el error.
Aunque los fondos deben ser girados por el Banco Nación, la
denuncia apunta a la responsabilidad del ministro de Economía, uno de los
notificados por el fallo de la Corte. “Queda claro que es el Ministerio de
Economi´a que, a trave´s de la Tesoreri´a General de la Nacio´n, debio´ haber
girado los fondos de manera automa´tica y diaria, en conformidad con lo
resuelto por la Corte”, explica la presentación.
Además del presidente y de los tres miembros del Gabinete,
los representantes de la Coalición Cívica denunciaron al gobernador de Chaco
Jorge Capitanich, a quien acusan de instigar al Presidente a alzarse en contra
de la resolucio´n dictada por la Corte Suprema.
“El Presidente debe desconocer este fallo, esto implica
conflicto de poderes y tambie´n implica discutir un juicio poli´tico a los
miembros de la Corte Suprema (...) Es lo que corresponde porque no puede la
Corte Suprema, seguir funcionando como el resguardo del Poder corporativo (...)
Yo no puedo concurrir a la reunio´n de la Casa Rosada pero si´ he fijado mi
posicio´n pu´blica (...) pero la verdad es que estamos cansados “nosotros los
gobernadores de las provincias argentinas”, del taman~o nivel de manoseo...”,
dijo el gobernador en declaraciones a C5N.
Más temprano, pese al feriado que afecta el trabajo de los
Tribunales, el legislador Roberto García Moritán también presentó una denuncia
penal contra el presidente Alberto Fernández por el delito de sedición. “Los
fallos de la Corte Suprema deben ser respetados, y es inaceptable que un
presidente viole la Constitución. La República está en juego y desde
Republicanos Unidos tomamos el compromiso de defenderla”, opinó en las redes
sociales.
En tanto, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez
Larreta anticipó que la Ciudad de Buenos Aires denunciará “a cada uno de los
funcionarios responsables” de incumplir el fallo. No dijo cuáles serán esos
funcionarios. Antes, a través de la Procuración de la Ciudad, la Ciudad
realizará una presentación en la Corte para informar del incumplimiento.
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