Fijaron fecha para el juicio a dos dirigentes justicialistas por “Fraude a la Administración Pública”
El ex legislador y ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, junto al actual jefe Municipal, Leonardo Hassell y otros involucrados serán enjuiciados entre el 11 de abril y el 24 de mayo de 2023. Estarán sentados en el banquillo de los acusados por el delito de «fraude a la Administración Pública» por la supuesta sobrefacturación en una obra de pavimentación 14 cuadras, ejecutada en 2015
La Oficina de Gestión de Audiencias de Tribunales fijó que
el juicio se desarrollé desde el martes 11 de abril hasta el miércoles 24 de
mayo. El debate oral y público será extenso: las partes discutirán sobre la
prueba en 24 audiencias ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de
Gualeguaychú integrado por los jueces Arturo Dumón, Alicia Vivian y Mauricio
Derudi.
El fiscal que llevará adelante la acusación es Lisandro
Beherán. En tanto, los abogados defensores son Daniel Otarán, Sergio Garbino y
Miguel Ángel Cullen.
En ese momento, Raúl Riganti era intendente y Leonardo
Hassell se desempeñaba como secretario de Gobierno del municipio del
departamento Gualeguaychú.
Además de Riganti, están imputados Juan Carlos Rochelle
(exsecretario de Obras Públicas del municipio), Leonardo Martín Hassell
(exsecretario de Gobierno y actual intendente) y Norberto Miguel Marchesini
(exsecretario de Hacienda).
En el banquillo de acusados no estará el empresario Néstor
Hereñú (directivo de Organización Industrial Construcciones OIC SA) ya accedió
a una suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation.
La causa se inició en 2016, por una denuncia formulada por
Darío Benedetti, de Cambiemos, quien al asumir en la intendencia en 2015
decidió devolver 13 millones de pesos a Nación luego de sostener que la obra
–según una auditoría propia- fue sobrefacturada.
La investigación penal preparatoria estuvo en una primera
instancia a cargo del fiscal Sergio Rondoni Caffa (hoy juez de Garantías de
Federación), que imputó a Riganti por los presuntos delitos de administración
fraudulenta en perjuicio del erario público. La misma imputación recayó también
sobre el exsecretario de Obras Públicas; el exsecretario de Hacienda; el
exsecretario de Gobierno y el directivo de la constructora.
La historia del caso
En el expediente, se señala que en mayo de 2015 Riganti
celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación General para la construcción de 14
cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos. Los recursos eran
provenientes del plan nacional “Más Cerca”, a cargo del mencionado ministerio.
Sin embargo, el Municipio alcanzó a pagar 8 millones de
pesos, ya que la nueva administración municipal a cargo de Darío Benedetti
(Cambiemos) dispuso una auditoría ni bien asumió, la cual determinó que la obra
costaba en realidad unos $5 millones. Respecto al primer monto que figura en el
contrato, se dijo que hubo un sobreprecio de $15.602.351,25.
En rigor, según los registros contables, el Municipio le
pagó a la firma la suma de $8.582.543,14. Es decir, si se sigue el contrato
original, quedó adeudando $12.466.760,90.
Para reclamar esa deuda, la empresa constructora inició una
causa civil contra el municipio.
En 2019, Hassel, uno de los acusados, accedió a la
intendencia e impulsó el cierre de la causa civil que inició la empresa. Fue
así que la mayoría oficialista del Concejo Deliberante de Larroque –el Frente
de Todos- aprobó un convenio entre el municipio y la empresa OICSA que
consistió un acuerdo transaccional con varios puntos, entre los cuales el
municipio reconoce deberle a la empresa la suma de $7.798.830,80 por la obra.
Es decir, el monto está por debajo de los poco más de $12 millones que
reclamaba la constructora.
A pesar de este acuerdo en el fuero civil, la causa penal
continuó avanzando y en 2020 el juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías
Podestá, elevó la causa a juicio.
• La defensa de Riganti
En los años que duró el proceso de investigación, Riganti
dio diferentes entrevistas en las que se defendió de las acusaciones. En una de
ellas, realizadas en 2018 sostuvo que “era necesario utilizar mi nombre y la
situación por la que pasé para descalificarme».
«A mí me denuncian porque supuestamente la obra costaba $5
millones, yo pagué $8 millones, que es la verdad, y el perito dice que costó
$16 millones. Encima, no recibí la obra. Y ellos –por la gestión de Benedetti-
recibieron los $13 millones que faltaban pagar y se los mandaron a Buenos
Aires, en vez de ponerlo en el juzgado para que disponga de esa plata”, planteó
entonces, publicaron R2820 y Entre Ríos Ahora.
Entre Rios 24
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