Contratos truchos: Uno de los imputados es Orabona

El Ministerio Público Fiscal decidió imputar a 16 personas en la causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos de la Legislatura provincial, vía un sistema de contrataciones espurio donde al supuesto contratado se le entregaba un porcentaje mínimo del monto nominal. Además, estimó el monto del perjuicio en $ 1235 millones y fechó el ilícito a investigar entre enero de 2008 y septiembre de 2018, según indica el documento de la Fiscalía. Dentro de los imputados figura el nombre de Juan Orabona, actual directorio del IAPSER, Instituto provincial del seguro de Entre Ríos, y hombre muy allegado al gobernador Bordet.

Las personas acusadas por el Ministerio Fiscal en la caracterización del hecho son Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena,  Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Álvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Álvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez y Juan Domingo Orabona.

A ellas  y a otras personas con funciones públicas “hasta el momento no identificadas” se les imputó que fueron parte de una organización “que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”.

“Esta actividad -añade el documento de la Fiscalía- habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008 (un mes después del recambio de autoridades de la Cámara), con un número aproximado de cien contratos, que ascendían a $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma $ 50.000  por vínculo”, detalla.

El descubrimiento del hecho se produjo cuando un operativo policial detectó movimientos sospechosos en un cajero del Nuevo Bersa y detuvo a las personas que ahora están con prisión preventiva, a los que se les encontró una mochila con gran cantidad de dinero y varias tarjetas de débito, según informó el sitio Página Judicial.

“Por otra parte -agrega el escrito de la Fiscalía- en el  ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11/12/2011 (cuando se produjo el recambio de autoridades), con contratos de $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018”.

“Entre ambas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas”, especificó el escrito.

El documento, fechado el 23 de octubre pero dado a conocer un día después en conjunto con el levantamiento del secreto del sumario, es una reformulación del hecho investigado en el marco de la llamada investigación penal preparatoria. Se produjo a pocos días de que se produjera en Tribunales una audiencia donde la jueza de Garantías que entiende en el expediente, Marina Barbagelatta, dispusiera extender las prisiones preventivas de Beckman, Scialócomo y Álvarez, los primeros implicados en la causa.

Modus operandi

Según el escrito de Fiscalía, los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado. Por otro lado, “autoridades aún no identificadas de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia”, suscribieron los respectivos vínculos contractuales “sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado”.

Luego, detalla que tras el libramiento de los pagos por los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras los cheques “eran entregados a Mena y Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza”. Párrafos más adelante estima que les pagaban a los “cobradores” alrededor de $200 a cambio de la percepción de cada cheque.

Desde el año 2017, precisa el escrito, se bancarizó el pago de algunos de los referidos contratos, principalmente de aquellos dados por la Cámara de Senadores, a través de la apertura de cuentas sueldo a los contratados y el otorgamiento de la correspondiente Tarjeta de Débito. “Estas tarjetas, pese a ser un instrumento personal, eran retenidas por Mena y Beckman y otras personas de la asociación, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país”, consigna el documento.

“Se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, los $1.235.000.000”, agrega.

Fiscalía también cargó contra los organismos de control del Estado por el perjuicio: “La maniobra descripta también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”, especifica.

La causa está en manos de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberri, con la supervisión de la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche.